“El Sistema Interamericano debe ser fuerte e imparcial”

SEMANA: Vayamos al grano: ¿el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, tanto la Comisión como la Corte, requiere ajustes?

CAMILO GÓMEZ: El Sistema Interamericano para la protección de los Derechos Humanos es fundamental, bajo ninguna razón la propuesta es acabarlo, sino fortalecerlo. Esa instancia está gastando en promedio 21,3 años en resolver la petición de una víctima. ¿Cuál protección efectiva de los derechos humanos se da así? Un sistema fuerte es indispensable, no como está hoy.

SEMANA: ¿El Sistema Interamericano está tan mal?

C.G.: Solo le voy a dar unos datos consolidados a 2019. Mire, contra Colombia hay presentadas 3.273 peticiones, de las cuales han sido admitidas 1.119 y hay 1.828 en estudio. Están admitiendo peticiones que datan del año 2012 y estamos en 2020. El Sistema Interamericano fue creado cuando en América Latina predominaban las dictaduras y hoy tenemos democracias, salvo en Venezuela y Nicaragua. Se requiere una Corte más fuerte, efectiva, rápida y eficiente. Fíjese, el caso de Petro se tardó cinco años mientras que el resto tarda 21,3 años. Eso es muy difícil de explicárselo a una víctima. 

SEMANA: Petro no es el único, el exministro Andrés Felipe Arias y casi todos los parapolíticos condenados también han acudido al Sistema Interamericano

C.G.: Así es. Nadie desconoce que los Estados tienen fallas y muchas veces no hay aplicación debida de la justicia, eso tiene que corregirse. Pero no puede ser un sistema que intente cogobernar o desconocer la justicia interna. Aquí se creó la JEP para todos los casos relacionados con el conflicto. Es un avance importante y con el cual no tiene sentido que los implicados en el conflicto acaben internacionalmente juzgados. El Sistema Interamericano debe ser estrictamente para cuando no haya justicia interna. Además, las estadísticas muestran que a Colombia no siempre la tratan objetivamente. Somos el país al que más casos le abren. ¿Por qué?

SEMANA: Por cuenta del conflicto este es uno de los países donde más se violan los derechos humanos. ¿Eso no explica el elevado número de casos?

C.G.: Yo no comparto que Colombia sea uno de los Estados donde más se violan los derechos humanos. Hemos hecho esfuerzos desde hace muchos años por fortalecer la protección de los derechos humanos. No es perfecto, pero es innegable que hay avances, desde luego se registran casos absurdos como el de la niña indígena... 

SEMANA: ¿Pero entonces qué explicación le encuentra?

C.G.: El elevado número de casos ante el Sistema Interamericano se da porque existe una estrategia de litigio internacional para demeritar los esfuerzos de Colombia. No me cabe duda de que hay gente especializada en demandar por demandar. Vemos el caso reciente de las Farc, que piden medidas cautelares sin haber siquiera esperado el resultado en la justicia colombiana. Y, nuevamente, el caso Petro, que pidió medidas cautelares sin esperar el resultado de la justicia interna, que entre otras es mucho más rápida porque en Colombia los procesos no se demoran 21 años. 

SEMANA: Cómo entender que esta propuesta obedece a una preocupación legítima y no a que como nos va mal, queremos reforma...

C.G.: A Colombia no le ha ido tan mal, por lo menos en este último año y medio hemos logrado avances importantísimos. Por primera vez se han archivado 120 casos. No queremos una reforma porque a Colombia le vaya mal, es porque el sistema debe funcionar.

SEMANA: Hay muchísimos casos en que primero llega la justicia por el Sistema Interamericano que por la justicia interna.

C.G.: No es una carrera de quién actúa primero. El Estado colombiano no desconoce que tiene problemas. La Comisión se volvió una quinta instancia en Colombia, eso no puede ser. El Estado ha cometido errores, lo reconoce y resarce a las víctimas en lo posible. Pero, ¿tiene sentido que las megapensiones se estén discutiendo en el Sistema Interamericano?

SEMANA: ¿El tribunal de la OEA tiene como uno de sus casos el lío de las megapensiones?

C.G.: Es que a la Comisión llegan peticiones absurdas y lo más sorprendente es que son admitidas. Hace poco llegó un caso increíble: un accidente de tránsito contra un ciclista. Estoy hablando en serio: es un caso real ocurrido en Colombia, donde no tuvo ni siquiera trascendencia penal y acabó llegando a la Comisión Interamericana. Hay otro de una familia contra la sede del Consejo Superior de la Judicatura, en el Eje Cafetero, porque son vecinos y hay una pared con humedad. El pleito no se resolvió ante la justicia colombiana y llegó al sistema interamericano. 

SEMANA: ¿El problema es de agilidad en el trámite de los casos o es un lío político por la selección y estudio de estos?

C.G.: Es una mezcla de factores. No puedo dejar de lado que en la Comisión uno ve cierto grado de politización. Allí hay un sistema de lobby importante, la izquierda hace litigio estratégico ante la Comisión. Eso no es un secreto para nadie. Muchas veces la Comisión es usada como un instrumento político. No soy de izquierda y espero que de viejo no me vaya a dar por ahí... Lo que creo es que los derechos humanos no tienen un tinte político, no son ni de la izquierda ni de la derecha, son de todos.

SEMANA: La derecha también hace lobby en la Comisión...

C.G.: No conozco tanto lobby de la derecha. Conozco sí mucho colectivo que viajaba bastante a Washington.

SEMANA: ¿Cuál es la reforma que propone?

C.G.: Son cuatro ejes: 1) Al sistema deben llegar los casos que tengan relevancia sustancial, o sea, debe haber una política de priorización y relevancia. El caso de la humedad en una pared no puede llegar allá y menos abrirle un trámite. 2) Se deben aplicar criterios de acumulación y desglose de peticiones, por ejemplo, si hay muchas peticiones similares, que se forme un caso. 3) Hay que encontrar una fórmula para que el esfuerzo de los países por agotar los recursos internos sea valorado. 4) Fortalecer la Corte; ojalá, por ejemplo, tuviéramos magistrados permanentes y con control sobre los actos de la Comisión misma.

SEMANA: El procurador Ordóñez destituyó a Petro de la Alcaldía y por antecedentes de un caso similar en Venezuela, uno creería que se avecina un fallo desfavorable para Colombia en ese pleito ¿Su propuesta no es para anticiparse a ese escenario?

C.G.: Nada tiene que ver con el caso Petro. Tiene que ver con el interés de Colombia y varios países más de fortalecer el Sistema. Además, no creo que la Corte vaya a fallar en contra de Colombia porque demostramos que los recursos internos operaron. La propuesta no se hace por un caso específico, sino porque es importante que el Sistema cambie.

SEMANA: ¿Qué trámite ha tenido la propuesta de reforma?

C.G.: Eso le corresponde a la Cancillería. Yo, como director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, he conversado con los abogados de Paraguay, Chile, Perú y Brasil, con quienes hay coincidencias. Trabajo coordinadamente con la Cancillería para la defensa de los casos, pero no descarto que me jalen las orejas por proponer este tipo de reformas, igual se la presentaré al presidente Duque. Mi obligación es hacer propuestas donde veo que hay problemas.

SEMANA: De otra parte, Odebrecht sigue mostrando los dientes a Colombia con tribunales internacionales.

C.G.: Así es, ahora llegó otra carta de intención de demanda. No sabemos qué motiva a la compañía a mandar una nueva comunicación insistiendo en que Colombia no ha querido llegar a un acuerdo y que, por tanto, continuarán con la demanda. En varias reuniones con Odebrecht les dije lo mismo: la base de cualquier acuerdo es que digan la verdad y que nos digan cómo van a indemnizar a Colombia por los daños que causaron. Los actos de corrupción causan un daño al Estado y a la comunidad, el daño por los retrasos en la Ruta del Sol es inmenso. 

SEMANA: La carta produce indignación y es absurda porque en uno de los ítems reclaman indemnización por todo lo que Colombia los sancionó.

C.G.: Como se dice popularmente, ellos creen que ahora les salimos a deber. Vienen, sobornan, meten plata en la campaña Santos ilegalmente, obtienen contratos corruptos, no cumplen con las obras y quieren que les paguemos. Pero no solo es esta demanda en la que reclaman 3,6 billones de pesos, recuerde que tenemos un tribunal de arbitramento internacional que está constituyéndose por otros 2,2 billones. Estamos hablando de casi 6 billones de pesos que, según Odebrecht, les debemos. Vamos a defender a Colombia, seguramente presentaremos contrademandas. Hay que partir de una base: el inversionista tiene derechos, pero sobre todo tiene obligaciones. Y la primera es cumplir con la ley. Luis Carlos Sarmiento hijo me mandó una carta diciendo que ellos se habían opuesto internamente, pero la demanda está a nombre del consorcio.

SEMANA: La Fiscalía se negó a negociar con los directivos brasileños que pedían inmunidad a cambio de esa verdad. ¿Será que el nuevo fiscal destraba esto?

C.G.: Confío plenamente en que el nuevo fiscal general profundice y tome sanciones ejemplares. Colombia, entre otras cosas, necesita la verdad completa para que esto no se vuelva a repetir. Muchas veces no es ni siquiera solo la plata, es la verdad. Para que Odebrecht ni ninguna otra compañía repitan tales operaciones de soborno.

SEMANA: A propósito, usted estuvo ternado a la Fiscalía. ¿Cómo ve la gestión del fiscal general?

C.G.: Me parece que el fiscal Barbosa tiene en sus manos la posibilidad de demostrarle a Colombia cómo en un caso como Odebrecht sí se puede conocer la verdad y sí se puede sancionar a todos los responsables.