Enrique Vives Caballero salió del centro asistencial por decisión propia, omitiendo la orden de la jueza

Después de varios días del accidente de tránsito ocasionado por Enrique Vives Caballero, en el que el conductor en estado de embriaguez arrolló y le quitó la vida a seis personas y dejó a un menor en grave estado de salud, aún no ha sido posible que el responsable vaya a prisión, debido a algunas dilaciones que ha hecho ante las autoridades.

En una de las audiencias públicas de esta semana, la Clínica Perfect Body, en donde el señalado se internó recién ocurrieron los hechos, manifestó que Vives salió del centro asistencial por cuenta propia, haciendo caso omiso a la orden de la juez del caso, que había pedido que no saliera del lugar hacia un centro psiquiátrico para evitar la dilación del proceso.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Medicina Legal frenó de un plumazo las intenciones de Vives Caballero de evitar ir a prisión, al determinar que “las características no constituyen un estado grave o enfermedad grave incompatible con la vida en reclusión y puede tener un tratamiento ambulatorio”.

La jueza Olmis Cotes literalmente tuvo que perseguir a Vives Caballero, primero a la Clínica Body Perfect y luego a la Fundación Santa Marta por el Niño, una clínica donde evaluaría si tenían un problema psiquiátrico grave, y a la que llegó pese a que la jueza había sido tajante en que no podía ser trasladado.

Luego de muchas largas, por fin, a las ocho de la noche en compañía del Ministerio Público, la Procuraduría, los abogados de las víctimas y la defensa de Vives Caballero, en manos del abogado Álex Alberto Fernández Harding, la jueza Cotes leyó el dictamen de 15 páginas que fue contundente: la cárcel no es incompatible con las afectaciones mentales del empresario.

En la lectura que hizo la jueza Cotes explicó que le fue preguntado por su infancia, su época escolar y sus últimos años. Vives Caballero, según el documento, hacía referencia a problemas psicológicos y estados de ansiedad, que, sin embargo, no le impiden terminar en un centro de reclusión. Pues explicó la jueza puede asistir a terapias particulares o programadas por el sistema de salud penitenciario, porque puede ser un tratamiento ambulatorio.

“El examinado tiene una retractación adaptativa de tipo ansiosa, que para el momento actual no se constituye en algo grave o incompatible para la vida en reclusión normal”, leyó la jueza.

En otro aparte señala que “el examinado se encuentra incorporado en la cama y se sentía con algo de somnolencia, pero respondía las presuntas que se le hacían por parte de los médicos legistas.

Cumplida la lectura del documento, y al haber sido realizada la diligencia en la Fundación Santa Marta por el Niño, no pudo enviarse por internet el dictamen a las partes, por lo que la diligencia se aplazó para que leyeran la decisión y poder continuar con la diligencia de imputación.

“El despacho agotó este trámite, dados todos los tropiezos y establecido el estado normal del señor Vives Caballero el despacho continuará con la audiencia de imputación dejando plena constancia que esta funcionaria le preguntó cómo se sentía, y dijo que tenía mareo, somnolencia. Habló de la presencia de la procuradora Doria Guzmán, del custodio de la Policía y del representante de las víctimas Rodrigo Martínez”. Con base en esa respuesta, la jueza Cotes decidió continuar con la esquiva imputación.

Con esta decisión se inicia de manera formal, con la imputación, un caso que estaba rodeado de un rosario de irregularidades. Vives Caballero no solo estaba borracho, manejaba con exceso de velocidad, fue trasladado a hurtadillas a la clínica y el diagnóstico ha sido imposible de conocer por la juez. Además, el reporte de alcoholemia presentado por la Policía, pese a que estaba con grado tres alcohol (el más alto), las autoridades lo calificaron como grados dos, y se conoció que fue la Policía la que sin previo aviso permitió que llegara a la Clínica Body Perfect evadiendo la imputación.