“Soy el primer interesado en que se sepa toda la verdad": Samper sobre el crimen de Gómez Hurtado

En múltiples entrevistas Ernesto Samper ha reconocido que el proceso 8.000 ha sido su karma. Una pesada cruz que ha tenido que cargar a cuestas desde el momento en que ganó las elecciones presidenciales de 1994, cuando se destapó la investigación por el ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña, y que lo tuvo más tiempo defendiéndose que gobernando.

Pero su Gobierno también tuvo una mácula que lo ensombreció. El 2 de noviembre de 1995, después de haber dado una clase en la universidad Sergio Arboleda, en el norte de Bogotá, Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado a tiros cuando se movilizaba en su vehículo. La familia del dirigente conservador, desde ese mismo momento, lo calificó como un crimen de Estado, y ha venido señalando al propio Samper y a su entonces ministro de Gobierno, Horacio Serpa, como responsables.

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Gómez Hurtado había sido varias veces candidato presidencial, y al momento de su muerte, era director del Noticiero 24 Horas y del diario El Siglo de Bogotá. En ese medio, a través de la columna editorial, se convirtió en uno de los mayores críticos de Samper, a cuyo Gobierno lo llamaba “régimen”. La marea política que se agitaba en aquel momento fue la que propició la tesis de que el dirigente conservador había sido asesinado por sus críticas al presidente de la república.

El crimen de Álvaro Gómez bien podría denominarse como un “crimen sin castigo”. El caso ya completa 22 años en la impunidad y las investigaciones no han conducido a los verdaderos responsables.

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Durante la última década, la familia del dirigente conservador y otros líderes políticos le han pedido a la Fiscalía que le dé naturaleza de lesa humanidad al crimen de Álvaro Gómez, con el propósito de que la acción de la justicia no prescriba.    

Por ejemplo, así lo pidieron en una declaración los expresidentes de Colombia, Belisario Betancur, César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. El único que no suscribió aquella carta fue Samper.   

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Pero fue el congresista Samuel Hoyos (Centro Democrático) quien desde la época del fiscal Eduardo Montealegre había exigido esa declaratoria, con el argumento de  la doble condición que Gómez Hurtado representaba, la de dirigente político y la de periodista.

Solo hasta este martes el fiscal Néstor Humberto Martínez le dio la razón. “Se tomaron en cuenta los argumentos que siempre se presentaron, que corresponden a que era un persona protegida, y que todo se trató de un ataque sistemático contra personas que denunciaban los vínculos de la mafia con la política”, explicó el sobrino del asesinado dirigente y abogado de la familia, Enrique Gómez Martínez, en una declaración recogida por el diario El Espectador.

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El expresidente Ernesto Samper  fue uno de los primeros en reaccionar a la decisión de la Fiscalía. “El hecho de que el lamentable magnicidio del dirigente Álvaro Gómez Hurtado haya sido declarado crimen de lesa humanidad es más importante que nunca para acabar con la impunidad que ha rodeado este caso, que ya lleva 22 años en manos de la justicia colombiana”.

Para Samper es el momento para que la justicia colombiana aproveche que el caso no prescribirá para “esclarecer lo ocurrido y hallar a los verdaderos culpables, que hasta el momento han contado con insólita protección de impunidad”.

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El expresidente le pidió a la Fiscalía no descartar ninguna línea de investigación, especialmente la que sigue las pistas que entregó el exembajador de Estados Unidos en Colombia, Myles Frechette, uno de sus mayores críticos, antes de su muerte.

“Sería un grave error desestimar tan importantes indicios, fundamento de las declaraciones de Frechette antes de fallecer, hace seis meses, cuando aseguró que a Gómez Hurtado lo había mandado asesinar un grupo de militares y civiles "de derechas" por negarse a participar en un golpe de Estado contra mi Gobierno”, consideró Samper

Para el expresidente, la reciente decisión de la Fiscalía debe entenderse como una oportunidad para dar claridad sobre el crimen del líder conservador, “y no para seguir desencaminando de manera interminable las investigaciones que se han adelantado hasta el momento para llegar a una verdad en la cual soy el primer interesado”.

El crimen de Álvaro Gómez Hurtado ya completa 22 años en la impunidad. El reto será para la Fiscalía que al evitar su prescripción deberá entregar luces y respuestas sobre uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de la política nacional.