EPS Medimás enfrenta procesos de responsabilidad fiscal por 385 mil millones de pesos

Tras el sorpresivo anuncio de la Superintendencia de Salud de liquidar la EPS Medimás por no garantizarles a sus afiliados el acceso a los servicios de salud, el deterioro de sus indicadores financieros y las constantes fallas en la prestación en varios departamentos, este miércoles, se conocieron más detalles sobre las millonarias deudas que registraba y los procesos de responsabilidad fiscal que existen en su contra.

La Contraloría General reveló que existen dos procesos de responsabilidad fiscal contra la EPS por un valor cercano a los 385 mil millones de pesos. El primer caso hace referencia a julio de 2020, por las las presuntas irregularidades en el manejo de 150.844 mil millones de pesos de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El ente de control fiscal señaló que se harían presentado fallas en los anticipos entregados por la EPS a Century Farma, actualmente en liquidación, así como el pago de servicios de salud de personas fallecidas. Así como el pago de 2.981 millones de pesos por multas impuestas por la Superintendencias Nacional de Salud.

El otro caso hace referencia a mayo de 2021 por las presuntas irregularidades en el manejo de 234.191 millones de pesos girados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) para garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados.

En este caso se habría presentado el pago irregular de facturas de anticipos girados por la EPS a Estudios e Inversiones Médicas - Esimed S.A. los cuales no han sido legalizados. En el desarrollo de estos procesos ya han comparecido dos presidentes de la EPS Medimás, vicepresidentes financieros, jurídicos y tesoreros, además de las empresas a las que se les giraron los mencionados anticipos.

La contralora delegada para el sector de la Salud, Lina María Aldana, aseguró que el organismo de control fiscal ha realizado auditorías a dicha EPS sobre las vigencias 2018, 2019 y 2020, determinando millonarios hallazgos fiscales y dando traslado a Fiscalía, Procuraduría, SuperSalud, SuperSociedades, SuperIndustria y Comercio, ADRES y Minsalud, de situaciones irregulares para que tomen medidas de fondo.

Atendiendo esta petición, la Superintendencia de Salud ordenó la liquidación de la EPS por el deterioro de los indicadores financieros y la deficiente prestación de servicios a los usuarios en Valle, Nariño, Putumayo y Cauca.

De acuerdo con el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, esta fue una EPS a la que “se le dieron todas las oportunidades, pero nunca corrigió. No cumplió con el negocio planteado”. Según Aristizábal, la responsabilidad de esta decisión recae en las personas que “convirtieron a Medimás en una EPS comprando a los usuarios de Cafesalud”.

La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos ya había dado a conocer, por medio de un comunicado, que Medimás se encontraba entre las más de 20 empresas promotoras de salud que podrían ser liquidadas en este 2022.

La medida de liquidación se demandó en vista de que no atendió las numerosas órdenes dadas por la SuperSalud para que corrigiera el pago de las obligaciones con su red de prestadores, frenara el deterioro de los indicadores financieros y de solvencia, y redujera la creciente tasa de peticiones, quejas, reclamos y denuncias por parte de los usuarios.

“Con esta EPS agotamos todas las medidas tendientes a lograr la protección del sistema de salud, pero no podíamos permitir que sus incumplimientos siguieran repercutiendo en el deterioro de las condiciones de salud de sus 1,5 millones de afiliados”, añadió el superintendente.

Como consecuencia de la orden de liquidación emitida por la entidad, el Ministerio de Salud procederá a realizar desde el próximo 14 de marzo el traslado de los usuarios de Medimás a EPS receptoras que no cuentan con ninguna medida administrativa.

Según la Resolución 864-6 de este 8 de marzo, Medimás incurrió en siete causales de liquidación por la desviación de los estándares esenciales que les son exigidos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para que hagan un adecuado aseguramiento en salud.