En veremos, el acueducto para Riohacha: Procuraduría advierte que persisten riesgos en la licitación, ¿por qué?

Para la Procuraduría General de la Nación, persisten las alertas que el órgano de control generó a finales de 2022 y que llevaron a la suspensión inmediata de la licitación con la cual se espera adjudicar el contrato de acueducto, alcantarillado y servicio de aseo para Riohacha, capital de La Guajira.

Las alertas a las que se refiere el Ministerio Público tienen que ver con un posible incumplimiento en materia de cobertura y calidad del servicio.

“Insistimos en que la principal preocupación concierne a que las disposiciones del pliego y su anexo técnico no aseguran el cumplimiento de las metas de cobertura, continuidad y calidad de la prestación del servicio de agua y alcantarillado del Distrito de Riohacha”, explica un documento emitido por la Procuraduría luego de que, en enero pasado, procuradores delegados sostuvieran una mesa técnica con la administración Distrital y las entidades responsables.

A pesar de que al final de las mesas técnicas el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, anunció el pronto reinicio de las obras, no informó sobre una sanción impuesta a la administración municipal por el Departamento Nacional de Planeación que generó, además de multas, la desaprobación del proyecto y el reintegro al Sistema General de Regalías de $ 28.039.276.144,00 correspondientes al valor total girado para la financiación del proyecto.

Por lo anterior, uno de los aspectos del proyecto que preocupa a la Procuraduría General es que no se dé la expansión de redes de alcantarillado en la comuna 10 de Riohacha, conformada por más de 100 barrios y habitada al menos por 5.000 personas, que “viven actualmente sin alcantarillado y en medio de las aguas negras empozadas”.

Otra situación que prendió las alarmas del organismo de control tiene que ver con que “la administración municipal de Riohacha no incluyó dentro del proyecto a las comunidades Wayuu ubicadas en zonas urbanas y rurales del municipio”.

“Esta presunta omisión tiene directa relación con los altos índices de mortalidad infantil asociada a la desnutrición que se registraron en el departamento el año pasado y hace parte de las situaciones que el Distrito debió identificar claramente antes de iniciar el proceso licitatorio”, indicó.

Por otro lado, la Procuraduría alerta sobre la falta de adecuación entre los trámites contractuales y las disposiciones legales. “Hemos advertido actuaciones del Distrito de Riohacha que podrían derivar en un vicio de nulidad del proceso de selección (…) nunca pudo aclarar, por medio de las respuestas absueltas durante el proceso de selección ni en las mesas técnicas, las razones por las cuales no se amplió el tiempo para que los oferentes observaran la matriz de riesgos y realizar en audiencia sus apreciaciones frente a la misma”, finaliza la carta.

Procuraduría le pone la lupa a subasta de MinTIC

Tras el escándalo desatado por el contrato entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados, en la que la Unión Temporal presentó garantías bancarias falsas para obtener un adelanto de 70 mil millones de pesos, la Procuraduría General le puso la lupa al proceso que adelantará este año el MinTIC para subastar el uso del espectro radioelectrónico 5G, con el que el Gobierno busca cerrar la brecha digital en el país.

De acuerdo con la información recopilada por la Procuraduría, durante el primer trimestre de 2023 MinTIC “estructurará el proceso de selección objetiva para otorgar permisos del uso del espectro radioeléctrico”.

Como parte de las funciones preventivas, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública determinó que es pertinente realizar un seguimiento a la licitación de la red 5G con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso para que se cumplan los requisitos de la Ley de Tecnologías y Comunicaciones.

Con esta subasta, el Gobierno Nacional espera cerrar la brecha tecnológica en las zonas apartadas del país, donde la cobertura no superaría el 30 por ciento.