Nación
Envían a la cárcel a tesorero de Corpoguajira señalado de desviar 1.766 millones de pesos
De acuerdo con la Fiscalía, el funcionario habría autorizado de forma irregular 89 transferencias bancarias electrónicas a 10 cuentas de ahorros de personas que “no tenían ninguna clase de vínculo laboral o contractual con la entidad”.
Un juez envió en las últimas horas a la cárcel al tesorero de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), Ramón José Aguilar Blanco, señalado de desviar a particulares fondos de la entidad por 1.766 millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía General, los hechos investigados ocurrieron entre marzo de 2020 y marzo de 2021, “cuando al parecer Aguilar Blanco habría autorizado de forma irregular 89 transferencias bancarias electrónicas a 10 cuentas de ahorros de personas naturales que no tenían ninguna clase de vínculo laboral o contractual con la entidad”.
La Fiscalía imputó al funcionario por los delitos de peculado por apropiación agravado en concurso homogéneo y sucesivo con acceso abusivo a un sistema informático.
Corpoguajira emitió un comunicado en el que señaló que la investigación de la Fiscalía se inició luego de que los hechos fueran denunciados por la propia entidad.
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El director de Corpoguajira, Samuel Lanao Robles, manifestó que la coporación ha prestado toda la colaboración a las pesquisas.
“Desde el momento mismo de la denuncia, se ha prestado toda la colaboración posible a la investigación de la Fiscalía General, así como a la actuación que por los mismos hechos viene instruyendo la Contraloría General de la República, en virtud de la denuncia que también instaurara la Corporación, para que se llevaran a cabo los procedimientos que determinen las eventuales responsabilidades fiscales que fueren del caso”, expresó.
“Somos respetuosos del principio constitucional de presunción de inocencia, en ese sentido, nos atendremos a las decisiones que sean adoptadas por las autoridades judiciales y los entes de control respectivos; instancias ante las cuales estaremos atentos a defender los intereses de la entidad a través de los mecanismos jurídicos pertinentes, como corresponde en un Estado de derecho”, agregó la entidad.
Exgobernador de La Guajira fue llamado a juicio por corrupción en el Plan de Alimentación Escolar
De otro lado, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, la semana pasada fue llamado a juicio el exgobernador de La Guajira José María Ballesteros Valdivieso por su presunta participación en las irregularidades que rodearon la celebración de contratos relacionados con el Plan de Alimentación Escolar (PAE) y el servicio de transporte para estudiantes.
Los hechos materia de investigación se presentaron durante el tiempo en que Ballesteros Valdivieso estuvo en el cargo, esto es entre junio de 2014 y diciembre de 2015. En este periodo se firmaron dos contratos millonarios para garantizar la alimentación y transporte de los estudiantes de las comunidades indígenas y otras poblaciones vulnerables en el departamento de La Guajira.
Sin embargo, estos contratos jamás alcanzaron sus objetivos puesto que el entonces mandatario departamental no cumplió con sus deberes de vigilancia y supervisión de los contratos y, en cambio, permitió que se destinaran y pusieran en riesgo los recursos de las regalías en los dos procesos contractuales que avaló.
El primer contrato que se firmó el 19 de marzo de 2015 con el consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira tenía como objetivo suministrar complementos alimenticios en la mañana y almuerzos para estudiantes de prescolar, básica primaria y básica secundaria y media, en 15 municipios durante 125 días. Las pruebas revelan que esto nunca se llevó a cabo.
Dicho contrato registró una adición, por lo que su valor inicial ascendió a los 41.000 millones de pesos. Para la Fiscalía General se habrían presentado diez posibles deficiencias en los estudios previos para la celebración y ejecución del contrato. Entre estos se encontraban errores de cálculo y falta de justificación en los costos establecidos, números de raciones previstas, instituciones a cubrir y cantidad de alumnos beneficiados.
La Gobernación, resaltó la Fiscalía General, no habría realizado consulta previa con las comunidades indígenas cuya población menor de edad iba a ser la más beneficiada con el PAE y el transporte, ni se evaluaron los factores nutricionales y calóricos de las raciones preparadas, puesto que los lineamientos técnico-administrativos que se utilizaron no estaba vigentes.
