Bajo la lupa entidades que contrataron con Market Medios

Margarita Salas es una de las mujeres más respetadas en el mundo diplomático en el país, ese al que ha estado vinculada desde hace varios años. Aunque no se trata de una funcionaria perteneciente a la Carrera Diplomática y Consular, es decir, que no ingresó por concurso público, en la actualidad ocupa uno de los cargos más importantes en la embajada de Colombia en España. Allí llegó hace cuatro años después de ser la secretaria general del ministerio de relaciones exteriores. El pasado martes 22 de noviembre Salas fue citada por la Procuraduría para que rinda una versión libre el próximo 13 de diciembre. 

La razón: dar una explicación sobre forma cómo se realizó la adjudicación de un contrato a Marketmedios cuando estuvo en la Cancillería en el año 2012. Ella no es la única a quien el Ministerio Público está investigando. De hecho hace parte de una larga lista de funcionarios de una decena de entidades estatales que están bajo la lupa del Procurador General, Fernando Carrillo, quien ordenó la apertura formal de una serie de investigaciones por la entrega de millonarios contratos a esa firma.

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Marketmedios es una empresa de publicidad y eventos. Aunque es reconocida en el medio, en los últimos meses ese nombre se ha vuelto familiar para la mayoría de los colombianos. No es para menos. Se trata de una compañía que es de propiedad de la familia de Roberto Prieto, el exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos y quien durante todo este año ha estado en el ojo del huracán porque resultó salpicado por diferentes testigos dentro del escándalo de sobornos de la cuestionada firma brasileña Odebrecht.

A comienzo de este año, a las pocas semanas de explotar el caso y de salir a relucir el nombre de Prieto, diferentes medios de comunicación revelaron que en la última década Marketmedios había sido beneficiaria con la adjudicación de más de 60 contratos con el estado, los cuales superaban los 80 mil millones de pesos. Si bien Prieto no hacía parte de la empresa de su familia, el abultado volumen de contratos dio pie para despertar toda suerte de suspicacias según las cuales él presuntamente habría aprovechado su poder y cercanía con el gobierno para favorecer  la compañía familiar. 

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A raíz de esto la Procuraduría comenzó a investigar cada uno de los contratos. Buscaban determinar por qué se dio esa concentración contractual, como se conoce disciplinariamente el tema. Esto ocurre por tres causas principalmente. La empresa beneficiada gana al demostrar que tiene una capacidad superior a la de sus competidores, lo cual es perfectamente legal al imponerse en franca lid. Un segundo caso es que se trata de defectos en los procesos de contratación, lo cual lleva a que las licitaciones estén diseñadas de tal forma que sólo puedan ser adjudicadas a un solo proponente, lo cual es irregular. Y el tercer caso es por fenómenos típicos de corrupción en donde se adjudican los contratos directamente a dedo, lo que es ilegal.

Tras semanas de escarbar en cada uno de los contratos se descubrió que la gran mayoría de los adjudicados a Marketmedios no tenían mayor inconveniente. Sin embargo las pesquisas continuaron y hace poco los investigadores de la Procuraduría llegaron a la conclusión de que podía existir algo irregular en los contratos firmados por 10 entidades. Por tratarse de una empresa privada, la empresa de comunicaciones no es objeto de investigación por parte de la Procuraduría. Por eso el Ministerio Público decidió abrir investigación formal y llamar a declarar a una serie de funcionarios y exfuncionarios. El ministerio de Transporte, la Registraduría, el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Findeter, Planeación Nacional, Fontur, Fondo Nacional del Ahorro, y la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas son las entidades que están siendo inspeccionadas. “Se advierten posibles irregularidades en la contratación ejecutada por entidades del Estado con la empresa Marketmedios que ameritan ser investigadas disciplinariamente con el fin de determinar si se ajusta o no a los principios y normas y reglamentos aplicables en materia de contratación pública, particularmente en lo relacionado con la planeación, estructuración de la selección del contratista y ejecución..”, dice uno de los apartes del auto de apertura de la investigación fechado el pasado 27 de octubre.

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Los montos de los contratos cuestionados por la Procuraduría rondan los 20.000 millones de pesos y la mayoría tenían como objeto campañas publicitarias y de difusión. Otros la realización de eventos. Ese es el caso por el que está citada la diplomática Salas. Como representante legal del Fondo Rotatorio de la Cancillería tuvo que firmar algunos de los contratos que ganó Marketmedios para logística en la realización de la cumbre de las Américas en Cartagena en abril de 2012. Con la entrevista a la que está citada la Procuraduría busca despejar las dudas que existen en particular por una adición de 5000 millones de pesos que se hizo al contrato original. 

Dentro de las entidades que más ha llamado la atención de los peritos está el Ministerio de Transporte. Allí identificaron contratos por 4.000 millones de pesos adjudicados a Markertmedios. Según la Procuraduría el dinero con el que se cancelaron provino de empréstitos con del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, entidad a la que llegó en 2010 Roberto Prieto como representante de Colombia. 

Para el Ministerio Público también resultan sospechosos otra serie de adjudicaciones que hizo Findeter a Markertmedios por cerca de 3.800 millones de pesos en donde nuevamente aparece la conexión Prieto-BID. El Banco Interamericano desembolsó 600 millones de dólares a Findeter los cuales estaban destinados para una variedad de programas en diferentes alcaldías en Colombia como parte de la iniciativa gubernamental llamada Ciudades Sostenibles. La consecución de esos recursos  fue una de las banderas de la gestión de Prieto en el BID. No obstante los investigadores establecieron que el hijo del presidente de Findeter, que entregó los contratos a Marketmedios, había sido asistente de Prieto en el BID. Por ello los está investigando y el ministerio público establecer si por cuenta de esa relación terminó beneficiada la empresa de comunicaciones de la familia de Prieto. 

“Desde hace varios meses, el grupo de investigaciones de la Procuraduría comenzó a revisar las denuncias sobre la concentración y posibles irregularidades en la adjudicación de contratos a la firma  Marketmedios. Durante este tiempo el equipo de investigadores verificó los contratos y convenios en diferentes entidades con esa firma y se logró establecer que algunos estaban ajustados a la ley.  Pero también se ha evidenciado un patrón de concentración contractual que amerita una investigación formal. La investigación ha evidenciado posibles irregularidades en al menos 10 entidades. Por eso se comenzará a citar a funcionarios y ex funcionarios que tuvieron relación con esos contratos con el fin de tomar decisiones de fondo", dijo a SEMANA el Procurador General, Fernando Carrillo. El tema ahora comienza y esta parece ser la punta del iceberg de un caso que todos los días tiene un nuevo capítulo cuyo protagonista es quien fue uno de los hombres más cercanos del presidente.