La reglamentación del aborto: ¿En qué está y qué viene ahora?

Juan Pablo Uribe, quien en días pasados dejó su cargo como ministro de Salud, es uno de los pocos funcionarios de este Gobierno cuya labor ha sido igualmente ponderada desde todas las orillas del espectro político. En tiempos de polarización, no es usual que varias voces de la oposición se unan para destacar la labor de un ministro del Gobierno de turno. Sin embargo, cuando Iván Duque anunció su retiro, voces de todos los partidos salieron a lamentar la partida del funcionario.

Con la renuncia de Uribe, además de los elogios por las varias conquistas que logró en su paso por el ministerio, queda en la incertidumbre la suerte de una iniciativa que no solo es polémica sino que puso a muchos en el partido de gobierno en contravía del ministro Uribe: la reglamentación del aborto.

Para nadie es un secreto que el tema del aborto en Colombia suele ser uno de los más polémicos del debate público pues detrás de este no solamente hay consideraciones sociales y de derechos de la mujer, sino religiosas.

Así las cosas, los partidos que en términos políticos están más cerca de la derecha suelen afirmar que el derecho a la vida del feto está por encima de los derechos de la madre y por eso se oponen a que se practiquen abortos en Colombia. Dentro de estos partidos, además del Conservador y de las organizaciones cristianas, se encuentra el Centro Democrático, hoy partido de gobierno.

Es por esto que para el ministro Uribe fue muy difícil haberse embarcado en la reglamentación del aborto, pues si bien debía hacerlo en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, no era fácil meterse con uno de los temas más delicados para el partido del presidente.

Lo que Juan Pablo Uribe hizo concretamente fue emitir una reglamentación desde su ministerio que no propiamente le da vía libre al aborto, sino que reglamenta la interrupción del embarazo en los tres casos despenalizados por la Corte Constitucional. Es decir, 1) cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer; 2) cuando el producto de la gestación no tenga posibilidad de sobrevivir al separarse de la madre, y 3) cuando el embarazo sea producto de violación o incesto. 

Estas tres excepciones en las que el aborto está permitido en el país habían sido establecidas por la corte desde 2006 en su sentencia C-355. Sin embargo, esa sentencia no dice que el aborto tenga vía libre en esos tres casos. Más que reglamentar y permitir esta práctica, la corte lo que hizo con su sentencia fue despenalizarla para los casos anteriormente mencionados. Es decir, que aunque el aborto siga siendo un delito, la Corte blindó penalmente a quienes lo practiquen en una de las tres modalidades contempladas en la sentencia.

Esta situación, en la cual no es del todo claro si el aborto es o no legal en Colombia para los casos determinados por la corte, es una evidencia del viacrucis que ha significado la reglamentación de una práctica que se debate entre las consideraciones religiosas, políticas y, sobre todo, de los derechos de la mujer. Lo hecho por el ministro Uribe, en realidad, no es otra cosa que un paso importante que hasta ahora nadie se había atrevido a dar en el camino hacia una legislación clara y contundente frente a esta práctica.

Hay toda suerte de estudios que demuestran que cuando las mujeres deciden abortar lo hacen independientemente de las consecuencias penales que esto pueda traer. Así mismo, también se ha demostrado que la prohibición del aborto no se ve traducida en una disminución en el número de mujeres que deciden practicárselo.

Ante esa realidad, lo que termina pasando es que los abortos se hacen en clínicas de garaje que no tienen las condiciones médicas ni de sanidad para un procedimiento de este tipo. Eso, sin lugar a dudas, pone en grave riesgo la vida de las mujeres y las obliga a practicarse este procedimiento médico en condiciones de absoluta precariedad e incertidumbre.

Lo que se ha pretendido desde la corte, desde el gobierno en cabeza del exministro Uribe y desde otros sectores políticos, es marcar una hoja de ruta clara y unas condiciones establecidas para que los abortos que se practiquen dentro de los tres casos mencionados por la corte tengan todas las garantías y condiciones en aras de proteger la vida de las mujeres.

El proyecto de decreto reglamentario para este asunto, que fue redactado por el ministro Juan Pablo Uribe, soluciona los vacíos que hoy existen en la ley frente al aborto. "Busca dar claridad sobre la responsabilidad de esas funciones para que se dé acceso a los servicios de salud con las condiciones que ha definido la Corte Constitucional”, dijo en su momento el ministro. Sin embargo, hoy no es claro cuál pueda ser el futuro de ese decreto, pues hasta la fecha el presidente Duque no lo ha firmado.

Desde el punto de vista de la lógica política, es previsible que al presidente le llegue todo tipo de presiones desde el seno de su partido para no firmar el decreto que dejó Juan Pablo Uribe. Pues, como se dijo, oponerse al aborto ha sido una de las banderas políticas de los sectores que apoyaron a Duque a la presidencia. No obstante, fuentes cercanas de Palacio le han confirmado a SEMANA que el presidente se dará esa pela y que sigue trabajando en el proyecto que dejó el exministro Uribe para que este sea discutido co la iglesia y con los distintos sectores de la sociedad antes de quedar en firme. 

A pesar de las presiones de las que fue objeto, el saliente ministro Uribe estaba jugado por reglamentar el aborto y hacer lo propio para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo puedan hacerlo en las condiciones adecuadas. Faltará ver si el nuevo ministro o ministra de la cartera -aún no hay designación- continua con la defensa de la posición adoptada por Juan Pablo Uribe. 

El tema en la Corte Constitucional

Ahora al tema le ha salido un nuevo escenario de discusión. Este año, con ponencia del magistrado Alejandro Linares, la Corte Constitucional entrará a estudiarlo, a raíz de dos demandas que pretendían prohibir el aborto incluso en los tres casos especiales que fueron determiandos por la Corte.

La tésis del magistrado en esta materia estará enfocada en los derechos de la madre. Es decir, lo que se propondrá y discutirá será la posibilidad de despenalizar el aborto, si se realiza en las primeras semana del embarazo y sin importar las razones.

Se trata de uno de los temas más polémicos del debate público y que más división generan entre la gente. Esa misma división, se ha evidenciado dentro de la propia corte. Según se ha sabido, a favor de la ponencia de Linares estarían los magistrados Alberto Rojas Ríos, José Fernando Reyes; enfretados a Carlos Bernal, Luis Guillermo Guerrero y Cristina Pardo. Y los indecisos son Gloria Ortiz, Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo.