“Solo espero un juicio objetivo e imparcial”

SEMANA: Después de una larga carrera en el sector privado y público usted termina involucrado en los millonarios sobrecostos de la Refinería de Cartagena, tal vez el mayor desfalco en la historia del país. ¿De qué lo acusa la Fiscalía?

ORLANDO CABRALES MARTÍNEZ: La Fiscalía me imputa un único cargo. Haber tenido un interés indebido en que CB&I ejecutara la segunda fase del contrato de ingeniería, procura y construcción (EPC) de la Refinería de Cartagena. Lo curioso es que expresamente señala que no encuentra que yo recibiera algún beneficio económico o de ninguna otra especie, lo que es tanto como decir que pude cometer un delito, pero sin un motivo o razón.

SEMANA: Pero se perdieron miles de millones de pesos y aunque no hubiera dolo, usted tendría una responsabilidad.

O.C.: En una obra del tamaño de Reficar, la más grande adelantada en el país, las decisiones importantes no son individuales, sino colectivas, en este caso, las juntas de Ecopetrol y de Reficar de la que hacían parte al menos unas 30 personas, entre ellas distinguidos ministros. La Fiscalía hace caso omiso de que fue la junta directiva de Reficar, habiendo informado previamente a la junta de Ecopetrol, la que toma la decisión de continuar con CB&I la segunda fase del EPC. Eso está documentado en al menos 16 actas que el fiscal conoció, pero a las que parece no dar valor para hacerme responsable junto con un par de vicepresidentes. Es decir, que yo respondo por ser el presidente, así la decisión la hayan tomado las juntas.

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SEMANA: Entonces, ¿cuál fue su papel?

O.C.: Conforme con los estatutos de Reficar, la decisión sobre con quién debía celebrarse el contrato y bajo qué modalidad de pago no la podía tomar el presidente, sino las juntas directivas. Lo que yo hice, apenas un mes después de ser designado como presidente de Reficar, fue ejecutar la decisión de las juntas directivas mediante la firma inicialmente de una carta de intención con CB&I.

SEMANA: Es decir, ¿los que decidieron mal fueron los miembros de junta?

O.C.: No. Las juntas consultaron con enorme cuidado el criterio y los estudios de firmas internacionales de reconocida solvencia que aconsejaron acerca de cómo celebrar el contrato. La decisión la tomaron después de intensos debates en 16 sesiones durante más de dos años, lo cual está documentado en las actas que el juez que tome la decisión final seguramente consultará con detalle para encontrar que lo que afirmo es cierto.

SEMANA: ¿Por qué si las actas revelan lo que usted indica, la Fiscalía no le cree?

O.C.: Creo que lamentablemente el fiscal no ha consultado toda la información que él mismo posee y que la defensa le reveló, o hace oídos sordos al valor persuasivo de los documentos. Las actas son claras y reflejan cómo la junta decidió, fundada en serios estudios de compañías contratadas para tal efecto y sugirió la forma de pago bajo la modalidad de gastos reembolsables. Eso no lo decidí yo. Pero, además, en 2016 un expresidente de Ecopetrol le informó al Congreso en sesión pública, lo mismo que yo estoy diciendo.

SEMANA: ¿Qué explicación tiene que el contrato haya pasado de costo fijo a gastos reembolsables?

O.C.: La modalidad no se cambió. El contrato para la primera fase del proyecto que lideró Glencore, entre CB&I y Reficar se firmó en 2007 bajo la modalidad de gastos reembolsables, momento en que yo no estaba en Reficar. En este se introdujo una cláusula que establecía que, para la segunda fase, la de la construcción, si no se continuaba con CB&I, se le debía pagar una multa de 50 millones de dólares. Así mismo, establecía que, para la segunda fase, se podía continuar con la modalidad de gastos reembolsables o cambiar a suma global fija. Las juntas de Reficar y Ecopetrol después de consultar a firmas externas expertas (Pathfinder, Nexidea y Linklaters) conceptuaron que era mejor la modalidad de gastos reembolsables, pues era 708 millones de dólares menos costosa, y que permitía tener un mayor control de gastos. Ahora el fiscal, en contravía de estos serios estudios, dice que la modalidad de suma global fija era la deseable.

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SEMANA: ¿Por qué si era menos costosa, los sobrecostos fueron de miles de millones de dólares?

O.C.: Yo respondo por la época en la que fui presidente de Reficar: de octubre de 2009 a noviembre de 2012. Entregué el proyecto con aproximadamente el 75 por ciento de avance, cifra que fue certificada por Foster Wheeler, que actuó como gerente interventor del proyecto. La fecha de terminación mecánica estimada era de noviembre de 2013. Durante mi administración hubo dos adiciones presupuestales que en total sumaron 1.371 millones de dólares, es decir, 32,34 por ciento del total de las adiciones. El presupuesto total del proyecto a mi salida era de 5.148 millones de dólares. Las dos adiciones fueron aprobadas por las juntas directivas de Reficar y Ecopetrol.

SEMANA: ¿Cómo se justificaron esas adiciones?

O.C.: Estas adiciones se dieron por un mayor alcance del proyecto tras la decisión de integrar la cadena de producción de petroquímicos; porque a medida que se avanzaba en la ingeniería de detalle se determinaba la necesidad de mayor cantidad de obras y materiales; por factores externos, como la extraordinaria ola invernal de los años 2010 y 2011; por la grave anormalidad laboral que sufrió el proyecto, que significó la pérdida de 362.778 horas hombre de 2010 a 2012; y por los incumplimientos que CB&I empezó a presentar a partir de 2011 y que fueron revelados por mí a la junta.

SEMANA: ¿Cuál es la razón para escoger a CB&I si no tenía experiencia en refinerías?

O.C.: Yo no participé en la elección de CB&I, pues, como dije antes, el contrato con dicho contratista se firmó en 2007, dos años antes de mi ingreso a Reficar. La decisión de continuar con dicho contratista bajo la modalidad de gastos reembolsables para la segunda fase del EPC fue una decisión de la junta directiva, pues para ese momento el contratista había cumplido con sus obligaciones. CB&I, la matriz, tenía toda la experiencia en obras de gran tamaño.

SEMANA: Pero nadie controló los gastos ni paró los incumplimientos del contratista.

O.C.: Yo fui quien, en marzo de 2011, prendió las alertas sobre las serias falencias que empezó a tener CB&I y mi decisión de documentar las fallas e incumplimientos, además de exigir las explicaciones y correcciones en los casos de demoras y sobrecostos. Esas denuncias le permitieron a Reficar entablar una demanda arbitral internacional contra el contratista. Para mí era claro que el éxito de la modalidad de contratación por gastos reembolsables estaba en gran medida en el seguimiento y control que se hiciera a la ejecución. Y por eso contratamos a Foster Wheeler para el gerenciamiento del proyecto y el estricto control sobre su ejecución.

SEMANA: ¿Y quién aprobaba los exorbitantes gastos en que incurría CB&I, que han denunciado la Contraloría y la Fiscalía?

O.C.: Las aprobaciones de gasto en mi administración siempre surtieron el procedimiento establecido tanto en Reficar como en Ecopetrol. Incluso se hicieron múltiples auditorías a la facturación de esta empresa que en muchas ocasiones llevaron a rechazos de facturas. También las cuentas de Reficar fueron avaladas por la Contraloría durante los años de mi gestión, y auditadas por los bancos internacionales que financiaron el proyecto y los revisores fiscales de Reficar.

SEMANA: ¿De qué servía que Foster Wheeler estuviera si la Fiscalía habla de un presunto peculado de 610.000 millones de pesos, pues se pagaron facturas que habían sido previamente rechazadas por la interventoría?

O.C.: Esos pagos fueron producto de unos acuerdos que se dieron con posterioridad a mi retiro de Reficar. Durante mi administración todos los pagos fueron sustentados, surtieron todos los procedimientos establecidos y nunca se aprobaron facturas rechazadas por Foster Wheeler.

SEMANA: Me imagino que usted tuvo un gran alivio cuando no le decretaron medida de aseguramiento preventiva. Pero todavía tiene que convencer al juez de todo lo que nos ha dicho acá. ¿Está optimista?

O.C.: Como ustedes saben en la audiencia la Fiscalía y la Procuraduría llegaron a conclusiones diferentes. La Procuraduría conceptuó que no hubo interés indebido en mi conducta y que no había cometido ningún delito. Yo lo único que espero es que el juicio se dé con total objetividad e imparcialidad, que se revisen las pruebas y que se falle en derecho.