“Es falso que con reforma al Código Disciplinario se archivarán 10.000 procesos”: Procuraduría General

En respuesta a las versiones de las voces críticas que llamaron la atención sobre la posibilidad de que más de 10 mil procesos adelantados por la Procuraduría General de la Nación (PGN) puedan ser archivados con la realización de la reforma al Código General Disciplinario en el país, la noche de este domingo la misma entidad emitió un comunicado.

En el texto de seis puntos, la PGN señala como “totalmente falso” la versión que señala que esos miles de expedientes disciplinarios podrían ser archivados y que, “por lo contrario”, la reforma que la institución está tramitando en el Congreso “lo que busca precisamente es evitar esos archivos por prescripciones”.

En el comunicado, el organismo de control también señala que tampoco es verdad que la Reforma al Código General Disciplinario le otorgue a la Procuraduría “superpoderes” para adelantar investigaciones contra la oposición y que la entidad mantendrá sus actuales facultades investigativas y sancionadoras, de manera imparcial y objetiva.

Otra de las críticas que ha recibido la propuesta de la Reforma al Código General Disciplinario es que a través de esta se podría crear un número significativo de puestos de trabajo en la entidad, de más del 50 % de la planta actual, para beneficiar a aliados políticos. Sin embargo, en el pronunciamiento oficial la PGN indicó que esta ”no busca crear burocracia en la Procuraduría”, sino que se tratará de una reorganización interna en el Ministerio Público y será el Departamento Administrativo de la Función Pública quien determine si se requieren nuevos cargos.

“La iniciativa de Reforma al Código General Disciplinario está encaminada principalmente a hacer frente a dos hechos que tienen en vilo la institucionalidad de este Órgano de Control: el primero, la sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el segundo, la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Además, es contribuir a fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad, otorgando de paso mayores garantías a los servidores públicos investigados, incluidos, por supuesto, los de elección popular”, explica la Procuraduría.

Ante la discusión generada, el organismo hizo un llamado a la ciudadanía a no caer y mucho menos difundir lo que calificó como “falsas informaciones, con las que se busca minar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, en sus funcionarios y en su gestión, así como desinformar con el único objetivo de privilegiar la corrupción y la impunidad”.

En diálogo con SEMANA, la misma procuradora general de la nación, Margarita Cabello, dijo que el tema de la posible prescripción es algo que advirtió desde el momento en que llegó al organismo, en enero de este año.

La clave de la discusión parecen ser dos puntos. Primero, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le impide sancionar a funcionarios de elección popular. Y el otro, una reforma que dejó en curso el anterior procurador Alejandro Ordóñez.

“Cuando llegué a la Procuraduría el 16 de enero de 2021, quise hacer un análisis de la situación y del cumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y cuando empiezo a mirar los casos me doy cuenta que había un código general del proceso que había sido postergado en la administración anterior y cuya vigencia tenía que entrar el 1.° de junio de este año”, señaló Cabello, quien se refirió al código como “la piedra en el zapato” para la entidad, pues uno de sus artículos garantizaría la impunidad en miles de casos de corrupción y faltas disciplinarias graves.

Según la representante del Ministerio Público, el punto incluido en el código elimina la caducidad y, al eliminar esta figura, solo queda pendiente la prescripción, por lo que si se dejaban así, “muchísimos procesos quedarían archivados obligatoriamente por prescripción”.

En otras palabras, la caducidad es una figura disciplinaria que otorga cinco años al ente de control, desde el momento en que se producen los hechos materia de la denuncia hasta que se abre la investigación formal. Luego de ese tiempo opera la prescripción, que brinda otros cinco años desde la apertura de la investigación hasta que el ente profiera un fallo.

Por tanto, según la explicación de Cabello, al quedar eliminada la caducidad con el nuevo Código de Proceso Disciplinario, los cinco años transcurridos desde la ocurrencia de la conducta denunciada harían que más de 10.000 procesos ya hubiesen vencido en la actualidad y quedaran automáticamente prescritos