En Santander, pelea entre el gobernador Aguilar y los artistas

Mientras las becas para la producción artística en Santander –este año presentadas como MotivArte 2021– daba a conocer los nombres de los ganadores de los estímulos de las diferentes categorías, en la Procuraduría Regional y la Fiscalía General de la Nación siguen su curso investigaciones por la presunta irregularidad en la contratación del operador que iba a evaluar las propuestas ganadoras.

El abanico de esa irregularidad fue agitado por el mismo gremio de artistas en mayo pasado, luego de criticar abiertamente las convocatorias por los pliegos presentados, por la mala organización y los bajos presupuestos. Un malestar que hicieron público varios artistas y que se fortaleció con el hallazgo de que la Corporación Galería Urbana Metropolitana había sido beneficiada en los pliegos por parte de una contratista de la Secretaría de Cultura departamental.

La denuncia de artistas, y a la que se sumó el diputado por el partido Alianza Verde, Giovanni Heraldo Ruiz Leal, recoge que la funcionaria Yhoanna Milena Malagón Hernández, desde su cargo, habría direccionado el convenio de asociación para favorecer a la Corporación, que es representada legalmente, además, por su hija María Paula Velandia Malagón. Ese es uno de los asuntos que más ha indignado al sector artístico en el departamento y que levantó un malestar porque sienten que durante esta administración departamental se les ha dado la espalda mucho más que en otros gobiernos.

Juan Crisanto García es consejero Departamental de Cinematografía y Medios Audiovisuales de Santander, y fue quien le puso la lupa a la convocatoria desde que se abrió en el pasado mes de abril. Hace un recuento de lo tradicional de esta convocatoria que surgió a partir de la Ordenanza 047 de 2010 que institucionalizó las becas departamentales de creación y producción artística para Santander y que hasta 2019 eran reconocidas como Becas Bicentenario, pero, aunque cambiaran de nombre posteriormente, debían seguirse entregando.

“Esta convocatoria es muy tradicional en Santander, siempre la habían trabajado las universidades; en su momento lo hizo la UIS (Universidad Industrial de Santander) y también la UNAB (Universidad Autónoma de Bucaramanga), pero este año la convocatoria salió con que el operador iba a ser Galería Urbana Metropolitana”, detalla el consejero.

Y agrega sobre las presuntas irregularidades que al entrar en diálogo con el diputado encontraron esa “perla”, como dice él. “Nos estaba mostrando unos indicios en la contratación y era que Galería Urbana Metropolitana la manejaba una joven de 22 años; ella era la representante legal y resulta que la mamá era contratista en la Gobernación, y era la que hacía los pliegos y las asesorías a la Secretaría de Cultura. Esto es como si usted en fútbol cobra el tiro de esquina, lo cabecea y hace el gol”.

Liquidado

Ante los hallazgos, se entablaron denuncias en el Tribunal Administrativo de Santander, la Procuraduría regional y posteriormente la Fiscalía. El Convenio de Asociación número 1204 que daba lugar al trabajo conjunto entre la Secretaría de Cultura y la Corporación fue firmado por un monto cercano a 285 millones de pesos y pocos meses después fue liquidado por la llegada de la pandemia, dijo entonces Mery Luz Hernández, secretaria de Cultura y Turismo de Santander.

“El Convenio 1204 de 2021 es un convenio para realizar una operación logística de promoción y difusión de las obras ganadoras dentro del proyectos estímulos (MotivArte 2021) no obstante y con el fin de evitar ambigüedades, el convenio se liquidó de común acuerdo, según se puede observar en la plataforma Secop II, el día 3 de mayo de 2021 teniendo en cuenta que la pandemia covid-19 ha generado un nuevo brote en el departamento de Santander (…)”, dijo en su momento la funcionaria.

Pero los artistas resaltan que fue el supuesto acto de corrupción hallado lo que permitió que el convenio se liquidara. Así lo resalta Chalo Flórez, maestro en artes escénicas: “A tiempo les hicimos saber que estaba mal planteado. Como colectividad nos reunimos y les hicimos el llamado, pero ellos decidieron seguir con esa particularidad. Se les cae la primera irregularidad, que es el operador, no es idóneo. En el Tribunal Administrativo de Santander está una demanda de nulidad que va en proceso, pero es probable que falle a favor del sector artístico porque el operador que existía no era idóneo”.

Hasta el momento, desde la Gobernación de Santander no ha habido un pronunciamiento oficial sobre las ventajas que se otorgaron en el convenio. Aunque SEMANA quiso conocer los argumentos de esa presunta irregularidad, al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.

El conflicto de intereses

El diputado Leal explica que este contrato no tiene una responsabilidad “fiscal porque no se ejecutó dinero; sin embargo, desde el punto de vista penal, la falta ya está hecha y es evidente ese conflicto de interés entre la contratista y la empresa contratada para hacer el análisis de cuáles propuestas debían ser o no apoyadas por el gobierno departamental”.

Detalles como la dirección de la funcionaria que era la misma de la corporación, el número telefónico de contacto y el parentesco con los representantes de la sociedad dan cuenta de la falta disciplinaria que se cometió. “Hay una infracción al principio de contratación y que es un requisito fundamental que es la objetividad”, comenta el diputado.

La Procuraduría regional ya anunció investigación preliminar sobre el caso. Informó a través de un comunicado que “la señora procuradora regional de Santander, mediante Auto del 31 de mayo de 2021, ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de las señoras Mery Luz Hernández López y Yohanna Milena Malagón, secretaria de despacho y contratista de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación de Santander, para la época de los hechos”.

Se agregó que la investigación se da por “presuntas irregularidades en la relación con convenio de asociación celebrado por la Gobernación del departamento de Santander”.

Para la semana pasada se había citado un debate de control político en la Asamblea departamental, pero fue postergado por temas de carácter urgentes que llegaron desde la Gobernación. Este fue aplazado para la nueva agenda de sesiones ordinarias que arranca en octubre.

Con la lupa

El diputado explica que es necesario hacerle seguimiento a esta situación, más porque no se puede “dejar pasar esta circunstancia con un gremio que la ha pasado tan duro. Se necesita dar ese ejemplo de que los dineros públicos deben respetarse y más con una colectividad que le toca tan duro”.

Recuerda que los servidores públicos tienen responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal. Y aunque aparentemente la fiscal no se vio afectada, es necesario hacer control sobre las otras dos.

MotivArte destinó mil 300 millones de pesos para las propuestas ganadoras que también empezaron a generar polémica entre los artistas tras conocer algunos de los nombres de los ganadores.

Leal asegura que continuarán con la lupa revisando quiénes fueron los ganadores, jueces y detalles para que todo se haga de manera transparente. Pues, para él, no se puede aprovechar la información privilegiada que se tiene como funcionario público para sacar ventaja con los contratos públicos.

La gobernación de Mauricio Aguilar Hurtado se ha visto salpicada por varias denuncias por irregularidades en la contratación –un asunto que también tiene a su hermano Richard Aguilar Villa contra las cuerdas, por las irregularidades contractuales cuando fue gobernador de Santander–, una de ellas denunciada hace algunas semanas por el diputado Ferley Sierra, quien en debate de control político aseguró que algunos contratos de comunicaciones han sido otorgados a personas y empresas que no cumplen con los requisitos contractuales planteados.

Frente a este tema, desde la Gobernación afirmaron que “todo está legalmente soportado y se está trabajando en la respuesta escrita para enviar a la Asamblea”.