¿Cómo va la paz? Dos miradas

SEMANA: ¿Cómo encontró el proceso de implementar la paz?

EMILIO ARCHILA: El acuerdo tiene muchos frentes y las temporalidades para cada uno son diferentes. En cuanto a las garantías políticas, la transformación de las Farc en partido; en lo que respecta a la justicia transicional, la creación de la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y el Centro de Memoria Histórica; la atención a las víctimas; los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y la estabilización de las zonas más afectadas por la violencia; la reincorporación de los excombatientes; y la sustitución voluntaria de coca. Encontramos que en unos frentes se ha avanzado más que en otros.

SEMANA: ¿En cuáles?

E.A.: En los procesos de otros países, darles espacio político a los excombatientes se demoró años. En nuestro caso fue rápido. En lo que hace a la justicia transicional (JEP), en dos años hubo cambios constitucionales, diseño del reglamento, selección de los magistrados y ya tienen varios procesos andando. Esos han sido dos de los frentes que arrancaron con velocidad. Otras áreas las encontré sobreprometidas, subplaneadas y no financiadas.

SEMANA: ¿Cuáles frentes van más atrasados?

E.A.: Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) debían ser 16 y nos entregaron 2. Sin embargo, en este momento ya tenemos 12 formulados y vamos a tener los 16 para el 15 de febrero de 2019. Por el lado de la sustitución voluntaria, la administración anterior fue exitosa convenciendo a las familias para que se involucraran, pero hubo poca planeación para poder cumplir con los tiempos establecidos. El programa de sustitución tiene muchas etapas que requieren una planeación muy completa y eso no se estaba haciendo bien. Esos retrasos han generado descontento en los territorios, y he tenido que ir a muchas partes para que entiendan que esas demoras no significan que el gobierno tenga la intención de incumplir. Al desarrollo rural le hacía falta visión integral y ritmo de cumplimiento.

SEMANA: ¿Cómo avanza la reinserción y reintegración de los 13.000 desmovilizados?

E.A.: El presidente Duque ha reiterado que quienes no traicionen su proceso regresando al delito, pueden contar con nosotros. En esas condiciones, el gobierno tiene que velar por la seguridad de los excombatientes, hemos sido diligentes con los que están en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR), con los que se han asentado fuera de ellos y con los líderes de esa colectividad. La otra gran responsabilidad tiene que ver con el proceso mismo de reincorporación, en el que se les debe dar estabilización psicológica, capacitación laboral, generación de empleo y proyectos productivos, y acompañamiento para que no sean estigmatizados en las localidades que escojan para su vida definitiva. Estamos haciendo un censo que nos va a permitir planear cuidadosamente las fases que precisan ese refuerzo.

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SEMANA: ¿Los aspectos de la implementación que van a priorizar coinciden con el plan de gobierno del presidente?

E.A.: Cumpliremos lo que le corresponde al gobierno nacional. Pero recordemos que la Corte Constitucional dijo que, aunque eso implica una política de Estado, no es la única y que, por ello, no podemos abandonar el resto de políticas. Entonces, tenemos la responsabilidad en el gobierno de diseñar las prioridades para hacerlas viables y armónicas con las otras políticas. Y lo estamos haciendo.

SEMANA: ¿El Ejecutivo va a impulsar lo que falta de la implementación en temas legislativos?

E.A.: El gobierno no tiene ninguna intención de frenar el proceso. Existen unas prioridades y obligaciones, pero también hay que tener claro que se trata de una intervención profunda que está pensada y, en efecto, necesita que se ejecute en 15 años.

SEMANA: ¿Cuál es, como senadora de la Farc, su balance del acuerdo de paz dos años después?

GRISELDA LOBO: Ese balance tiene una dimensión positiva y una negativa. Comenzaré por la primera. En este momento somos una fuerza política con representación en el Congreso, desde donde seguiremos impulsando nuestras banderas. Además, le dimos fin a 53 años de conflicto y, aunque aún hay muertos, desplazamientos y desapariciones, la intensidad de la guerra disminuyó. A eso se suma que la sociedad se hizo consciente de que en Colombia había un conflicto armado, que las Farc tenían una visión de país y que al llevarla a La Habana abrió una ruta de reconciliación. Finalmente, vale la pena destacar que el acuerdo está blindado por las Naciones Unidas y la Corte Constitucional.

SEMANA: ¿Y lo negativo?

G.L.: Además de incumplimientos en la implementación, notamos que hay una bipolaridad del gobierno frente a la paz. Ante la comunidad internacional asegura que lo cumplirá, y en el día a día de la política actua de otra manera. Para citar un caso, en el trámite de las curules de paz para víctimas, el Ejecutivo no hizo nada por salvar el quorum y dejó hundir la iniciativa con el argumento de que no se mete en los asuntos del Congreso. Sin embargo, la ministra del Interior y el consejero político sí tuvieron un papel protagónico en el intento por modificar la estructura de la JEP. También nos preocupa que la implementación esté desfinanciada.

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SEMANA: ¿Cuál es ese balance en los territorios?

G.L.: Estuvimos en el espacio territorial de capacitación y reincorporación (ETCR) ubicado en el Catatumbo. Allí vimos que hay un incremento en la fuerza pública, pero poca inversión social. En el ETCR de Caño Indio, tenemos un plan de sustitución de cultivos andando, y en las veredas aledañas ya no hay coca. El gobierno ha cumplido en darles el estipendio mensual y temporal a las familias que sustituyen. Pero ha faltado avanzar en proyectos productivos de largo plazo, con capacitación y mercadeo. Si en eso no se avanza, vamos a volcar a la población a que vuelva a hacer lo mismo.

SEMANA: ¿Cómo ha sido, después del cambio de gobierno, la interlocución con las instancias estatales encargadas de la paz?

G.L.: El gobierno hace su propia lectura del acuerdo. Muchos funcionarios aseguran que es suficiente que la Farc tenga representación en el Congreso. Además, no están haciendo de manera permanente las reuniones de la Comisión de Seguimiento (CSIVI). A eso se suma que para el gobierno lo fundamental es la reincorporación de la base guerrillera. Sin duda, esta es clave, pero el acuerdo firmado en La Habana va más allá de una simple desmovilización: implica una reincorporación colectiva y desarrollos normativos para atacar las causas del conflicto. Finalmente, en el tema de los proyectos productivos, hay que destacar que solo están funcionando 2 de 17 aprobados.

SEMANA: Iván Márquez en carta reciente se quejó de la implementación. ¿Cómo vio la bancada de la Farc ese texto?

G.L.: Iván Márquez hizo su propia lectura de lo que significaba la firma del acuerdo. Nosotros teníamos conciencia de que la firma no implicaba un camino de rosas, pero decidimos transitarlo, por complejo que fuera, con las herramientas de la política y la Constitución. Seguiremos trabajando por el acuerdo y por la equidad social, con la conciencia de que hay incumplimientos. Nos toca persistir en la paz agarrándonos de las herramientas del Estado social de derecho porque hoy jugamos con sus reglas.

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SEMANA: ¿Cómo ve, desde la política, el tema de las disidencias?

G.L.: Más que de disidencias, hay que hablar de personas que no están en el proceso. En algunos casos, la incertidumbre de la implementación ha originado que personas hayan ido a rearmarse en Cauca, en Nariño, en el Catatumbo y en el Meta. De ahí la importancia de que el gobierno le meta el acelerador a la implementación, pero también a los avances sociales que puedan derivar en pactos políticos de no usar las armas.