La controvertida lectura del abogado de las FARC sobre las penas que deben pagar

El acuerdo sobre el punto de víctimas que pactaron el Gobierno y las FARC es un camino lleno de espinas. Se van a cumplir casi dos meses desde cuando se conoció a qué arreglo llegaron los negociadores en el tema de justicia. Pero, en el fondo, la información aún no queda del todo clara.

Este jueves, tras un encuentro del principal asesor jurídico de las FARC, Enrique Santiago, con la asociación de militares en retiro (Acore) quedaron más preguntas que respuestas del alcance que tiene el acuerdo de justicia.

Aunque la reunión fue reservada, Blu radio reveló algunas de las explicaciones que entregó el conocido abogado español sobre el acuerdo de justicia. Según dijo, las FARC “van a reconocer lo que es obvio y aburrido”, en relación con sus delitos. Es decir, no reconocerían todos los crímenes que la justicia y organismos internacionales de Derechos Humanos esperan que se endilguen.

Quizás eso fue lo que más llamó la atención de sus declaraciones: la simplicidad del lenguaje que utilizó para referirse al espinoso tema. De acuerdo con lo que expresó, “todo podrá ser amnistiable” salvo los delitos que los tratados y acuerdos internacionales prohíban. Ello aplicaría para los delitos conexos con rebelión, como se ha dicho.

El problema es que todavía no se sabe cuáles son y se teme que se cuelen por ahí conductas como secuestro extorsivo y narcotráfico. 

Las explicaciones que entregó Enrique Santiago han tenido eco. A pesar de que el texto divulgado en un principio por el Gobierno y las FARC contempla que los jefes guerrilleros paguen penas restaurativas de hasta ocho años, el asesor jurídico de esa guerrilla manifestó que pueden ser adecuadas a un máximo de cinco años.

Incluso, según las declaraciones que divulgó la cadena radial, se podrían conocer sanciones en un término máximo de dos años. Estas se ajustarían para conductas no tan graves, que podrán ser revisadas y modificadas, dependiendo del comportamiento del sancionado.

Sus palabras reviven los miedos en algunos círculos de la letra menuda del acuerdo. Ante casi 30 militares entregó detalles de lo que le espera a la guerrilla una vez sea sancionada bajo las reglas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y también se refirió al caso específico de los agentes de Estado.

Según dijo y como se sabe, quedó pactado que el Gobierno se reserva el derecho de establecer como se sanciona a los servidores oficiales involucrados en el conflicto. Sin embargo, se refirió a dos cláusulas de seguridad jurídica que quedaron consignadas en el documento final y que fueron una cuota de la guerrilla y que aún eran desconocidas.

Primero, en ningún caso se podrán imponer a los militares unas sanciones ni inferiores, ni más graves de las que establece el acuerdo. Sólo podrán cambiarle el nombre a la ley. En segundo lugar, el Gobierno no podrá aplicar a los militares una norma posterior a la jurisdicción especial.

Santiago entregó detalles hasta ahora inéditos. Al parecer, las partes tendrían en mente la creación de una comisión multinacional que -entre otras cosas- involucraría al Vaticano, para que escojan a algunos de los magistrados y fiscales que harán partes de los tribunales.

Como se ha dicho, el acuerdo de 75 puntos crea un nuevo sistema de justicia cuyos pilares son una comisión de la verdad, la búsqueda de desaparecidos, la reparación a las víctimas y una jurisdicción especial que permita investigar, juzgar y sancionar a todos quienes cometieron atrocidades en estos 50 años de conflicto.

Es un sistema de garrote y zanahoria, pues da incentivos fuertes para que guerrilleros, militares y civiles que se sometan a él, cuenten toda la verdad y reparen a sus ofendidos reciban sanciones que no necesariamente son la cárcel. Pero quienes no lo hagan pueden terminar hasta por 20 años tras las rejas.

Tiene la ventaja de que recoge los procesos que hay en otras instancias de la justicia. Además, es un tribunal de cierre, inapelable, lo cual les da seguridad jurídica a todos los involucrados. 

Queda ahora en manos del Gobierno dar a conocer a la opinión pública qué tan cierta es la lectura que hace Santiago del acuerdo pactado entre las partes en diciembre pasado, y aclarar si estos controvertidos puntos se corresponden o no con el texto final.