Entes de control le ponen la lupa a los recursos para emergencia por coronavirus

Este viernes la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría anunciaron un plan conjunto para vigilar y evitar irregularidades en programas y servicios contratados para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus en el país.

A través del programa denominado ‘Transparencia para la Emergencia’, los tres entes de control y vigilancia verificarán el estricto cumplimiento de las medidas anunciadas por el Gobierno nacional, que desde el pasado 25 de marzo decretó aislamiento obligatorio a nivel nacional hasta el próximo 13 de abril.

Inicialmente, las entidades priorizarán asuntos contractuales relacionados con salud, seguridad y convivencia, educación, y servicios sociales y de atención de emergencias.

“No vamos a permitir que los recursos de los colombianos, necesarios en este momento para enfrentar la emergencia, terminen en los bolsillos de los corruptos”, aseguraron en un comunicado conjunto el procurador, Fernando Carrillo Flórez; el contralor, Carlos Felipe Córdoba y el fiscal, Francisco Barbosa Delgado.

En la comunicación también se anuncia que la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría “ejercerán la acción preventiva para garantizar el uso adecuado de los dineros públicos destinados a la asistencia de la población, constatarán que existan las condiciones esenciales para superar la situación causada por el virus, y actuarán con celeridad para investigar y sancionar los hechos de corrupción que sean identificados”.

Para tal fin, equipos especializados, conformados por personal de cada entidad, recibirán las quejas de la ciudadanía, identificarán los sectores más sensibles e intervendrán para blindar los procesos de contratación en los que exista riesgo. Esta articulación se hará con la coordinación de la vicefiscal general de la nación, Martha Janeth Mancera; del viceprocurador general de la nación, Juan Carlos Cortés González; y del vicecontralor general de la república, Ricardo Rodríguez Yee.

Toda la información será recopilada por la delegada preventiva para la función pública, 84 procuradurías territoriales y un grupo especializado de la Unidad de Inteligencia y Analítica de la Procuraduría, junto a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General, así como sus contralorías delegadas sectoriales y gerencias departamentales.