Denuncia pondría en aprietos a Peñalosa, a 28 concejales y al metro

El veterano representante a la Cámara Germán Navas Talero (Polo Democrático) tiene en su registro personal haber destapado dos de los mayores escándalos políticos de los últimos años en el país.

En el 2004, una denuncia suya destapó lo que Colombia conoció como la ‘yidispolítica’, o como la justicia lo determinó, la compra y venta de votos para aprobar la reelección presidencial en el Congreso. Otra, en el año 2010, dejó al descubierto las irregularidades en la financiación de la campaña del referendo para la segunda reelección. En ambos casos, la justicia le dio la razón. Por el primer caso terminaron presos hasta dos exministros; por el segundo, los promotores de la reelección estuvieron detenidos varios meses.

El congresista del Polo ha puesto una nueva denuncia. Esta vez en contra del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y 28 concejales del Distrito, a quienes señaló del delito de prevaricato. La denuncia también relaciona al secretario de Movilidad del Distrito, Juan Pablo Bocarrejo Suescún. Navas pide a la Fiscalía abrirles una investigación.

Metro sin estudios

La denuncia tiene relación con la forma como fue aprobado en el Concejo de Bogotá, y posteriormente sancionado por el alcalde Peñalosa, el plan de vigencias futuras excepcionales para el período 2017-2036, que no tenía otro propósito que garantizar los recursos para la financiación de la primera línea del metro.

Según lo establece la Ley 1483 de 2011, para aprobar las vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales, caso de Bogotá, se necesita una serie de requisitos, entre ellos los estudios técnicos de definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle del proyecto, para cuya financiación irían a estar destinados los recursos para aprobar.

El Concejo de Bogotá, en sesión plenaria del pasado 25 de abril, aprobó el Proyecto de Acuerdo 642 del 2016, que autorizó al alcalde mayor, en representación del Distrito Capital, para participar, conjuntamente con otras entidades descentralizadas del orden distrital, en la constitución de la Empresa Metro de Bogotá S. A., y además las vigencias futuras excepcionales por un valor de 4,1 billones de pesos con el propósito de cofinanciar la primera línea del metro.

Sin embargo, Navas asegura que dicho acuerdo fue aprobado sin los requisitos legales, pues el proyecto no contaba con los estudios técnicos para soportar dicha decisión. “Al proyecto de Acuerdo no se adjuntaron los estudios técnicos de definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle, debidamente aprobados por la oficina de Planeación de la entidad territorial, que son un requisito legal requerido para que las vigencias futuras excepcionales, como las que fueron autorizadas por el Concejo. Es más, sé que los mencionados estudios siguen sin ser presentados”, dice el congresista del Polo en la denuncia.

Un pronunciamiento de la Contraloría Distrital, del 20 de mayo, daría la razón al congresista. A propósito del Plan de Desarrollo de Bogotá, el organismo de control señaló: “(…) la propuesta de metro elevado mencionada en diferentes medios de comunicación por el alcalde no cuenta con los estudios detallados contemplados en la Ley 1483 de 2011 y en el Decreto 2767 de 2012; genera incertidumbre el hecho de que los estudios aprobados para la autorización de vigencias futuras excepcionales en la creación de la empresa metro corresponderían al metro subterráneo”.

Al hacerlo –señala la demanda–, el alcalde Peñalosa; el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarrejo Suescún, y los 28 concejales que aprobaron el acuerdo habrían incurrido en prevaricato.

Concejales, advertidos

Navas dice que los concejales estaban advertidos de la irregularidad, pues en la sesión de aprobación, concejales como Diego Molano, Jairo Cardozo y Emel Rojas presentaron constancias precisamente alertando la posible irregularidad.

“Es obvio que no se podría hablar de una errónea interpretación o de ignorancia de la ley, que tampoco les serviría de excusa. La contradicción entre su actuar y el derecho positivo es palpable, lo cual constituye un prevaricato” asegura Navas.

A Peñalosa le ha ido bien con el Concejo, que hasta el momento ha estado de su lado para aprobar sus proyectos. Uno de ellos, las vigencias futuras para la primera línea de Metro, que fue aprobada sin los estudios técnicos establecidos por la ley.

Por ese hecho el proyecto de infraestructura que más esperan los bogotanos podría quedar en veremos, y el alcalde y los concejales que lo aprobaron podrían tener consecuencias penales. La justicia, que dos veces antes le dio la razón a Navas, tendrá la última palabra.

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