EPM asegura que no usó polígrafo para preguntar por Luis Pérez y concejales

Maritza Alzate Buitrago, vicepresidente de Asuntos Legales y secretaria General de EPM, quien le había confirmado a SEMANA el uso del polígrafo en la empresa para detectar quién había entregado información sobre la situación financiera y comercial de UNE, dijo en rueda de prensa que esa tecnología no se usó con temas relacionados a la crisis de Hidroituango. Además aseguró que en las preguntas no se mencionaba ninguna lista negra.

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La funcionaria ratificó que la prueba se aplicó a 18 personas bajo voluntariedad de los evaluados. En la rueda de prensa la funcionaria leyó un comunicado en el que explicaba la postura de la empresa. Pese a esto, el gobernador Pérez sigue firme en su intención de elevar una demanda penal en contra de los directivos.

Pese a esto, la concejal de Medellìn, Luz María Múnera le reveló a SEMANA el supuesto cuestionario que se le aplicó a los trabajadores de EPM. Lo primero que se les pide a los funcionarios es llegar 30 minutos antes a la cita, solos, con carné y cédula, no estar trasnochado, no haber ingerido alcohol ni consumido sustancias alucinógenas 24 horas antes, estar en perfecto estado de salud, no haberse puesto cremas ni perfumes y usar ropa cómoda.

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Entre las preguntas que aparecen en el documento se inquiere por los conocidos del entrevistado en el Concejo de Medellín, la Contraloría y la Gobernación. Se pregunta puntualmente por Luis Pérez y concejales como Bernardo Alejandro Guerra, Jesús Aníbal Echeverri, María Paulina Aguinaga y la misma Múnera.

En la tarde de este miércoles, en debate que la Cámara de Representantes hará al proyecto Hidorituango y para el que están citados el gerente de EPM, Jorge Londoño, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se preguntará sobre este tema.

En un comunicado, EPM negó que ya se conozcan los resultados del examen y afirmó que las preguntas hechas en el cuestionario no corresponden a las que se han hecho públicas.  El polígrafo "no versa sobre personas específicas, sino sobre la falta al deber de confidencialidad consistente en la filtración de información que fue presentada en un debate público en el Concejo de Medellín por parte del Concejal Bernardo Alejandro Guerra", afirmó la empresa. Sin embargo, los concejales denunciantes insisten en que sí se preguntó por personas específicas.