“Cada cinco días es asesinado un excombatiente de las Farc”

Los asesinatos de los miembros de las Farc han golpeado el corazón del proceso de paz. Están en juego, además de centenares de vidas, el acuerdo político de la reconciliación nacional que le puso fin a décadas de conflicto sin cuartel. Cada excombatiente que cae asesinado significa una tragedia para su familia y es la profundización del hoyo en que los violentos pretenden sepultar la paz acordada. A la fecha 242 desmovilizados tras la firma de la paz han muerto en condiciones violentas. “Hechos desgarradores que nos recuerdan la necesidad de proteger la vida”, aseguró el magistrado Alejandro Ramelli de la Jurisdicción Especial para la Paz, quien dio inicio a la audiencia que este 25 de noviembre busca determinar las necesidades para establecer medidas cautelares que permitan proteger a ese grupo.

El magistrado Alejandro Ramelli aseguró que se trataba de un encuentro para examinar la eficacia y las acciones implementadas por las diversas entidades estatales sobre la seguridad de los excombatientes. Agregó que la audiencia busca establecer las condiciones que permiten que “los ataques a los integrantes sigan afectando sus derechos fundamentales y contar con los elementos necesarios para poder responder a esas necesidades y mitigar el daño de quienes están en proceso de reincorporación”.

Concluyó diciendo que “la solicitud de medidas cautelares debe ser atendida de manera prioritaria y prevalente”.

La primera intervención la hizo Victoria Sandino. “El señalamiento y la macartización juega un papel muy importante que alimenta la comisión de delitos en nuestra contra”, aseguró. Aclaró que se suelen hacer pronunciamientos reiterados de que ellos no están cumpliendo y que altos funcionarios arremeten en su contra “generando un ambiente propicio a la violación de los derechos fundamentales”, cuando más del 95 por ciento de los excombatientes siguen en el proceso. Fue enfática en decir que no se trata de casos aislados sino de un ataque sistemático a sus vidas.

¿Quién los está matando?

Las razones del preocupante aumento de los asesinatos de las Farc no tienen una respuesta unánime. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, más conocido como Farc, no duda en señalar que se trata de un fenómeno sistemático que califica de “exterminio”. La Fiscalía, por su parte, llama a la “prudencia”; advierte que los conceptos de sistematicidad y generalidad tienen implicaciones legales, pues atañen a crímenes de lesa humanidad y están enmarcados en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El Gobierno tampoco admite esa categorización. Pero sí concuerda con todos en que la matanza a cuentagotas ataca como un tumor apremiante al Acuerdo de Paz, por lo que hay que extirparlo antes de que el daño sea irreversible. Al respecto, la Misión de Verificación de la ONU dijo hace unos meses, al rendir cuentas ante el Consejo de Seguridad en Nueva York, que “la violencia contra quienes dejaron las armas en el contexto del acuerdo y contra quienes defienden los derechos de las comunidades devastadas por el conflicto sigue siendo la amenaza más grave para la consolidación de la paz en Colombia”.

La Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la Fiscalía informó a SEMANA para un informe especial publicado hace unos meses que al 15 de julio contabilizaba 250 “afectaciones contra la población reincorporada”. Se trata de 202 asesinatos, 36 tentativas de asesinato y 12 desapariciones forzadas. Frente a eso, ha conseguido condenar a 28 personas como responsables de 30 muertes. Hay otras 13 sentencias condenatorias que corresponden a otros delitos. Evidentemente, esclarecen pocos crímenes: de cada 100 excombatientes acribillados la Fiscalía solo logra resolver y castigar 14,8 casos.

Las facciones disidentes de las Farc son las principales responsables de la violencia más atroz contra los exguerrilleros. Las autoridades las reúnen bajo la sigla Gaor, que significa Grupos Armados Organizados Residuales. A estos les atribuyen un poco más de la mitad de los crímenes contra excombatientes. Así mismo, están identificadas las zonas más críticas. Territorialmente, los hechos se han registrado en 20 departamentos, además de Bogotá. Pero tan solo ocho concentran el 80 por ciento de los crímenes así: Cauca (18,15), Antioquia (11,29), Nariño (12,9), Norte de Santander (8,8) Caquetá (8,06), Putumayo (8,06 por ciento), Meta (6,85) y Chocó (6,45).

Un informe de la Fiscalía entregado a SEMANA para ese reportaje precisaba que siete disidencias principales asesinan excombatientes: la Dagoberto Ramos, que actúa en Cauca y Tolima; la estructura Guerrillas Unidas del Pacífico, que opera en Nariño; el frente 18, con influencia en Antioquia y Córdoba; la estructura Jaime Martínez, también de Cauca; la Teófilo Forero, del Huila; el frente 7, que delinque entre Meta y Guaviare, y la estructura Oliver Sinisterra, también de Nariño. A esos siete grupos les atribuyen casi el 60 por ciento de los ataques contra la población reincorporada.

Pero no son los únicos. Hay otras facciones disidentes con menor impacto, además de grupos armados como el mencionado Clan del Golfo, el ELN, el EPL, los Pelusos y los Caparros. Todos luchan a sangre y fuego por el control de cultivos de coca, rutas para el narcotráfico, minería ilegal y rentas extorsivas. “A través de nuestro monitoreo en los territorios hemos podido observar que la presencia de estos grupos armados ilegales junto con las economías ilegales, las condiciones socioeconómicas y la limitada presencia del Estado están impactando la seguridad y, por ende, la implementación del Acuerdo de Paz”, dice Carlos Ruiz-Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. El país es un hervidero de bandas que buscan copar los territorios que alguna vez controlaron las Farc. Ese complejo panorama lleva a la Fiscalía a considerar que la violencia contra los exguerrilleros tiene una “explicación multicausal”.

Uno de los indicadores más preocupantes dibuja la curva en ascenso de los homicidios sobre la línea de tiempo. Mientras que en 2017 hubo 31 asesinatos, en 2018 subieron a 66 y en 2019 llegaron a 77. En los siete meses que van de 2020, ya hubo 47. “Hay que reconocer un proceso de deterioro de la seguridad de los excombatientes. Con la tendencia actual todo indica que este año tendremos al menos el mismo número de casos del año pasado, o más”, dijo Juan Carlos Garzón, director de área de dinámicas del conflicto en Ideas para la Paz.

El peligro que afrontan los exguerrilleros tiene una característica reciente e inquietante: de unos meses para acá los atacan dentro de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), o prácticamente a las puertas de estos. El Proceso de Paz sacó de la guerra a 13.349 integrantes de las Farc. El grueso de estos se concentró en 24 ETCR creados para que los exguerrilleros transitaran colectivamente hacia la reincorporación apoyados en proyectos productivos y de capacitación en destrezas laborales. Para el Gobierno, los espacios territoriales son zonas temporales “de transición”, en muchos casos mal ubicados, un error heredado, factor clave tras el contexto de violencia que los amenaza. Por su parte, los excombatientes siempre consideraron los asentamientos lugares de arraigo donde vivirían dedicados a trabajar en la legalidad y en paz.

El caso de Ituango, en el que todo el grupo tuvo que ser trasladado en julio pasado a otro lugar por cuenta de las amenazas, visibilizó esas tensiones quizá como ningún otro. El ETCR en ese punto, en el norte de Antioquia, dejó de existir hace dos semanas cuando un centenar de excombatientes, acorralados por la violencia, no tuvieron opción distinta a trastearse 350 kilómetros más al occidente del departamento. Se fueron tras haber visto caer asesinados a 11 exguerrilleros y a siete de sus familiares. La situación se venía agravando progresivamente y se hizo insufrible la primera semana de julio, cuando murió acribillado Camilo Sucerquia Durango, de 15 años, hijo de una exguerrillera. El jovencito apareció abaleado a la orilla de una vía, con otras dos personas: William Pérez, conductor de un bus escalera, y Carlos Barrera, su ayudante de 17 años.

El Ejército atribuyó el triple crimen al Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas. Se trata de la mayor organización neoparamilitar del país, con al menos 3.500 hombres en armas y resueltamente dedicada al narcotráfico, aunque sin soltar la minería ilegal de oro y la extorsión. El Clan disputa a muerte con el frente 18 de las disidencias de las Farc los corredores estratégicos del sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño. Es un territorio bisagra y definitivo para controlar cultivos, laboratorios y rutas de narcotráfico. A su vez, la Séptima División del Ejército combate ambas estructuras. Estar en ese punto hizo del ETCR de Ituango un proyecto fallido. Los excombatientes se trasladaron a Mutatá, a ocho horas de carretera, donde el Gobierno alquiló un par de terrenos para emprender un nuevo asentamiento.

“La Farc, de manera irresponsable, dice que hay negligencia del Estado. La realidad es que tenemos unos enemigos salvajes: los disidentes y las bandas de narcotráfico”, dice Emilio Archila, consejero presidencial para el posconflicto. Recalca que 75 por ciento de los homicidios contra reincorporados han ocurrido en zonas en disputa. El funcionario sostiene que aunque es difícil mostrar lo “contrafactual”, no hay que perder de vista al menos dos consideraciones: 1) Que en los crímenes no están involucrados agentes del Estado, con excepción del caso de Dimar Torres. 2) Que durante la campaña electoral de 2019 no hubo excombatientes candidatos asesinados o secuestrados.

El director del partido Farc, Rodrigo Londoño, se salvó de un atentado, oportunamente desactivado por las autoridades. Patricia Linares preside la JEP. El tribunal le ordenó al Gobierno, concretamente al consejero para el posconflicto, Emilio Archila, tomar acciones concretas para garantizar la seguridad de los excombatientes. El partido Farc solicita al Gobierno, cuanto antes, promover un gran pacto político en defensa de la paz y, al mismo tiempo, activar todos los instrumentos del Estado para brindar seguridad a los excombatientes. Pastor Alape, delegado de la extinta guerrilla ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación de Acuerdo de Paz (Csivi), opina que sin acciones contundentes del Gobierno no se podrán desmontar las estructuras armadas y, en consecuencia, “va a ser muy difícil detener la criminalidad que se cierne sobre los firmantes del acuerdo de paz”.

La semana pasada, luego de dos audiencias que constataron las graves condiciones de inseguridad que amenazan a los excombatientes, la JEP le ordenó al alto comisionado para la paz, al consejero presidencial para el posconflicto y a la Unidad Nacional de Protección “llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la seguridad y vida de los reincorporados”. Efectivamente, la delicada situación exige que el Gobierno tome medidas urgentes y eficaces para detener el inventario sangriento de excombatientes sacrificados. Sus muertes hieren la paz.