EPM: la tragicomedia del alcalde Daniel Quintero

Desde que Daniel Quintero llegó a la Alcaldía de Medellín, EPM ha vivido remezón tras remezón. Esta semana se trató de la renuncia del gerente Álvaro Guillermo Rendón, quien había adelantado la demanda en contra del Consorcio CCC por la crisis de Hidroituango en 2018 y su presunta responsabilidad. Fue una decisión extraña, pues Quintero y Rendón estaban unidos por una relación muy cercana.

Fue Rendón quien recibió al joven Daniel Quintero en Bogotá, cuando el ahora alcalde era apenas un muchacho inteligentísimo con aspiraciones políticas; allí le dio posada, le brindó hospitalidad y le mostró el mundo político capitalino. Fue Rendón –exauditor de la nación, constituyente, miembro honorífico del Partido Conservador– quien se encargó de mostrarle el camino de la política. Ahora la relación parece resquebrajada para siempre, pues Quintero, aprovechando la cercanía, quiso darle órdenes a su mentor. En medio de todas esas disputas lo que está en riesgo es la empresa de servicios públicos más importante del país.

Parece confusa la salida del gerente de EPM. Según dijo el alcalde Quintero, las decisiones de Rendón iban en contra de los intereses de la empresa por recuperar los 9,9 billones de pesos que pretende en la demanda en contra del Consorcio CCC. Lo que parece extraño, pues fue el mismo Rendón quien presentó la demanda y quien fungía como apoderado del conglomerado paisa, haciendo las veces de abogado demandante.

Sin embargo, según pudo saber SEMANA, una de las razones por las que Quintero le solicitó la renuncia a Rendón tuvo que ver con la firma de un Acta de Modificación Bilateral en la que se contemplaba un nuevo plazo de obras; nada extraño que no estuviera dentro de los planes ya conocidos. Sin embargo, todo tomó otro cariz cuando se supo que en dicho documento no aparecía referenciada la firma Camargo Correa, sino Camargo Correa Infra S. A., nacida de una escisión en febrero de 2018 y que para entonces apenas contaba con un capital de unos miles de millones de pesos. El asunto puntual es que los brasileños habían solicitado que esta firma hiciera parte del Consorcio CCC y no Camargo Correa, solicitud que nunca fue aprobada por EPM.

Se trata del Acta de Modificación Bilateral número 39 y contempla una prórroga de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021, justo cuando EPM tiene planeado empezar a generar energía. Nada extraño. El asunto que pudo comprobar SEMANA es que Rendón no firmó el documento. Aparecen dos firmas, la de Santiago García Cadavid, como representante legal del Consorcio CCC, y la de William Giraldo Jiménez, vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM, el hombre que tiene en sus manos todas las decisiones alrededor de Hidroituango. Aunque en la Alcaldía están consultando las consecuencias de que dicho documento se firmara como si Camargo Correa Infra S. A. hiciera parte del Consorcio, Rendón asegura que esto no reviste mayores dificultades y ya fue puesto en conocimiento como un error que se iba a enmendar.

Por otro lado, Rendón dice que las presiones de Quintero sobre EPM ya sobrepasaban lo ético. “El alcalde, la persona que gobierna hoy en Medellín, no es el mismo que conocí hace 15 años. El amigo es coloquial, gran contertulio, pero el alcalde es una persona que se encerró a no oír. Toma decisiones inconsultas, es impredecible, le cierra a uno todas las puertas al diálogo… El deterioro empieza porque él no entiende la regla de oro, la autonomía empresarial, que existe para darles confianza a los mercados. Él piensa que EPM es una secretaría de despacho”.

Dice el exgerente que en una oportunidad Quintero lo llamó para pedirle cambios en los altos cargos de la firma, pues ninguno de los que estaba allí había votado por él. “También llegó a decirme que lo nombrara en la junta de UNE, pero yo le advertí que no podía, porque él era mi denominador, me pidió entonces que nombrara a María Camila Villamizar, secretaria privada de su despacho. Le dije que no podía hacerlo”.

Justo en la capital paisa se dice que uno de los grandes problemas de la comunicación de Quintero con EPM es María Camila Villamizar, quien tiene como tarea principal comunicarse con las entidades descentralizadas del municipio. Dicen algunas personas cercanas a la administración que esta cucuteña le habla al oído al alcalde y supuestamente se dirige a los miembros de gabinete a dar órdenes a diestra y siniestra, y aparentemente lo mismo pretendía hacer en EPM, pues incluso llegó a dar órdenes a vicepresidentes de la empresa pasando por encima del gerente.

“Camila Villamizar llegó a meterse en reuniones privadas de EPM, quería saber de qué hablaba con el procurador en el caso de la conciliación y hasta llegó a decirme que no me podía reunir con el gobernador de Antioquia. Pensaba que yo le estaba haciendo sombra al alcalde. Además, llegó a advertirme que no podía hablar con los medios de comunicación”, dice Rendón y asegura que su relación con Quintero tuvo su punto de quiebre cuando el 8 de enero, en medio de la conciliación con el Consorcio CCC, este le prohibió que publicara un comunicado en el que iba a anunciar que avanzaban en varios puntos con mucho éxito. “Él sacó por el Twitter que había sido un fracaso… él no quiere mostrar debilidad y quiere continuar con la demanda sí o sí”.

Si bien muchos apoyan la decisión de Quintero de recuperar el dinero de sobrecostos y pérdidas que ha dejado la crisis de Hidroituango, ahora muchos temen que el alcalde quiera tomar roles que no le corresponden con las empresas públicas de la ciudad. Hasta los uribistas, que todo el tiempo criticaron a Rendón, ahora atacan a la administración municipal por su salida. Lo cierto es que el gerente no vivió momentos fáciles en el último año, pues fue intimidado continuamente y amenazado, al igual que el vicepresidente jurídico, esto por demandar al Consorcio CCC y exponer documentos como el informe en el que la reaseguradora enumeraba errores constructivos, donde quedó desnudada la responsabilidad de los privados en la emergencia de 2018.

Riesgo Empresarial

Lo que más sorprende en Medellín es que, sin importar quién estuviera en el despacho de la Alcaldía, el manejo de EPM siempre se mostró independiente, lejos de cuotas políticas y precisamente esta característica le valió el reconocimiento de todo el país.

Medellín fue la única ciudad que logró hacer un poderoso conglomerado de servicios públicos exitoso, de patrimonio totalmente público con presencia mediante filiales en Centroamérica, Chile, Perú y Brasil. No pudo Cali, no pudo Barranquilla, ni siquiera Bogotá.

De acuerdo con cifras reportadas hasta el tercer trimestre de 2020, el Grupo EPM tiene un total de activos por 62,8 billones de pesos, un pasivo de 37,9 billones de pesos y un patrimonio de 24,9 billones de pesos. Para un conglomerado de estas proporciones, el gobierno corporativo, que no es más que una serie de procesos y estructuras que se deben respetar a la hora de operar una compañía, debe ser el principal pilar al tomar las grandes decisiones.

Un gobierno corporativo fuerte permite que los inversionistas confíen en las empresas y estas a su vez consigan recursos de manera más fácil y barata en los mercados internacionales.

Al parecer, Daniel Quintero ha ejercido presiones sobre EPM en su primer año al frente de la ciudad, lo que parece que ha minado los principios y las buenas prácticas de dicho gobierno corporativo que fueron construidas durante los últimos 25 años.

Los efectos

Con la salida de Rendón, no se puede descartar la posibilidad de que las calificadoras de riesgo castiguen nuevamente a la empresa paisa, como ya sucedió luego de la renuncia de la junta directiva en pleno, cuando se conoció la demanda por 9,9 billones en contra de los constructores, diseñadores e interventores del proyecto de Hidroituango.

En esa ocasión, Fitch bajó la nota de BBB a BBB- y aunque Moody’s la mantuvo en Baa3, con perspectiva negativa, ambas firmas advirtieron sobre los riesgos que tienen para EPM las decisiones políticas del alcalde Quintero.

Este nuevo bandazo que terminó con la salida del gerente podría pasarle otra factura a la compañía, sobre todo teniendo en cuenta que EPM seguramente seguirá necesitando financiación internacional y de la banca nacional para concretar sus proyectos e inversiones futuras.

Por otro lado, aunque la empresa no se encuentra listada en la bolsa, una disminución de la calificación encarece automáticamente la tasa de interés a la que se financia por medio de los bonos que han colocado en el mercado de capitales. Bonos que en su mayoría se encuentran en manos de fondos de pensiones, aseguradoras y fondos de inversión colectiva, que han confiado en la buena gobernanza de la compañía y que además administran los ahorros de toda la vida de cientos de miles de personas.

Y no solo esto, dichas violaciones constantes a la estructura corporativa de la compañía afectan las relaciones con multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que en septiembre del año pasado, cuando renunció la junta, suspendió el millonario desembolso de un crédito que sería utilizado en Hidroituango.

Para Rodrigo Galarza, quien fue miembro de la Misión del Mercado de Capitales, lo que ha pasado con la compañía durante la administración de Quintero es un precedente muy preocupante, sobre todo porque quedó en evidencia que hay intereses políticos sobre la empresa y una clara debilidad en la estructura de su gobierno corporativo.

Uno de los principales problemas, en su concepto, es que al ser EPM ciento por ciento propiedad del municipio de Medellín, el alcalde es quien tiene la potestad de nombrar al gerente y a la totalidad de la junta directiva.

Precisamente, para evitar este tipo de situaciones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) recomienda mantener la independencia entre las juntas directivas y no permitir la presencia de miembros de alto nivel político en ejercicio, porque un funcionario de estas características tiene mucha capacidad de influir en las decisiones y sobre el rumbo de la compañía. Por razones como esta es que, por ejemplo, el presidente de la república no forma parte de la junta directiva de Ecopetrol.

En este sentido, Galarza cree que el gobierno corporativo de EPM es débil y debe reformarse. Por esto, es importante que se implementen nuevas políticas en este frente que eviten que la compañía se politice y se convierta en una secretaría más del despacho.

Si la empresa se vuelve un instrumento para cumplir con cuotas burocráticas y conseguir apoyos políticos, se corre el riesgo de hacer contrataciones sin el punto de vista técnico y esto podría deteriorarla en su conjunto.

Por lo pronto, es fundamental que el alcalde no siga confundiendo los beneficios de los derechos de propiedad del municipio sobre la empresa, con sus principios y motivaciones personales. Sobre todo teniendo en cuenta las altas rentas que le deja anualmente EPM al municipio y que en sus manos está el futuro de proyectos de importancia nacional como Hidroituango, que ya lleva dos años de retraso, así como la distribución de energía eléctrica en buena parte la costa con la entrada de su filial Afinia.