"La Ocde debería pedirle cuentas al Gobierno sobre el drama de La Guajira": Vivanco

Colombia, según lo anunció el presidente Juan Manuel Santos, está en la recta final para entrar en el selecto club de 35 países que promueven las buenas prácticas de gobierno. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde) le ha dado el visto bueno en casi todos los aspectos al país, lo que llevó al presidente Juan Manuel Santos a anunciar desde Canadá que confía en que en el primer trimestre de 2018 el país será finalmente admitido.

Esta fue una de las metas que se propuso el primer mandatario desde el comienzo de su gobierno y ahora que está en sus últimos detalles, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Whatch advierte a los directivos de esta organización de un lunar en los compromisos que tiene el país. 

En un informe entregado al secretario general de la organización, Ángel Gurría, HRW alertó por la muerte de 81 niños indígenas en menos de cinco años por desnutrición. "Con o sin nuestra intervención, la Ocde debería inevitablemente pedirle cuentas al Gobierno sobre el drama de La Guajira", aseguró.

SEMANA: ¿Cuál fue el panorama que encontró Human Rights Watch en La Guajira?

José Miguel Vivanco: Visitamos La Guajira en agosto de 2016 y junio de 2017 para evaluar la crisis humanitaria de los wayúu y las medidas adoptadas por las autoridades –nacionales, departamentales y municipales- para reducir las muertes de niños por desnutrición. En general, encontramos una situación francamente desoladora, debido a la enorme escasez de alimentos, agua y el acceso sumamente limitado a servicios públicos básicos.

SEMANA: ¿Cree que Colombia corre riesgo de ser reprobado de su examen ante la Ocde por el drama de los niños en La Guajira?

J. M. V.: Mire, no quedan dudas de que el gobierno de Santos ha logrado proyectar una estupenda imagen internacional, en gran parte, gracias a sus esfuerzos por llevar adelante a toda costa el proceso de paz con las Farc. En este sentido, es probable que el presidente Santos logre reunir el apoyo internacional necesario para acceder a ese club de países desarrollados que es la Ocde, lo cual es una de las grandes aspiraciones del presidente. Sin embargo, el tema va mucho más allá: la Ocde debe examinar, entre otras, las políticas sociales de Colombia, incluyendo las graves falencias que sufren los indígenas en La Guajira y también evaluar si las autoridades están tomando las medidas necesarias para impedir que sigan muriendo de hambre los niños wayúu. Entre enero y agosto de este año fallecieron por desnutrición, según estadísticas oficiales, al menos 24 niños indígenas menores de cinco años. La evaluación de Colombia para su ingreso a la Ocde es la oportunidad para preguntarse por qué se da este dramático fenómeno y qué se debe hacer para superarlo.

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SEMANA: ¿HRW se opone a que Colombia sea admitida como miembro de la Ocde?

J. M. V.: Nosotros no nos oponemos de ninguna manera a que Colombia ingrese. Sin embargo, lo que ocurre —y esto creo que no se conoce suficientemente en Colombia— es que justamente este mes uno de los tres comités de la Ocde que va a evaluar a Colombia y tiene precisamente la tarea de determinar si el actual gobierno ha implementado o no las medidas eficaces para apoyar a grupos vulnerables y combatir la pobreza. Creo que es obvio que dicho comité, con o sin nuestra intervención, inevitablemente debería pedirle cuentas al Gobierno sobre el drama de La Guajira.

SEMANA: Human Rights Watch se opuso al tratado de libre comercio entre EE.UU. y Colombia en 2008. ¿Cree que está situación es similar?

J. M. V.: En efecto, en 2008 nos opusimos al tratado de libre comercio entre EE.UU. y Colombia debido a las altas tasas de homicidios de sindicalistas y, junto con organizaciones sindicales, logramos frenar el tratado por varios años. Esta situación es parecida, pero hay diferencias importantes. Primero, en esta ocasión, no nos oponemos al acceso de Colombia a la Ocde, aunque sí creemos que, antes de ingresar a ese prestigioso club de países ricos, las autoridades deben explicar qué harán para resolver la mortalidad de niños indígenas en La Guajira.

Además, la situación es distinta en otro aspecto: el presidente Uribe, si bien tenía apoyo del presidente George Bush, generaba rechazo en el Congreso de EE.UU. por su pobre récord en derechos humanos. La situación del presidente Santos es muy distinta debido al prestigio alcanzado gracias al proceso de paz.

SEMANA: En Colombia todas las instancias judiciales y también el sistema interamericano se han pronunciado por los problemas de desnutrición de niños en La Guajira, sin embargo, es una situación que no se ha podido resolver. ¿Qué efecto han tenido estas decisiones judiciales?

J. M. V.: Hasta ahora, las autoridades no han tomado medidas eficaces frente a la crisis humanitaria, como lo piden la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Constitucional. De hecho, según estadísticas oficiales, 81 niños indígenas de menos de cinco años murieron de desnutrición en La Guajira entre enero de 2016 y agosto de 2017, es decir, fallecieron en promedio cerca de un niño por semana desde que la CIDH instó a las autoridades colombianas a ocuparse de la crisis en diciembre de 2015.

SEMANA: En cuanto a las medidas diseñadas por el Estado colombiano para combatir la pobreza ¿qué comentarios tiene HRW?

J. M. V.: Para empezar hay que subrayar que muchas de las propuestas del gobierno para La Guajira parecen prometedoras y bien intencionadas, pero no se implementan de forma adecuada. Por ejemplo, hasta las personas encargadas de los programas de alimentos del ICBF nos decían que con frecuencia los alimentos no alcanzan y a veces llegan en mal estado. Del mismo modo, los médicos y enfermeros de la zona nos dijeron que los programas de salud llamados “grupos extramurales” no cuentan con medicamentos, lo cual obviamente debilita la respuesta que pueden dar para ayudar a las comunidades afectadas por el hambre. También examinamos varios pozos de agua, la mayoría de los cuales no funcionaba adecuadamente. Algunos no tenían agua y otros sólo daban agua salada. Incluso en una comunidad nos dijeron literalmente que “ni los animales toman el agua” del pozo porque era demasiado salada.

SEMANA: ¿Qué papel juega la corrupción en el difícil panorama en La Guajira?

J. M. V.: Sin duda la corrupción es un factor que contribuye a agravar esta situación. En una comunidad tras otra encontramos pozos de agua o clínicas que podrían ayudar a enfrentar la crisis, pero que al parecer debido a la corrupción, nunca habían funcionado y estaban abandonados. De hecho, los fiscales en La Guajira han abierto 1.125 investigaciones por casos de corrupción ocurridos en los últimos 10 años, incluyendo al menos 35 casos donde aparentemente se robaron los recursos destinados a garantizar el acceso al agua, alimentación y educación. Esto incluye una investigación por posible corrupción en la ejecución de un préstamo de 90 millones de dólares del Banco Mundial para mejorar el acceso al agua en el departamento.

Para acabar con esta plaga, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, debería asignar más fiscales a investigar la corrupción en La Guajira. Cuando visitamos La Guajira, había solamente dos fiscales dedicados exclusivamente a investigar denuncias de corrupción. Uno de ellos tenía más de 500 causas a su cargo. Por muchos esfuerzos que hagan, no es posible que logren avances significativos. Por eso, si bien ha habido arrestos muy importantes a políticos prominentes del departamento, sólo se han logrado 7 condenas por corrupción.

SEMANA: Algunas autoridades colombianas han alertado por lo que influye el tema cultural en la superación de la crisis, ¿qué encontraron ustedes al respecto?

J. M. V.: Veamos, en La Guajira, según estadísticas oficiales, menos del 7 por ciento de las comunidades wayúu tienen acueductos, menos del 11 por ciento de los hogares rurales wayúu tratan el agua que consumen, y cerca del 1 por ciento de las comunidades tienen puestos de salud. En estas condiciones, aludir a un supuesto problema cultural que mantendría a las comunidades al margen del desarrollo, me parece un evidente esfuerzo por ocultar la inexcusable negligencia histórica del estado colombiano.

SEMANA: ¿Por qué la Ocde puede ser determinante para esta situación?

J. M. V.: Para promover los derechos humanos hay que ser idealista pero no iluso, y por ello es imprescindible identificar circunstancias políticas favorables, sean nacionales o internacionales, que puedan servir para concretar causas nobles. Y aquí la herramienta es la Ocde que, por mandato, puede exigirle a Colombia estándares muy superiores a los que hoy existen en La Guajira, y qué duda cabe que el Gobierno tiene un interés prioritario por ingresar a este organismo. Sería negligente de nuestra parte no intervenir en el momento oportuno, que es justamente este.