Fracking: ¿quién tendrá la última palabra?

Esta semana el fracturamiento hidráulico volvió a ser la manzana de la discordia en el país. En el Congreso y en redes sociales estallaron mensajes anunciando que en la reforma al régimen de regalías había un artículo con un supuesto ‘mico’ que autorizaba los proyectos de yacimientos no convencionales en Colombia.

Las voces de protesta crecieron y la presión en redes sociales aumentó. Al final, cayó el controvertido artículo 210 y varios congresistas aprovecharon para celebrar el hecho como una “victoria” que daba el golpe final a los no convencionales.

Pero la cosa no es así y hubo más desinformación que realidad. Ese artículo nada tenía que ver con esta técnica de extracción de petróleo, pues no la autorizaba ni la prohibía: era una gabela para el pago de regalías. De hecho, no fue incorporado al debate legislativo por el Gobierno de Duque, sino que formaba parte de la Ley 1530 de 2012.

Más allá de la politización que algunos sectores han querido darle al tema del fracking, el futuro de los yacimientos no convencionales sigue en manos del Consejo de Estado, que no se ha pronunciado de fondo. Este tribunal, amparado en el principio de precaución, suspendió las normas técnicas para la exploración con fines comerciales que había expedido en 2014 el Ministerio de Minas.

Aunque en el fallo el alto tribunal detuvo esa exploración, le dio vía libre a los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII), surgidos de las recomendaciones que hizo una comisión de expertos creada por el Gobierno nacional, que publicó sus conclusiones a principios de 2019. Ese estado de cosas sigue vigente y en nada ha sido modificado con el reciente debate del artículo 210 en el Congreso.

Quienes rechazan el fracking alegan que este afecta los acuíferos y causa cambios en la sismicidad en las zonas de los proyectos. Por eso, los PPII buscan determinar los verdaderos efectos ambientales de esta técnica en el país para que la ciencia, y no los argumentos ideológicos, entregue su veredicto.

Justamente la semana pasada, el Consejo de Estado rechazó una medida cautelar pedida por algunos congresistas que buscaban prohibir los pilotos. Ese fue un espaldarazo y una luz verde para que el Ministerio de Minas siga trabajando en reglamentar los pilotos.

Ya expidieron el proyecto marco y la regulación técnica y social, pero aún faltan las piezas regulatorias en asuntos ambientales y contractuales. El ministro de Minas, Diego Mesa, asegura que en las próximas semanas publicarán las regulaciones faltantes para que las empresas interesadas empiecen a trabajar en el proceso de licenciamiento ambiental ante la Anla. Si las reglamentaciones corresponden con las expectativas de las compañías, las obras civiles podrían empezar en el primer semestre de 2021 en ocho pozos ubicados en la cuenca del Magdalena Medio y en Cesar-Ranchería, según la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP).

Hasta el momento, ConocoPhillips, Drummond, Ecopetrol y Exxon han manifestado su interés por desarrollar los PPII, que podrían representar una inversión cercana a los 650 millones de dólares.

No obstante, el camino para el fracking no se encuentra despejado. En este momento, hay por lo menos tres proyectos de ley para prohibir o limitar la práctica en el país. Incluso el Partido Liberal anunció esta semana que se opondrá. Ese es otro palo en la rueda.

Pero en tiempos en que la pandemia tiene azotadas las finanzas públicas, y que la autosuficiencia petrolera no está garantizada más allá de siete u ocho años, el fracturamiento hidráulico podría solucionar estos dos temas.

El Consejo de Estado tiene la última palabra, pues debe pronunciarse sobre la regulación técnica y la explotación comercial del fracking. Al margen del pulso político y de las decisiones judiciales están en juego la seguridad energética y la estabilidad fiscal. Si Colombia cierra de tajo la puerta al fracturamiento hidráulico tendría que empezar a importar crudo y gas, lo que costaría entre 20 o 30 billones de pesos al año, recursos que tendrían que salir del bolsillo de los colombianos.

Algunos congresistas que no quieren que haya fracking en Colombia dicen haber ganado esta batalla, pero no cuentan que el final de esta historia aún está lejos. En materia de yacimientos no convencionales, el debate sigue abierto, en espera de que lo defina la ciencia y no la ideología.