De vuelta al pasado

Cuando el país creía que eran cosa del pasado, el EPL (Pelusos), el ELN y algunas disidencias de las Farc pusieron en marcha esta semana tres paros armados. Eso no se veía hacía años y causa preocupación en las poblaciones donde tienen presencia estas agrupaciones al margen de la ley. El Catatumbo vive la situación más preocupante, pues sus habitantes se encuentran en medio del accionar del EPL y el ELN.

En efecto, tras intensos combates con el ELN, el EPL declaró el 5 de febrero un paro armado. En los días siguientes, este grupo quemó tres tractomulas en la vía entre Ocaña y Cúcuta, acciones que atemorizaron a los pobladores de La Playa de Belén y Hacarí. Allí, además de quedar incomunicados, los comerciantes no abrieron las puertas de sus negocios, el transporte público se paralizó y muchos niños dejaron de ir a la escuela.

Durante el fin de semana, circuló el rumor de que el paro terminaría el 10 de febrero. Sin embargo, al día siguiente el frente de guerra Libardo Mora Toro del EPL anunció, por medio de un comunicado, un paro indefinido en todo el Catatumbo desde el “12 de febrero de 2020 a las cero horas”. Según sus cabecillas, tomaron la decisión “por la negativa del ELN a querer buscar una salida por la vía del diálogo al presente conflicto” y por la instalación de nuevas bases militares.

Por su parte, el ELN no se quedó atrás y el lunes 10 también anunció un paro armado nacional de 72 horas desde el viernes 14 de febrero. Advirtieron a los transportadores que participen en caravanas protegidas por las Fuerzas Armadas que tenían que asumir la responsabilidad por su vida. Para empeorar las cosas, disidencias de las Farc que operan en el Cauca decretaron un paro armado de tres días a partir del mismo viernes.

Ante estos anuncios, el presidente Iván Duque llamó a la calma y dijo que las Fuerzas Armadas estaban preparadas para evitar cualquier alteración del orden público. “Que no pretendan los terroristas salir a intimidar al país”, afirmó. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció un plan candado en conjunto con la Policía, la Fiscalía y las Fuerzas Armadas. El Ejército movilizó tropas a regiones como Chocó, Casanare y Vichada. Y las gobernaciones en las que operan estos grupos ilegales llevaron a cabo consejos de seguridad, como en Meta.

Al cierre de esta edición habían ocurrido algunas alteraciones del orden público, como la quema de un camión en la vía entre Pelaya y Pailitas, en el Cesar. Y técnicos antiexplosivos han atendido alertas de posibles cilindros con explosivos abandonados por la guerrilla en Mercaderes y El Patía, sur del Cauca. Pese a esto, las autoridades reportan normalidad en la mayor parte del territorio nacional.

Sin embargo, la situación preocupa en el Catatumbo. El aviso del ELN agudizó aún más la difícil situación que atraviesa la zona desde que los Pelusos decretaron el paro armado. Los municipios de Ábrego, Hacarí, San Calixto, Teorama y La Playa viven confinados. “Los paros armados en esta región no son nada nuevo. Desde hace meses las zonas rurales han vivido en este estado, pero en este momento la situación es más grave porque el confinamiento se extendió a los cascos urbanos”, dijo a SEMANA Edwar Álvarez, defensor de derechos humanos de la zona. A esa situación se han sumado las acciones cometidas por el ELN el viernes, como una carga explosiva detonada en la carretera Cúcuta-Ocaña, entre otras.

¿Por qué estos grupos armados ilegales han vuelto a recurrir a los paros armados? Expertos consultados por SEMANA aseguran que efectúan estas acciones para demostrarle al Gobierno nacional un control territorial sobre una zona. De hecho, en años recientes bandas criminales como el Clan del Golfo han recurrido a esta estrategia. Sin embargo, los del EPL y ELN tienen dos características propias. Por una parte, que en la región del Catatumbo coincidan dos paros armados demuestra la aguda confrontación entre ambas agrupaciones. Por otra parte, el ELN llama a un paro armado nacional para demostrar su fortalecimiento y expansión, ya que pasó de tener alrededor de 1.000 combatientes en 2017 a 5.000 en la actualidad.

No hay que llamar al pánico, pero estos paros armados hacen sonar un campanazo que el Gobierno debe atender para evitar que sigan alterando el orden público.