EPM responde a informe que define si es posible o no la recuperación de Hidroituango

Hace algunas horas, las Empresas Públicas de Medellín (EPM) tuvieron acceso al informe realizado por la consultora chilena Pöyry, contratada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para conocer de primera mano la viabilidad del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, más conocido como Hidroituango, y de esta manera saber si es posible o no poner en marcha este proyecto.

En respuesta a lo dicho por la empresa independiente asociada a la ANLA, EPM decidió primero explicar de qué trata Pöyry y cuál es su función en todo el embrollo en el que se encuentra Hidroituango desde hace casi cuatro años.

Según indicó EPM, “la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales solicitó, en 2018, un proceso de peritazgo sobre las condiciones de estabilidad de Hidroituango. Fue un requisito para el levantamiento de la Resolución 820 del 1.° de junio de 2018, emitida por la autoridad ambiental luego de la contingencia ocurrida en abril de ese mismo año”.

Asimismo, explicó que para dicha tarea de peritaje para la ANLA fue necesario contratar una empresa, que a su vez subcontrató una serie de expertos ajenos a los temas sociales, económicos y políticos que se suscitan alrededor de Hidroituango, esto con el fin de saber por fuentes independientes si era o no viable seguir con el proyecto de la hidroeléctrica en Antioquia.

Por otra parte, EPM indicó que esta iniciativa forma parte de una estrategia implementada por la autoridad ambiental en la que también se suspendió la etapa de construcción regular de Hidroituango, aunque se permitieron algunos avances de ingeniería, “para disipar la energía contenida en el embalse a través del sistema de generación diseñado para tal fin”.

De esta forma, la ANLA intentó, por todos los medios posibles, no aumentar los riesgos relacionados con una obra insostenible, sino reducir al máximo “los riesgos asociados a la contingencia, garantizar prioritariamente la vida de las comunidades ubicadas aguas abajo de la presa y preservar la integralidad de Hidroituango”.

Igualmente, la empresa de servicios públicos recordó que contrario a lo que se podría pensar, el proceso de peritaje contratado con Pöyry no se puede tildar como un estudio de causa raíz, ya que “es un dictamen sobre la estabilidad actual del Proyecto y la operación de la futura central de generación”.

Finalmente, detalló que, basándose en su calidad de empresa ajena al proyecto de construcción y a las consecuencias derivadas de su fallo, sucedido en 2018, el informe de la consultora chilena no representa un dictamen final, sino una guía que puede o no tener en cuenta la ANLA para la decisión que tome sobre Hidroituango.

“La investigación es parte de un proceso de peritazgo solicitado por la ANLA, la cual, en el marco de sus competencias, es la responsable de informar, comunicar o requerir a quien corresponda”, añadió EPM.

¿Qué dijo Pöyry en su informe?

En el documento final, entregado el pasado 29 de diciembre, la consultora explicó a la ANLA que el proyecto de Hidroituango no solamente es técnicamente recuperable, sino que debe ser esta la primera, segunda y tercera opción a tener en cuenta por EPM y demás encargados, con el fin de contrarrestar al máximo los riesgos que podría tener no poner en funcionamiento esta hidroeléctrica.

“El proyecto es técnicamente recuperable y su rehabilitación y puesta en marcha es la única alternativa para gestionar los peligros y riesgos correspondientes de una forma controlada. Un abandono no representa una solución válida y además factible con respecto a los riesgos involucrados”, explica el informe.

Asimismo, la empresa detalló: “Considerando los diferentes colapsos en el macizo rocoso y el taponamiento de varios túneles de descarga de fondo y de desvío, actualmente no es posible descargar y vaciar el embalse de una manera controlada y permanente (...). De acuerdo con la conclusión de la sección anterior se debe terminar el proyecto de la manera más expedita y acorde con las mejores prácticas técnicas en ingeniería y construcción”.

La consultora añade también que, en pro de cumplir con este requerimiento, cambiar de contratistas podría ser un error craso en medio de la tarea de recuperación de la obra, ya que representaría un riesgo de retraso de al menos un año, lo que aumentaría las probabilidades de que la obra presente anomalías ya irreparables.