“Las objeciones a la JEP son una pérdida de tiempo”: Juanita Goebertus

SEMANA: ¿Cómo se sintió como vocera de la oposición?

Juanita Goebertus: La verdad todo pasó muy rápido. El sábado nos enteramos de que el presidente iba a hablar el domingo y supimos que tendríamos la oportunidad de estrenar la réplica a las alocuciones presidenciales, contemplada en el Estatuto de Oposición: una deuda pendiente desde la Constituyente de 1991 que fue materializada gracias al Acuerdo de Paz. Sin haber definido quién iba a hablar, el lunes empezamos a trabajar con mi equipo en la estructura de la declaración, pensando en tener insumos para quien asumiera la vocería. El martes en la mañana durante cuatro horas me senté a escribir el discurso, se lo envié al equipo de Antanas Mockus y a los principales líderes de los partidos de oposición y ellos lo devolvieron con sugerencias. En la tarde del martes los canales nos avisaron que teníamos dos horas para enviar el video o nos quedábamos sin hacer la réplica. Con enorme generosidad, los líderes de cada uno de los partidos de oposición propusieron que yo asumiera la vocería. Me sentí muy honrada de servir como instrumento para enviar este mensaje colectivo.       

SEMANA: Algunos juristas aseguran que objetar algunos puntos de la Ley Estatutaria de la JEP no es tan grave, ¿por qué para usted sí lo es?

J.G.: Lo más grave es que atenta contra la separación de poderes. La Corte Constitucional ya se había pronunciado sobre estos puntos y lo que está haciendo el presidente es desacatar esa sentencia. Hoy puede ser la JEP, pero si abrimos esta puerta el día de mañana el presidente podrá desacatar sentencias de la Corte Constitucional sobre cualquier otro tema y poner en grave riesgo el Estado Social de Derecho en su conjunto.

SEMANA: Precisamente usted tiene la tesis de que las objeciones del presidente no son a lo aprobado por el Congreso sino a los pronunciamiento de la Corte...

J.G.: Exacto. Como lo dije ayer, la Corte ya se había pronunciado sobre los seis puntos que el presidente desea objetar por una supuesta inconveniencia. El primero es sobre la reparación de las víctimas. La Corte ya dijo que los excombatientes están obligados a entregar bienes y que cualquier beneficio penal estará condicionado a que cada excombatiente contribuya a la reparación integral de las víctimas. Frente al segundo, sobre que solo sea el Alto Comisionado para la Paz pueda verificar las listas de quienes pueden ir a la JEP, la Corte ha dicho que en casos excepcionales la JEP puede ajustar los listados. En el tercer punto el presidente quiere definir cuándo las investigaciones se suspenden en la justicia ordinaria. Sin embargo, la Corte ya estableció que la Fiscalía puede seguir investigando y recolectando pruebas hasta tres meses antes de que la JEP presente su resolución de conclusiones, con el fin de evitar choques de trenes. Sobre el cuarto punto, el presidente quiere que se estudie uno a uno, caso a caso, todos los crímenes internacionales. La Corte ya señaló que en contextos de justicia transicional es necesario investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos. En el quinto punto el presidente dice que la JEP no puede practicar pruebas en procesos de extradición, pero la Corte ya dijo que la JEP debe tener acceso a todo el material probatorio necesario para establecer si tales hechos se cometieron con posterioridad al 1 de diciembre de 2016. Y en el último el Presidente dice que se deben honrar las solicitudes de extradición incluso si la persona está contando la verdad ante la JEP. Lo extraño es que ese artículo se refiere a militares y agentes del Estado, y la Corte ya señaló que en esos casos no procedería la extradición si las personas están contribuyendo a la satisfacción de los derechos de las víctimas.

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SEMANA: Detengámonos sobre el cuarto punto. Puede sonar muy popular que la gente quiera que se juzgue caso por caso. ¿Por qué la Corte dice que solo los casos más representativos?

J.G.:  Al inicio de la Ley de Justicia y Paz esa era la metodología, juzgar caso por caso. Pero solo hasta 4 años después salió la primera sentencia y fue contra un mando medio y por un delito de falsedad documental. ¡Lejos de develar la atrocidad del fenómeno paramilitar y de satisfacer los derechos de las víctimas! Como a lo largo del conflicto armado las atrocidades cometidas fueron masivas, lo que sucede es que pretender investigar, juzgar y sancionar cada uno de los casos termina por generar impunidad de facto y colapsa a la institución encargada de impartir justicia porque son millones de delitos. Además, nos tardaríamos más de 100 años y las víctimas no verían sus derechos satisfechos. Por eso desde 2012, incluso antes del proceso de paz con las Farc, la Constitución establece que en un contexto de justicia transicional la mejor manera de cumplir con las obligaciones del Estado y de satisfacer los derechos de las víctimas es concentrarse en los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos.

SEMANA: Ya hay algunos escenarios sobre si las objeciones pasan en el Congreso y otras sobre si no. ¿Pero qué pasaría si se vence el término, no hay quórum y se empieza a dilatar el asunto?

J.G.: Por eso yo he dicho que las objeciones a la JEP son una pérdida de tiempo y nos distraen de los problemas verdaderamente importantes del país. En el rifirrafe entre el Gobierno, el Congreso y la Corte podemos estar hasta julio de 2020, cuando ésta seguramente le ordene al presidente sancionar la ley original por considerar que los temas objetados ya fueron objeto de su sentencia. Mientras tanto, dejamos de enfocarnos en cosas realmente importantes como el crecimiento económico, la calidad de la educación, el desarrollo rural, la lucha contra la corrupción, o la transformación de los territorios más afectados por el conflicto armado.  

SEMANA: ¿Cree que esto es una distracción?

J.G.: Por supuesto. El presidente dice que quiere concentrarse en lo que nos une y no en lo que nos divide. Pero es todo lo contrario. Con esta decisión nos devuelve a octubre de 2016 a la división entre los del Sí y los del No en el plebiscito, seguramente ya comprobó que azuzar odios genera réditos electorales.

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SEMANA: Ya que usted es experta en Justicia Transicional, ¿cómo ve a la JEP?

J.G.: La JEP lleva funcionando tan solo un año. Hay que darle tiempo para producir resultados que le permitan ampliar su base de legitimidad. El objetivo de la justicia transicional es generar confianza entre los ciudadanos y las instituciones. Y en mi opinión la mejor forma de lograrlo es permitirle funcionar. Que se dedique a lo que le corresponde: investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de la guerrilla y del Estado por crímenes tan graves como la política de secuestro y los falsos positivos.

SEMANA: Hablando de legitimidad, el caso de Jesús Santrich, pone en juego tanto de la Fiscalía como de la JEP. ¿Usted cómo ve ese caso?

J.G.: Es un caso complicado. Lo primero que hay que decir es que la JEP no decide si a Santrich lo extraditan o no. Lo único que le corresponde definir es si después del 1 de diciembre de 2016 se cometió un delito que sería de competencia de la justicia ordinaria. Para determinarlo, la JEP debe tener acceso a todo el material probatorio, como lo reiteró esta semana la Corte Constitucional. Lamentablemente nadie estuvo interesado en construir un protocolo de colaboración judicial entre la JEP y las autoridades judiciales de Estados Unidos para que los magistrados pudieran viajar y tener acceso directo a las pruebas. Ante el escándalo bochornoso del envío de la carta por 4-72 y la discusión sobre si el material probatorio en poder de la Jep es o no sufiente, hoy creo que la mejor salida es la planteada por el Procurador: que la JEP envíe el caso a la Corte Suprema de Justicia para que ésta se pronuncie sobre la procedencia o no de la extradición.

SEMANA: En su trabajo como representante ha tenido la oportunidad de reunirse con excombatientes y también con las víctimas. ¿cuáles son las preocupaciones que ellos tienen ?

J.G.: Yo diría que coinciden en demandar la pronta implementación del Acuerdo de Paz. Lo que la gente está esperando es que la oportunidad del fin de la guerra se materialice en la transformación de los territorios más afectados por la guerra, que históricamente han estado abandonados por el Estado. Los excombatientes quieren tener acceso a proyectos productivos sostenibles que les permitan reincorporase a la vida civil. Las víctimas, a una reparación integral.

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SEMANA: La mayoría de los comentarios que recibió después de su intervención fueron muy positivos. Pero hablemos de las críticas que recibió. La más repetida fue que usted no debería abanderar la oposición ya que votó en blanco. ¿Qué le dice a estas personas?

J.G.: La única manera de asumir con tranquilidad el debate público es tomar decisiones por convicción ética y política. Por eso me siento tranquila de haber votado en blanco, porque no podía votar ni por Gustavo Petro ni por Iván Duque. Así de simple.

SEMANA: A Sergio Fajardo le criticaron el hecho de aplaudirla por “no gritar”. ¿Usted qué opina de esa felicitación?

J.G.: La forma es importante al momento de canalizar un mensaje. A las mujeres nos dan duro y confunden vehemencia con gritería. Yo hago esfuerzos grandes todos los días por intentar ser vehemente sin perder el tono conciliador que me caracteriza. Al final, siempre he dicho que mi objetivo es tender puentes entre quienes piensan diferente.