¿Embolatada la reforma al equilibrio de poderes?

Como se sabe, la Corte Constitucional estudia una demanda que busca tumbar la reforma al equilibrio de poderes. Sin embargo, Semana.com conoció que el proyecto de fallo que resolvería esa acción jurídica propone declarar exequible esta disposición, a pesar que la mayor parte de los integrantes de la Corte podría no estar de acuerdo.

Fuentes de ese alto tribunal afirman que la mayoría de los magistrados no estará dispuesta a darle la bendición a la reforma constitucional o al menos no a toda la iniciativa.

Dentro de la corporación habría consenso en torno de la conveniencia de la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, también se tiene cierto grado de certeza de que la Comisión de Aforados no pasará el examen ante los integrantes de la Sala Plena.

De prosperar esa posición, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes seguiría siendo la encargada de juzgar al presidente, a los magistrados de altas cortes y al fiscal general.

En cambio, los abogados empezarían a ser procesados por la Comisión de Disciplina Judicial y la Rama pasaría a ser administrada por la Comisión de Gobierno, ambos estamentos en reemplazo del Consejo Superior de la Judicatura.

Aunque el proyecto de fallo no ha sido radicado aún, se cree que la discusión, que se iniciará a partir de este miércoles, tenderá a mantener la Comisión de Acusación.

Sin embargo, los organismos de control, el Gobierno, los congresistas, la academia y la sociedad civil le expresarán a la Corte Constitucional cuál es su opinión frente al acto legislativo, a raíz de las dos últimas demandas que se interpusieron, la más mediática de ellas la que radicó el ahora exfiscal Eduardo Montealegre.

El exjefe del organismo investigador interpuso esta acción, principalmente, porque se opone a la creación del Tribunal de Aforados, que asumiría las funciones de la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes.

Por razones políticas, Montealegre cree que esa nueva corporación judicial se puede convertir en un instrumento de retaliación contra los magistrados de las altas cortes y el fiscal general, como un caballito de batalla del que podrían hacer uso quienes se vean afectados por las decisiones de estos funcionarios.

Pero desde el punto de vista jurídico, el exfiscal ataca la reforma porque esta y otras modificaciones al funcionamiento del poder judicial no podían ser incluidas en esta iniciativa, que estaba motivada por la necesidad de eliminar la reelección presidencial.

En plata blanca, el destacado jurista cree que se mezclaron peras con manzanas, pues una de las principales exigencias para que prosperen las iniciativas del Congreso es que estas mantegan unidad en su contenido temático.

Por eso, Montealegre tampoco está de acuerdo con la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la creación de un Consejo de Gobierno, que asumiría las funciones administrativas de esa corporación, y la de la Comisión de Disciplina Judicial, que se encargaría de las funciones de investigación de las conductas de los abogados que le atañen a esa institución.

Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez también destapó sus cartas en torno de esta discusión. Para el jefe del Ministerio Público, el precedente más importante que se debe defender es que la Corte Constitucional no puede ponerle obstáculos al Congreso cada vez que allí se decida reformar la Constitución.

Por eso, el jefe del organismo de control ha señalado insistentemente que la Corte debe admitir su falta de competencia para examinar de fondo esta y otras reformas a la Carta.

Una vez cumplida esta audiencia, se espera que los magistrados Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Linares presenten los respectivos proyectos de fallo, que serán tenidos como base de la discusión definitiva que libren los magistrados de la Corte Constitucional.

Al final, de lo que se trata principalmente es de decidir la continuidad o no de organismos como el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes.