“Nuestro legado será haber cambiado el fusil por un juez”: Ricardo Sabogal

SEMANA: Empecemos con una claridad ¿qué diferencia a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) de la Agencia Nacional de Tierras?

Ricardo Sabogal: La URT atiende a campesinos que perdieron sus parcela por el conflicto, ya sea porque no los dejaron permanecer en el territorio y tuvieron que huir, o porque alguien les hizo vender sus tierras por dos pesos aprovechándose de eso. Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras se encarga de formalizar la tierra, es decir, de entregarles los títulos de propiedad a los campesinos que no los tienen. Allá se ocupan de redistribuir tierra para aquellos que no tienen, y también de formalizar el derecho al territorio de las comunidades étnicas.

SEMANA: ¿Tras cinco años de trabajo a cuántos desplazados del campo les han restituido la tierra?
R.S.: A esta oficina han llegado 110.000 campesinos que perdieron sus tierras, el 80 por ciento de esos requerimientos ya están en manos de la entidad conociéndose el caso y cerca del 50 por ciento ya fue definido. Estamos hablando de más de 300.000 hectáreas que se han regresado a los campesinos. Tenemos todavía en procesos ante los jueces cerca de 500.000 hectáreas y seguimos trabajando.

SEMANA: ¿Cuál es la zona más complicada del país para el avance de la restitución?
R.S.:  Urabá es la zona más difícil. La complejidad de los factores armados ilegales, la geografía, lo que ha ocurrido con el territorio en toda la historia y lo que ocurre actualmente, todo ello hace que ir a Urabá para trabajar en restitución sea sumamente complicado. Tenemos una oficina en Apartadó. Estamos trabajando y calculo que los requerimientos allá están atendidos en un 40 o 50 por ciento por las complejidades señaladas, mientras que en el resto del país ya estamos en trámite del 80 por ciento de las solicitudes. En Urabá hay poderosos intereses que tocan el territorio y tocan a la gente, hay muchas personas interesadas en hacerse a pedazos de tierra porque son corredores de ilegalidad. Por la ubicación estratégica, allá la tierra tiene un gran valor y hay tensiones porque algunas zonas pertenecen a comunidades étnicas, no falta el que intenta de mala manera quedarse con un pedazo de tierra o atesorar lo que quitaron a punta de plomo.

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SEMANA: Donde hubo mucho plomo fue en las zonas controladas por las Farc, ¿en esos territorios cómo marcha la restitución?
R.S.: Ese es uno de los efectos positivos del acuerdo de paz, una buena parte de los territorios que antes tenía las Farc hoy están siendo intervenidos por restitución. En Caquetá ahora hay oficina y estamos caminando por los municipios buscando predios que la gente reclama y que les fueron arrebatados por la guerrilla. Lo mismo en San José del Guaviare, allá tenemos una oficina que está en la misma tarea. En Huila recientemente abrimos oficina para intervenir en esa zona que también fue muy afectada por las Farc. Ampliamos la intervención en el Tolima y ya estamos en el sur de ese departamento adonde antes no se podía entrar.

SEMANA: ¿Qué hay de las zonas que quedaron con minadas explosivas?
R.S.: La URT no devuelve un solo predio que tenga alguna alerta o incidente por minas. En esos casos, primero se limpia el territorio y luego sí se hace la restitución. Eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Caldas, Samaná donde primero va el batallón de desminado y después ingresamos nosotros. Eso ya lo hicimos en Montes de María, primero desminamos y después restituimos.

SEMANA: ¿Qué tanto obstáculo representan las bandas criminales y las disidencias?
R.S.: Tenemos un 25 por ciento de las reclamaciones que están en zonas donde estos actores armados hacen presencia. Eso nos genera dificultad para avanzar. Esperamos que los señores del ELN entre en razón y ojalá caminen el mismo trasegar de las Farc, que se desmovilicen y podamos así hacer restitución en las zonas donde están. En ese 25 por ciento estamos hablando básicamente del Catatumbo, Arauca, Chocó y Urabá. La presencia y fortaleza del Estado irá ampliando el alcance de la restitución. En Urabá estamos caminando, acompañados de la fuerza pública lo que hace el paso más lento, pero estamos caminando.

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SEMANA: ¿Y qué incidencia está teniendo esta época de campaña electoral en la restitución?
R.S.: El asunto está en el debate público de los candidatos. Hay algunos que ven en esta política un instrumento para hacer justicia con los miles de desplazados que hoy están engrosando los cordones de miseria de las grandes ciudades. Hay otros candidatos que creen que hay que reformar la ley que porque así como está a veces toca intereses que no deberían tocarse o afecta a ciertas personas. El tema está en el debate.

SEMANA: ¿Usted en qué postura se ubica?
R.S.: Para nosotros la ley tal como está es muy buena. Es una ley que está haciendo justicia con los campesinos que de no ser por este instrumento jamás podrían recuperar el patrimonio que perdieron por la guerra.

SEMANA: La ley de restitución de tierras, como proyecto, fue muy criticada por algunos sectores, ¿qué incidencia ha tenido la oposición política en la restitución?
R.S.: El Gobierno nacional entiende que esta es una política que pisa callos. Pero esta no es una política donde la gente recibe algo a cambio de nada, no. Aquí no se le regala nada a nadie, lo que se hace es devolverle la tierra al campesino. Y en ese sentido el Gobierno está muy tranquilo porque se están llevando jueces donde antes no los había. La labor del juez de restitución hace unos años la cumplía caprichosamente un señor con un fusil. El comandante paramilitar o el comandante guerrillero. Hoy son los jueces. Obviamente quienes se hicieron a grandes extensiones de tierra gracias a ese fusil no están cómodos y no falta sectores de la sociedad que defiendan ese tipo de acumulamientos. Este Gobierno nunca ha aceptado eso y por eso hizo aprobar la Ley de restitución de tierras. La directriz del Gobierno es que los jueces actúen y les devuelvan la tierra a los campesinos que nunca la debieron haber perdido.

SEMANA: ¿La infraestructura jurídica disponible para atender las reclamaciones de tierra es suficiente y adecuada?
R.S.: Arrancando la implementación de la ley se definió cuál era el músculo necesario para atender el proceso y hoy hay un número significativo de jueces que todos los días están expidiendo sentencias. Tenemos 54 jueces a nivel nacional que están de planta todos los días atendiendo exclusivamente el tema. Y el Gobierno viene trabajando de la mano de la Judicatura para llevar más jueces a aquellas zonas donde el proceso es mucho más complejo o donde hay mayor número de casos, esas zonas se están reforzando a través de la figura de jueces de descongestión que serán inyectados por la Judicatura. Se está cumpliendo. En este momento hay en los despachos de los jueces hay cerca de 15.000 casos.

SEMANA: ¿Qué pasará con la URT si llega un gobierno crítico de este?
R.S.: La tarea de este Gobierno frente a este tema fue el de un compromiso extremo. Al finalizar la gestión los casos se habrán estudiado en cerca de un 80 por ciento, ya quedará en manos de los jueces la decisión final. Frente a la posibilidad de que con el cambio de Gobierno se dé un viraje hay que recordar que esta no es una política de gobierno sino una ley de la república que obviamente recibió todo el impulso e interés de este Gobierno. Acá se habían robado la tierra toda la vida y nadie le había metido la mano a eso. Este Gobierno sí lo hizo. El propósito de devolverle la tierra a los desplazados está consignado en una ley que tiene vigencia hasta el 2021, esperamos que se cumpla. Que la Ley 1448 se cumpla aun cuando ya no esté el presidente Santos, y que sean los jueces los que sigan impartiendo justicia con base en esa ley.

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SEMANA: ¿Qué caso de restitución le provocan mayor orgullo?
R.S.: Todos los casos donde el ganador es una mujer viuda son motivo de gran orgullo. En Santander hemos tenido viudas restituidas, también en los Montes de María. Devolverle el pedazo de tierra a un campesino es devolverle la vida, la esperanza.

SEMANA: ¿Y cuál es su mayor frustración?
R.S.: Los casos donde alguien disparó y le quitó la vida a un reclamante. Es triste y frustrante para todos como país. Eso nunca debería ocurrir, nunca alguien debe quitarle la vida a otro por un pedazo de tierra, son los jueces quienes deben decidir, nunca nadie más haciendo justicia por mano propia porque eso nos ha llevado a tener una guerra tan larga y con tantos resentimientos. Han muerto 20 personas que tenían la condición de reclamantes, no necesariamente el móvil fue el reclamo de la tierra, pero tenían la condición de reclamantes. Cuando salgo a los territorios me alegra observar que si alguien gana o pierde es una determinación de un juez, fue un juez el que lo dijo y no alguien con un arma. Fue un juez investido con la majestad de la Justicia. Por eso la mayor frustración es cuando eso se arruina con el crimen de un reclamante.

SEMANA: ¿Qué va a hacer cuando llegue el nuevo gobierno?
R.S.: Por lo pronto estamos alistando la entrega de la URT a la persona que gane la Presidencia. Tengo la tranquilidad del deber cumplido y ya veremos qué hacer a partir del 8 de agosto. Nuestro legado será haber logrado cambiar el fusil por un juez. El Estado está llegando a donde nunca había estado. Eso es modernidad y un cambio brusco y oportuno para Colombia.