EPM reconoció que está usando el polígrafo con sus empleados

El 3 de septiembre, el concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, reveló en una sesión de la corporación un documento de EPM en el que la firma de consultoría Uliver Wyman aseguraba que la venta del 50 por ciento de las acciones de la empresa Tigo UNE había sido beneficiosa para la compañía y en el que de paso se aconsejaba salir de la otra mitad de la empresa porque, entre otras cosas, “los riesgos futuros son aún más grandes y el escenario más conservador indica una posible pérdida de valor”. En EPM, la filtración del documento no cayó muy bien, pues era confidencial y, según dijeron, preliminar y no daba un panorama total del negocio.

La filtración no pasó a mayores hasta que el domingo 9 de septiembre, casi al final de la sesión en la que EPM explicaba por qué tenía que enajenar algunos activos, el concejal Guerra aseguró que una fuente le había dicho que en la empresa antioqueña, que por estos días pasa por sus momentos más difíciles, se estaba realizando la prueba del polígrafo para saber quién estaba filtrando información. Ante la acusación, el gerente general de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, no desmintió y antes bien aseguró que haría lo necesario para saber quién estaba sacando de la empresa información confidencial.

Todo parecía un chisme y una trama urdida por una mente que buscaba persecuciones empresariales. Sin embargo, es cierto: EPM sí está usando el polígrafo para saber quién filtró dicho documento al Concejo de Medellín, así lo confirmó a SEMANA la vicepresidente de asuntos legales y secretaría general de EPM, Maritza Alzate Buitrago.

“Lo primero que hay que decir es que efectivamente se está usando el polígrafo, como también hay que indicar que la iniciativa de esta prueba fue fruto de algunos funcionarios que consideramos que se deben respetar los valores corporativos para el funcionamiento del grupo empresarial; en esa medida, entonces, la aplicación de la prueba fue fruto del conocimiento expreso que algunos de los funcionarios manifestaron querer hacer. Y en ese sentido se dio”, dijo Alzate Buitrago, quien también presentó la prueba.

Entre los rumores estaban que la prueba la realizaba un técnico mexicano, pero esto es mentira. Pese a que hubo “un consentimiento informado” para realizar la prueba a 17 empleados, y procedimiento que aún no termina, parece que la misma ha causado varios miedos en los empleados de EPM, pues según aseguró un concejal a SEMANA: “Me encontré con un amigo que trabaja allá y de lejos me dijo: Ni te me acerqués que tenemos prohibido al Concejo de Medellín”.

Alzate Buitrago también le dijo a esta revista que todo empezó “cuando advertimos en una sesión del Concejo que había un documento que tenía el carácter de reservado y que fue presentado por el concejal Guerra. Hay que decir algo muy importante de por qué llegamos a esta situación, más allá de la confidencialidad del documento, que también es un valor muy importante que presentar, hay que decir que el documento era de carácter preparatorio en medio de conversaciones en torno a un tema específico. Desde ese punto de vista, nada desinformaría más y faltaría más a la transparencia que entregar información de carácter preliminar o que está siendo parte de análisis”.

La funcionaria fue enfática en señalar que todo el proceso ha sido voluntario: “No fue efecto de una reprobación específica, fue más de una aceptación fruto de un ofrecimiento para ser llevada a cabo de la prueba. Quienes estuvimos de acuerdo en llevar a cabo la prueba fuimos las personas por quienes pudo pasar el documento que fue presentado en el debate del Concejo”. Por otro lado, aseguró que no hubo ningún tipo de coerción pues “se están protegiendo los principios de la empresa”, desestimando que para algunas personas el mero hecho de negarse a la prueba puede provocar el temor de perder el puesto de trabajo.

“Los propios funcionarios queríamos dejar muy claro que no faltamos a los principios que decimos pregonar en el grupo empresarial. Los principios son los que forman una cultura organizacional y quienes lo deben practicar son los funcionarios. Queremos ser los primeros en manifestar que no habíamos faltado a los principios y que estábamos dispuestos a someternos a lo que fuera necesario para esclarecer la situación y que la confianza que se había puesto en nosotros, y que se mantiene, no tuviera tela de juicio. Eso se manifestó con un consentimiento informado diciendo que nos parecía necesario que esto se hiciera”.

Cabe decir que el concejal Guerra publicó el documento para demostrar que la mejor salida que tiene EPM para resolver su problema de iliquidez, pues necesita 7 billones de pesos para atender los problemas en Hidroituango, es vender la totalidad de Tigo UNE y no renuncias al 10 por ciento de sus acciones en ISA. “A mí ahora me dicen mis fuentes que no me pueden hablar porque allá los están intimidando. Pero con EPM no tenemos otra opción que filtrar información, pues nunca dicen en qué se gastan la plata porque se oculta bajo el secreto empresarial para el éxito de sus negocios”.

Por otro lado la concejal Luz María Múnera ha condenado los rumores sobre el uso del polígrafo en EPM. Además ha señalado: “Ellos quieren que nosotros les firmemos un cheque en blanco para vender los activos de la empresa, vienen y piden permiso pero no quieren revelar para qué van a usar la plata. Así es muy difícil”.

Sin embargo, el hermetismo de EPM empieza a perder su blindaje, pues en los últimos días el juzgado 34 administrativo Oral del Circuito de Medellín le ordenó entregar toda la información del contrato Boomt de Hidroituango a la concejal Múnera, pues habían entregado uno pero con tachones y enmendaduras que impedían ver la información totalmente.

Así las cosas, EPM parece estar lejos de que el Concejo le apruebe rápidamente la venta de activos, pues algunos corporados exigen que muestre cifras, que cuenta la verdad sobre el destino del dinero.