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¿En qué va el caso del joven baleado en la base militar La Lizama?
La Fiscalía recogió pruebas en compañía de testigos que presenciaron la muerte de Rafael Antonio Caro. La próxima semana se entregaría el resultado de la segunda necropsia.
En la tarde del martes, un cuerpo de investigación del CTI de la Fiscalía ingresó a la base militar La Lizama para recoger material probatorio sobre la muerte del joven de 16 años que falleció de un disparo el pasado 27 de julio.
De acuerdo con Diego Lozano, abogado de la familia de Rafael Antonio Caro, los investigadores de Barrancabermeja llegaron acompañados de especialista forenses, procedentes de Bogotá, para recolectar las pruebas que serán presentadas por la Fiscalía ante el juez que lleva la investigación del caso.
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Sin embargo, aclaró que "se hizo trabajo de campo, y no una reconstrucción", como algunos medios informaron. Además, indicó que algunos testigos y familiares del joven estuvieron presentes para colaborar en la diligencia.
Sobre la demanda de reparación directa contra el Estado, que instaurará la familia de Caro, Lozano señaló que se ha recaudado el 70% del material probatorio, pero que "todavía no se ha podido presentar -entre otras cosas- porque no han ordenado asentar el registro de defunción".
La demanda buscaría demostrar que el cabo Javier Manjarrés, quien disparó contra el joven, no actuó en legítima defensa al haber activado su arma en siete oportunidades cuando este ingresó a la base militar. La familia argumenta que se podía neutralizar al menor, que portaba un machete, de otra manera sin tener que dispararle.
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En cuanto a la segunda necropsia que adelanta Medicina Legal, se sabe que la entidad entregará el resultado la próxima semana. El ministro Guillermo Botero, ministro de Defensa, y Fabio Espitia, fiscal general (e), habían declarado que el joven falleció producto del rebote de una bala y no de un disparo directo a él. Esta hipótesis contrasta con uno de los videos que se conoció de ese momento donde los militares incitan al suboficial a disparar:"hágale mi cabo, pégueselo", se escucha que dice un soldado.
La defensa buscará una indemnización que podría ascender a los 100 salarios mínimos legales vigentes para cada padre y a 50 para cada uno de los siete hermanos maternos de Rafael. Pero esta petición se hará una vez se termine el plazo para conciliar entre las partes y se de paso a la radicación oficial de la demanda ante un juzgado en Barrancabermeja.
SEMANA reveló hace unos días la conversación previa que tuvo Rafael con su madre y hermana, minutos antes de entrar a la base militar La Lizama. Este material lo utilizará la defensa para apoyar su argumento de que la muerte del joven no se trató de un hecho aislado, sino de una posible retaliación de los militares.
Rafael falleció de un disparo en el abdomen, minutos después de ingresar a la instalación militar donde hacía presencia el Batallón de Artillería de la Quinta Brigada del Ejército. En el caso existen cinco videos grabados antes, durante y después de que el joven se enfrentara a los militares y que el cabo Javier Manjarrés disparara la ráfaga. De igual forma, existe una serie de llamadas telefónicas y mensajes que la familia recopiló del celular del joven en las que se podría verificar, según los familiares, que había rencillas previas y que el disparo fue premeditado.