“Yo no llegué a liquidar las EPS. Ellas se van liquidando solas”, superintendente de Salud de gobierno Petro se despacha y habla de la financiación a la salud

La propuesta de la ministra de Salud, Carolina Corcho, de quitarle recursos al sistema de salud en el proyecto de presupuesto que se analiza en el Congreso levantó ampolla. La funcionaria salió en una rueda de prensa para explicar su iniciativa, que tiene con los pelos de punta a todo el sector que ya se ha manifestado en contra. “Nos corresponde responder ante las mentiras que se han lanzado de manera irresponsable sobre situaciones del presupuesto y la situación de la salud. Infundios que están generando incertidumbre y zozobra”, dijo.

Vea la rueda de prensa del ministerio de Salud:

La funcionaria aseguró que se partía de unos supuestos. “Hay un déficit fiscal y el presupuesto no está aprobado”, dijo. Agregó que la presentación que hizo en el Congreso fue acordada con el Ministerio de Hacienda al que le habían mostrado esa iniciativa antes, y enfatizó que la administración anterior dejó un déficit de 5,5 billones de pesos.

En su intervención, le tiró dardos al Partido Centro Democrático. Dejó ver que siente que desde esa colectividad se han hecho tergiversaciones al proyecto que ella presentó. En sus declaraciones también se quejó de los “expertos” que, según la funcionaria, han hecho cuentas que no corresponden a la realidad. “Acusan con desinformación que hay una desfinanciación de la salud”.

“El presupuesto proyecto es el más alto de la historia. Es mentira que se haya disminuido el presupuesto de la salud”, dijo.

“Han dicho que nosotros vamos a inducir a una crisis de la salud. La salud ya está en crisis”, aseguró la funcionaria. Y mencionó algunas cifras, por ejemplo, que 30.000 mujeres gestantes no tienen hoy una debida prestación de salud. A quienes han dicho esa tesis los llamó “malintencionados”. “¿Cuáles son las validaciones éticas de este país ante la vida?”, se preguntó.

La ministra contó que el superintendente de Salud del gobierno de Iván Duque dejó en proceso de intervención a 11 EPS, razón por la cual no entendía por qué le achacaban al gobierno Petro la responsabilidad de querer acabar con esas entidades. El funcionario del actual gobierno, Ulahy Beltrán, también estuvo en la rueda de prensa y explicó la situación. “Obviamente son intervenciones para liquidar”, dijo. “Yo no llegué a liquidar las EPS. Ellas se van liquidando solas”, agregó.

Agregó que esas entidades han incumplido los pagos a las instituciones prestadoras del servicio de salud. Agregó que las deudas que aglomeran las entidades que están bajo vigilancia especial superan los cuatro billones de pesos.

El gremio de las EPS había lanzado una alerta de lo que estaba sucediendo con el sector. Según la Asociación de Empresas Gestadoras del Aseguramiento en Salud (Gestarsalud), gremio que reúne a 11 EPS del país, lo que Corcho anunció fue el posible “no giro de los recursos pendientes por el mecanismo transitorio de presupuestos máximos para el pago de servicios y tecnologías que están por fuera de lo cubierto por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que ya fueron prestados a la población en 2021 con los debidos soportes ante el Ministerio de Salud y la Adres”.

Estos pagos serían correspondientes a otras clases de servicios médicos ya prestados por estas entidades a usuarios en 2021 y en lo que va corrido de 2022, lo que representaría “una posible desatención de igual o mayor volumen de prescripciones para los usuarios en lo que queda de esta vigencia”.

Y, por otro lado, la ministra habría anunciado la “disminución de recursos para financiar la UPC en 2023 en el Presupuesto General de la Nación, que pasaría de 14,1 %, según lo estimado como necesario por el propio Ministerio de Salud, a 12 %”.

Esta reducción anunciada para el próximo año significaría, según Gestarsalud, “una disminución de 2,1 puntos porcentuales. Esto en números absolutos significaría disminuir los valores del rubro de aseguramiento de cuatro a 2,2 billones de pesos, sin tener en cuenta que para el año 2022 el incremento que se aplicó a la UPC fue del 5,6 % y hoy la inflación alcanza más del 9 %”.

Algunos de estos anuncios, según el gremio, derivarían en “un déficit en la disponibilidad de los dineros requeridos para continuar con la garantía de la prestación de servicios y la administración del riesgo en salud” de las EPS y una “afectación para las IPS y proveedores en el flujo de recursos en todo el territorio nacional”.