"El asesinato de quienes más contribuyen a la paz es una vergüenza": ONU

Al término del Examen Periódico Universal, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, Kate Gilmore, la alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se refirió ampliamente al proceso de paz. Su voz es implacable, clara y comprometida en cualquier escenario. En una entrevista concedida a los medios de comunicación puntualizó cuáles son esos desafíos sobre los que hay que construir.

Desde el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra anunció que la ONU seguirá jugando su rol en el monitoreo de la documentación, la verificación y corroboración de hechos. "La defensa de los Derechos Humanos no sería nada sin esos datos. ¿Han visto una película que se llama Buscando a Nemo? En una línea que aparece en esa película dice: ‘Los peces son amigos‘, en este caso, los datos son nuestros amigos", manifestó. 

La segunda voz más autorizada para defender los derechos humanos en el mundo manifestó que es necesario evitar a tiempo más violencia como consecuencia de las víctimas no escuchadas, los datos ocultos o las políticas sin cumplir.  

¿Qué opina sobre los casos de corrupción en relación con los fondos para el proceso de paz?

Kate Gilmore: Tenemos varias preocupaciones respecto del proceso de paz. No investigamos específicamente el flujo de fondos, es una parte diferente de nuestra misión. Pero en general, lo que detectamos es que hay la necesidad de un liderazgo robusto e imparcial en este proceso de paz para protegerlo de las mismas razones que causaron el conflicto. En inglés tenemos una expresión: que la cura se convierta en la enfermedad. Eso nos preocupa mucho y en particular por las personas que más han sufrido, incluyendo aquellos que se encuentran por fuera de las áreas urbanas y que están directamente afectados por los procesos de desmovilización y reintegración. Nos preocupa mucho de qué manera la gente va a tener acceso a servicios sociales; cómo pueden retornar las economías locales; cómo mantenemos la prioridad en la salud, la educación y el empleo. Si las personas no pueden ver, vivir y recibir los beneficios del proceso de paz ¿por qué habrían de implicarse en él? Para mucha gente hubo muy buenas razones para empezar el conflicto aunque el precio fuera demasiado alto. Es sumamente difícil que en tiempos de transición las acusaciones de corrupción no se investiguen y se esclarezcan de manera imparcial; esto va en contra de la confianza y la fe de la gente. En particular, si todavía no disfruta de los beneficios que se les prometieron. 

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Si se llegaran a comprobar los temas de corrupción ¿cómo se afectaría el trabajo de la oficina directamente? 

K.G.: El trabajo del alto comisionado depende de una cosa: que exista el respeto al Estado de Derecho. Que existan ilegalidades no es usual, pero eso no significa que deba ser inevitable. Si el gobierno y personas cercanas al proceso de paz no cumplen con sus tareas e incurren en hechos de corrupción y de desvío de recursos, no significa que sea el fin del mundo. Lo que importa es que existan mecanismos de supervisión para poder reaccionar rápido de manera proporcional y justa. Lo que a la oficina del Alto Comisionado le interesa es que se respete el Estado de Derecho y que de manera transparente, el sistema de justicia desarrolle investigaciones justas para que los ciudadanos tengan confianza en el sistema. Que los que tenemos responsabilidades seamos capaces de responder por ellas. Todos cometemos errores y eso pasa en cualquier sistema en el mundo. No digo que esto sea una excusa, pero ocurre.

En inglés tenemos un refrán, que dice "cuanto más rápido mejor". El problema real es cuando esos errores pasan inadvertidos, nadie responde por ellos y no se solucionan.

¿Qué tan viable ve que la JEP cumpla su mandato?

K.G.: Soy totalmente realista. Estamos hablando de un sistema que está basado en el Estado de Derecho, en los estándares internacionales del derecho y busca ganarse la confianza de la gente. Solo necesitamos voluntad política. También necesitamos priorizar que ese sistema reciba el apoyo financiero y el respaldo para que logre ser un sistema íntegro y no un engaño a los ciudadanos. Esto siempre es un tema de apoyo político. Por eso es que tenemos gobiernos con poderes y responsabilidades. Nosotros decimos esta frase en todos los países del mundo: el sistema de justicia que ustedes tienen depende de lo que inviertan y del poder que quieran darle. Y antes que nada, necesitan igualdad, una representación justa, proporcionalidad en términos de cuáles son los casos que llegan a la justicia y un sistema judicial imparcial. Que se entienda primero que todo que su deber es con la ciudadanía y con los colombianos. El sistema debe ser justo y debe ser abierto al escrutinio de la gente.

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¿Qué tan viable ve usted esta situación en Colombia, especialmente en términos de respaldo político?

K.G.: Esta es una de las razones por las que la misión de la ONU está en Colombia. Colombia no necesita a la ONU para que tenga un rol como si el país fuera un Estado fallido. Lo que necesita es que Naciones Unidas sea un testigo de una administración justa de la ley y que sea un instrumento para darle al gobierno y a las autoridades reportes de realidades que no siempre son convenientes.

Tener un rol como el que tiene la ONU en un momento de construcción de paz como el que está viviendo Colombia es como ir al dentista. Usted no quiere ir al dentista, el trabajo del dentista es muy doloroso, quisiera con todas sus fuerzas tener que evitarlo, pero por otro lado, usted sabe que es bueno para usted. El problema es cuando el dentista no es lo suficientemente valiente porque ahí sí está en problemas. El trabajo del dentista, dentro de los estándares profesionales, es hacer lo necesario para que estemos sanos. Eso es lo que tiene que hacer la ONU. Nosotros tenemos estándares, tenemos que defenderlos y tenemos que ir a nuestras misiones con valentía y con equidad.

Estamos siendo testigos y debemos apoyar el proceso para que ese sistema de justicia que históricamente ha sido poco respetado por la gente recobre su verdadero valor en la sociedad. Mis colegas y yo creemos profundamente que esa confianza en el sistema de justicia, incluyendo el sistema de justicia especial, debe venir no del gobierno sino de la gente desde las raíces. Por eso es que en nuestro tiempo en Colombia hemos hecho tanto énfasis en este tema. Hemos querido salir de Bogotá hacia las comunidades en donde la gente ha vivido lo peor del conflicto. Es su confianza lo que tenemos que ganarnos.

La justicia real llega conversando con las partes y de una comprensión valiente de quienes tienen que encontrar la verdadera justicia. Eso no puede ser responsabilidad de un solo lado. La justicia debe ser imparcial. Eso es lo que la ONU puede ofrecer; nosotros debemos ser leales a los derechos de la gente y no estar en ningún lado del conflicto. Ir al dentista es un tema sensible y puede ser doloroso. Y no significa que el dentista siempre tenga la razón, pero hay que ir.

¿Cómo hacemos que esta voluntad política se vea reflejada en esta situación cuando la oficina ya había dicho que se están equivocando?

K.G.: La gente de Colombia es la que puede cambiar las cosas, no alguien de afuera. Lo que tenemos que hacer es posicionarnos del lado del proceso de paz para que llegue a la gente y no del lado del poder, del conflicto de intereses y de la incertidumbre. Esto a veces es difícil y es por eso que vuelvo sobre el mismo punto. Que nosotros en la oficina de Derechos Humanos sentimos una obligación de estar con la gente que más ha sufrido. No es que les demos voz, porque ellos tienen la suya propia, más bien lo que hacemos es ayudar dándoles un micrófono. Es decir, llevando sus voces a los más altos niveles de la autoridad y usar los estándares de derechos humanos para mostrar cómo se debe responder a estas voces. Cuando la gente dice que no confía, que ha sido sometida a crímenes que no han sido juzgados ni reconocidos sobre hechos de violencia del pasado, que el sistema de justicia la excluye, somos nosotros (como oficina) los tenemos que acudir a las autoridades y ponernos del lado de ellos. No del lado de los poderosos, ni de los privilegiados, ni de aquellos a quienes esas voces les resultan incómodas. Sino al lado de la gente. Es así como podemos contribuir al contexto político favorable para una paz duradera. El gobierno y las autoridades deben entender que deben rendir cuentas por eso. No estamos en un régimen de poder sino de responsabilidad frente a los colombianos.

¿Cómo lo hacen?

K.G.: De tres maneras: desde el punto de vista de la ONU, nosotros monitoreamos y reportamos. Ponemos la verdad, los hechos, las evidencia, muchas veces inconvenientes para el gobierno, que en la mayoría de los casos estarían felices de no saber. Por eso es que la importancia de nuestra oficina sea la documentación, la verificación y corroboración de esos hechos. La defensa de los DD. HH. no sería nada sin esos datos. ¿Han visto una película que se llama Buscando a Nemo? En una línea que aparece en esa película dice: "Los peces son amigos", en este caso, los datos son nuestros amigos. Es sumamente importante el monitoreo, los reportes y que hagamos públicas las evidencias que muestran si estamos haciendo las cosas bien o estamos fallando. Esos datos son los que nos dirán la respuesta.

La segunda cosa que debemos hacer es tener en cuenta que la única forma de que una sociedad cambie para mejorar es entregándoles  el micrófono a quienes han sufrido más que los demás. Cualquier instancia en la que se piense, cualquier hazaña en ciencia, literatura, política no ha existido por una tradición clásica sino por quienes han estado por fuera de ese sistema. Para nosotros la mejor manera de alejarse de ese conflicto es escuchando diversas voces en la mesa, experiencias diferentes para entender cuál es la situación del país. No está bien tener solo las voces de la élite o solo las de los generales, o de los altos políticos. No. Tienen que ser los que más han sufrido.

El tercer punto se basa en tener un plan de acción que pueda medir los índices de progreso que las autoridades deben rendirle a la ciudadanía. Esas son cosas que son posibles de lograr y así crear un círculo virtuoso: participación, recopilación de datos, escuchar a las víctimas y un plan de acción para darles respuesta a los afectados. Esto es lo que deberían lograr y no un círculo vicioso donde el sistema se rompe, es decir, unas víctimas que no son escuchadas, datos que están ocultos, políticas sin cumplir. Esto solo lleva a más violencia, más luto.

¿Cree que las medidas para la protección de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos tomadas por el gobierno han sido eficientes?

K.G.: Para ser honestos, estamos sumamente preocupados. Es claro para la ley y para el público que la pérdida de vidas, las lesiones personales y la intimidación no deberían estar ocurriendo. Nadie ha dicho que íbamos a prender un interruptor y pasar del infierno al cielo con el acuerdo de paz. No es la ausencia de paraíso. Lo que es inexplicable es que la gente siga perdiendo su vida. El contexto y las causas de lo que pasa en Colombia también ocurren en el contexto de la región, Latinoamérica es hoy el lugar más peligroso en el mundo para ser un defensor de derechos humanos, además de Siria e Irak. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Pasa lo mismo con los periodistas. ¿Cómo es posible que el lugar más peligroso para ser periodista sea México, además de Irak? ¿Qué demonios está pasando?

Estamos viendo que hay una infección en la región que yo considero muy dañina, que tiene que ver con el tema de corrupción del que hablamos al comienzo. Existe un apetito tan grande para progresar que está estrechamente relacionado con un concepto de desarrollo que tiene que ver con darle relevancia a los productos locales y los productos naturales de la región. Es más o menos como explotar todos los recursos del país para alcanzar estos beneficios estrechamente relacionados al desarrollo económico, pero no social ni ecológico.

Esas sociedades basadas en el desarrollo económico son las más vulnerables a la corrupción. Y me refiero a esto con el tema de los defensores de derechos humanos, especialmente los relacionados con el medioambiente, porque son ellos quienes denuncian las irregularidades que pueden existir cuando se le da relevancia al desarrollo económico. Cuando ellos levantan la mano y dicen que algo está mal, sabemos que muchos actores, incluyendo los no estatales, están relacionados con muchos asesinatos. Esto es una realidad. Por mencionar un ejemplo, Berta Cáceres, en Honduras, quien es uno de los ejemplos más claros de esta dinámica. Y esto es lo que está pasando en Colombia.

Es importante resaltar que lo que está pasando es diferente a lo que sucedía cuando el conflicto estaba activo y estamos ya empezando a pagar el costo si el acuerdo de paz no queda bien implementado. Esto va a acelerarse si no se maneja diferente, por eso estamos muy preocupados. Estamos viendo la pérdida de vidas y las amenazas, y vemos con temor que hay un contexto en el que los gobiernos de la región están viendo esta situación casi como aceptable, que las voces de la sociedad deben ser silenciadas y que los defensores de Derechos Humanos son una especie peligrosa. Que es casi aceptable y tolerable la pérdida de vidas cuando simplemente estas personas están levantando la voz y luchando por sus derechos. Esto hace parte de esas verdades que son inconvenientes para los gobiernos. En esto debemos estar del lado de la sociedad, no con los gobiernos que mantienen esta situación o no toman las decisiones acertadas. Siempre estaremos del lado de los defensores de derechos humanos.

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En ese sentido, ¿cree que el gobierno colombiano está haciendo lo suficiente?

K.G.: Mientras sigan muriendo nadie está haciendo lo suficiente. Deberíamos estar avergonzados por las muertes de las que hemos sido testigos. Todos los que estamos involucrados en la implementación de los acuerdos nos deberíamos sentir avergonzados de lo que está sucediendo. Es vergonzoso que en Colombia esta violencia siga sucediendo y esté dirigida a quienes más contribuyen a que la paz sea una realidad. El país añora la paz tanto como sufrió la guerra. Necesitamos defensores de Derechos Humanos porque son ellos los que están comprometidos en la construcción de un mundo diferente y son ellos quienes harán que la paz sea una realidad. ¿Ellos son los que tienen que ser asesinados? ¡Qué vergüenza!, eso no está bien. Nadie va a recuperar esas vidas. Estamos desgastando sus vidas, su talento, su conocimiento, su valentía y sus convicciones.

¿Qué efectos tiene en la estabilidad de la región la internacionalización del conflicto armado, especialmente en Ecuador?

K.G.: Ustedes saben mejor que yo lo difícil que ha sido esta situación para Colombia. Estamos hablando de Ecuador y de Venezuela, que son fronteras porosas, siempre ha habido movimiento de gente. No es un fenómeno reciente y lo que está pasando con los países vecinos se ve como una complicación para los colombianos y para el proceso de paz. Pero las opciones para el gobierno son trabajar con las comunidades locales y buscar respuestas con ellas. Nosotros hemos pedido y aconsejado que las autoridades locales estén más presentes en las comunidades de frontera, pero no estamos hablando de fuerzas armadas, estamos hablando de jueces, profesores, escuelas y servicios para el manejo el flujo de personas, servicios de trámite para personas que piden asilo. Indudablemente, la situación en Ecuador, Venezuela y otros lugares está muy lejos de reunir estas condiciones.

Ningún país en el mundo debería hacer de sí mismo una isla para solucionar sus propios problemas. No es posible ni es deseable, como no lo es que haya un muro entre Estados Unidos y México. No queremos una Colombia amurallada. Esa no es en absoluto una respuesta. Todo el mundo tiene derechos, independientemente de su nacionalidad, de cualquier lado de la frontera en el que se encuentren o de si se están movilizando en esa zona. Es un hecho. Para cumplir su rol, el Estado tiene que hacer presencia y hacerlo de manera proporcional, incluso en el envío de recursos. El presupuesto que históricamente se ha destinado a las Fuerzas Militares debe construir una nueva tradición de inversión en la población civil. De manera, que la presencia del Estado sea más civil. Esto incluye una actuación policial y una administración de justicia más justas y efectivas. Así como también proporcionar medidas de protección, esto no incluye lo que parece ser una tolerancia frente a la violencia que están viviendo los que están alzando sus voces.

¿El caso Santrich pone en jaque el proceso de paz con las Farc?

K.G.: El caso Santrich pone a prueba la credibilidad de la justicia, por las circunstancias de su captura, su huelga de hambre, etc. Hay estándares de seguimiento para esto que tienen que mantenerse, no es muy atípico. Hay estándares legales que deben ser sostenidos y él también tiene derechos. Los derechos son para los mejores y los peores entre nosotros. No perdemos nuestros derechos cuando no ganamos una elección, cuando cruzamos una frontera o cuando somos considerados como oposición o aunque haya acusaciones contra nosotros tenemos el derecho al debido proceso. Para nosotros este es un caso simbólico por su estatus y lo que representa, pero también es un caso de prueba como lo sería para cualquiera, independientemente de su identidad. Se trata de si el sistema de justicia es capaz de mantenerse en un punto de vista claro y objetivo para el Estado de Derecho y prevenir que sea contaminado por otras influencias. Esto va a ser importante para todas las partes implicadas, con lo que vuelvo a la idea inicial: un componente principal del acuerdo de paz es la construcción de confianza. Si la gente ve este caso como un mensaje de que no se puede confiar en la justicia esto tiene implicaciones muy graves. Ahora es el momento para que se haga una aplicación imparcial, justa y no discriminatoria de la ley. Esto incluye la garantía de los derechos de Santrich, que mantiene independientemente de la opinión que tengamos de él.

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¿Cuál es su mensaje para Colombia?

K.G.: Todo nuestro trabajo en países alrededor del mundo no se compara con el que hacemos en Colombia. No existe otro país en el mundo al que le tengamos tanto afecto como Colombia, sobre todo con nuestros colegas. Nuestra relación representa tantas cosas en términos de qué es lo peor que puede pasar a la gente y también lo mejor por su valentía y coraje. El proceso de paz a pesar de los contratiempos ha sido uno de los pocos momentos en los que mis colegas y yo hemos sentido esperanza y emoción. Nos sentimos muy conectados, como si hiciéramos parte de la paz que se merece Colombia. Es un país muy importante y apreciado en los escenarios internacionales. Hemos estado presentes en Colombia por décadas y estamos muy comprometidos por su situación no solo desde el punto de vista profesional sino también personal. Sentimos una obligación de ser solidarios con los colombianos. Hemos visto cómo colegas han sufrido un precio muy alto por conseguir la paz. Por eso, la consolidación basada en la consolidación de los derechos y a justicia en Colombia lo vemos como un reto para el mundo.

¿Cuál es el futuro de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia?

K.G.: Tenemos que seguir ganándonos el respeto de los ciudadanos. Si lo logramos, seguiremos ahí. Si no logramos consolidar la confianza, no importa cuál sea el mandato que tengamos, no estaremos haciendo lo correcto. Confiamos en que la gente en Colombia nos vea como unos colaboradores para consolidar su paz. En el minuto en el que no nos vean de esta manera, debemos irnos. Estamos determinados en seguir siendo aportantes a la causa de la paz, pero en últimas dependemos de los colombianos.   

Johanna Álvarez Quintero
Enviada Especial, Ginebra, Suiza.