En un mes se duplicaron los hechos violentos que afectaron el cese al fuego, advierte la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo reveló este jueves cifras relacionadas con las acciones de grupos armados ilegales en varias regiones del país, que han afectado el cese al fuego bilateral decretado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el titular de ese despacho, Carlos Camargo Assis, en el último mes las acciones violentas pasaron de 16 a 32 y generaron vulneraciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), además de trasgresiones al cese al fuego por parte de algunos de los cuatro grupos armados ilegales que se habían acogido al decreto.

“Además de causar graves daños a las comunidades, me obligan a decirles a estos grupos armados que se nos agotó la paciencia. Los colombianos esperamos que cumplan con los anhelos de paz que tenemos desde hace años”, señaló el funcionario.

Camargo aseguró que estas cifras están consignadas en el tercer boletín de Monitoreo del Cese al Fuego y en las que se destacan que entre el 18 de febrero y el 17 de marzo del 2023 ocurrieron cuatro acciones bélicas directas en el Valle del Cauca, Huila y Cauca (en estos últimos dos casos).

El informe también se reportaron ocho confrontaciones armadas en Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Antioquia, que generaron afectaciones humanitarias para las comunidades, como confinamientos y desplazamientos forzados, entre otros.

“Debemos llamar la atención sobre los casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes con pertenencia étnica indígena en Caquetá, Meta, Bolívar, Amazonas y Putumayo”, aseguró.

Añadió que a esos se sumaron otros casos de “desapariciones forzadas, violencia sexual, atentados, restricciones a la movilidad y la libertad y desplazamientos forzados, entre otros, en Valle del Cauca, Chocó, Cauca y Meta”.

De otro lado, se destacaron hechos violentos contra personas en proceso de reincorporación, particularmente en Meta, Antioquia, Vaupés y Cauca. Esta situación resulta muy preocupante, dado que afecta directamente a los exmiembros de las Farc que se acogieron al proceso de paz.

La entidad indicó que aunque este tercer boletín de la Defensoría del Pueblo se emitió con la información previa a la suspensión por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, del cese al fuego con el Clan del Golfo, “las cifras y datos recogidos ya evidenciaban el incumplimiento por parte de grupos armados ilegales a los parámetros”, de esa decisión gubernamental.

“Como lo dije enfáticamente, el Estado debe actuar con contundencia y sin vacilaciones frente a las acciones violentas de los grupos armados ilegales, el tiempo ya se les acabó y se agotó la paciencia”, dijo Camargo.

Diálogo con grupos armados ilegales

El defensor del Pueblo destacó, sin embargo, que el Estado debe mantener las puertas abiertas para dialogar con los grupos armados ilegales y buscar poner fin a la violencia que generan, aunque advirtió que no se puede poner en riesgo la institucionalidad ni la seguridad de los ciudadanos.

“Hay que destacar la valentía del Gobierno al decretar un cese en medio del conflicto, en medio de las disputas por los territorios, pero no hubo la misma generosidad de los grupos armados”, dijo, y agregó: “El único que ha respetado el cese bilateral han sido las Fuerzas Armadas, por lo tanto, reclamo de los grupos armados ilegales, verdaderos gestos de paz y que no se burle el anhelo de paz que tienen los colombianos”.

Hay que recordar que el 31 de diciembre de 2022, el Ministerio de Defensa Nacional expidió los decretos 2656, 2658, 2659 y 26601, por medio de los cuales dicha cartera decretó el “Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional”.

La decisión cobijaba a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y las facciones disidentes de las antiguas Farc-EP allí denominadas ‘Estado Mayor Central’, ‘Segunda Marquetalia’ ‘CDF-EB’ (Comandos de la Frontera Ejército Bolivariano) y la ‘Coordinadora Guerrillera del Pacífico SM’.

Clan del Golfo

El pasado lunes, el presidente Gustavo Petro suspendió el cese bilateral con el Clan del Golfo, tras la quema de varios camiones en el Bajo Cauca antioqueño, que enfrenta una difícil situación de orden público, en el marco del paro minero que se adelanta desde hace varias semanas.

“He ordenado a la fuerza pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley”, dijo el mandatario a través de su cuenta en Twitter, y añadió que “no permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”.

En otra publicación justificó la decisión: “El ataque con fusil a la fuerza disponible de la policía por parte del Clan del Golfo rompe el cese al fuego. A partir de este momento no hay cese al fuego con el Clan del Golfo. La fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa”.

Varios gobernadores del país alertaron sobre el incremento de la extorsión y del negocio del narcotráfico desde que se implementó el cese al fuego bilateral.

De hecho, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, siempre señaló al Clan del Golfo por su participación en el paro minero.