Paz y corrupción, la última legislatura de la era Santos

El maletín de proyectos de ley y reformas que Guillermo Rivera, ministro del Interior, llevará al Congreso a partir de este 20 de julio, es tan voluminoso (y ambicioso) que parece más una agenda para la primera legislatura de un gobierno que para la última, cuando los parlamentarios están más pendientes de hacer política en sus regiones, que de expedir leyes en el Capitolio.

El único antecedente de una última legislatura tan agitada se remonta veinte años atrás, en el último año de gobierno de César Gaviria, cuando la tarea de reglamentar la Constitución del 91 ocupó al Congreso de aquel periodo hasta el último día de sus sesiones.

Ahora, la historia parece repetirse. Sin embargo, Santos llega con un megapaquete de reformas en un ambiente más tenso y más polarizado que el que vivía en ese momento el expresidente liberal.  En política suelen llamar a la relación del Ejecutivo con el Congreso los primeros años como la "luna de miel". El presidente, siete años después, arranca esta legislatura con el desgaste que podría tener un mal matrimonio. 

El principal legado del presidente Juan Manuel Santos, la paz, podría decirse que va por la mitad. Después de la firma del acuerdo para poner fin al conflicto, y la entrega de las armas por parte de las Farc, el pacto sellado entre el Gobierno y los voceros de esa organización debe implementarse, y esta tarea aún le falta mucha tela por cortar.

Por eso, el capítulo de la implementación de los acuerdos ocupará un lugar importante en la agenda de prioridades del Gobierno, sobre todo porque deberá quedar resuelto antes de diciembre, mes en el que vence el término del mecanismo fast track, con el que el Congreso viene aprobando, de forma expedita, las principales leyes y reformas que aterrizan el acuerdo del Teatro Colón.

El proyecto que está en el primer renglón de la lista de prioridades es la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz, y la urgencia es manifiesta. Con su aprobación comienza a desarrollarse el capítulo de justicia y de víctimas del proceso de paz, y este reglamento tiene que ser aprobado antes del 26 de septiembre, fecha en la que deben estar designados los magistrados que investigarán y sancionarán los delitos con ocasión del conflicto.

En el segundo reglón de la agenda del ministro Rivera está señalado el proyecto de reforma política y sistema electoral. Dice el funcionario que luego de silenciar los fusiles, la paz estable y duradera, en buena parte, pasa por reformar las reglas que tradicionalmente han marcado el ejercicio de la política, y que les dé plena confianza a los ciudadanos en aquellas instituciones que tienen origen popular. Algo que está consignado en el punto de participación política del acuerdo de paz, y que está pensado, entre otras, para facilitar la transición de las Farc a la vida política.

En el portafolio del ministro Rivera también se encuentra el acto legislativo de Regalías, el que crea las 16 Circunscripciones de Paz. Ambos vienen siendo tramitados y están a solo un debate de ser norma.

El resto del paquete de proyectos de implementación de la paz lo completan el que crea el Sistema de Innovación Agropecuario, el Sistema de Adecuación de Tierras, y la Ley de Tierras.

También el proyecto de ley que amplía la planta  de personal de la Unidad Nacional de Protección, UNP, que le permitiría a esta entidad vincular a desmovilizados para que puedan prestar servicios de escoltas conforme está consignado en el acuerdo de paz.

Así mismo se debe terminar de aprobar el acto legislativo que establece el monopolio de las armas y de la fuerza en cabeza del Estado, lo mismo que el de Garantías de Participación Ciudadana que le permitirá a las organizaciones de la sociedad civil tener mayores garantías y herramientas para el control efectivo de la administración pública.

La implementación del proceso de paz será su agenda más dura, en especial después de que la Corte Constitucional limitó el alcance del fast track en el Congreso. Se anticipa que en este nuevo escenario el debate alrededor de temas tan espinosos como la justicia transicional levante enormes polvaredas, en especial si se tiene en cuenta que todos los congresistas están en época preelectoral. Eso no necesariamente implica que los proyectos se caigan. El Congreso, cuando está en medición de fuerzas, no hunde lo que le presenta el Ejecutivo pero le mete la mano demasiado y deja el producto final trasquilado. Y eso en materia de justicia puede tener implicaciones difíciles. 

Más allá de la paz, según la agenda del Gobierno, la agenda de la última legislatura girará en torno a la corrupción. Los recientes escándalos que han conmocionado al país, y en los que se ha visto involucrada la clase política, caso de Odebrecht o el exfiscal anticorrupción, han motivado al Ejecutivo a presentar tres iniciativas relacionadas a fortalecer la lucha contra la corrupción.

Un primer proyecto pretende establecer medidas para identificar los beneficiarios, personas naturales y jurídicas, de contratistas del Estado; otro plantea incrementar en el doble el término de la prescripción por delitos de corrupción a servidores públicos; y un tercero pretende dotar de funciones de policía judicial a las superintendencias.

En total, son 14 los proyectos de ley y de reforma que el Gobierno pondrá a disposición del Congreso. Una agenda muy ambiciosa por donde se le mire, más aún en un periodo donde la gobernabilidad de Santos está en aprietos.

Parecen lejanos en el tiempo aquellos días de la primera legislatura, en 2010, en los que Santos contaba con el respaldo del 87 por ciento del Congreso. Ahora la imagen del presidente está a la baja y la Unidad Nacional ya no es aquella aplanadora que tanta gobernabilidad le tradujo al mandatario.

En el pasado periodo legislativo, el Gobierno sufrió para conseguir las mayorías mínimas, para sacar los proyectos de la paz a ras, casi todos ellos con 51 (de 101) votos en el Senado.

Guillermo Rivera confía en que la Unidad Nacional cumplirá con el reto histórico de implementar la paz, y no le preocupa que las mayorías sean mínimas, desde que sean mayorías. “Es como en el fútbol, ganando 1-0 o 4-0 son los mismos tres puntos”.

Pero este es año electoral, los partidos atraviesan por sus propias diferencias, y los parlamentarios se la juegan para reelegirse en las próximas elecciones.

La última legislatura tendrá como protagonistas hasta seis precandidatos presidenciales –Claudia López, Antonio Navarro, Iván Duque, Paloma Valencia, María del Rosario Guerra, y Jorge Robledo-, circunstancia que puede provocar álgidas discusiones.

La recta final de la era Santos comienza este jueves, cuando el presidente instale la última legislatura que coincidirá con su Gobierno.