“Es preocupante que el gobierno le haya restado importancia a la verificación internacional”: Juanita Goebertus

SEMANA: Usted, que además de ser congresista participó en la búsqueda del acuerdo de paz, ¿cómo evalúa las acciones de este gobierno frente al acuerdo?

JUANITA GOEBERTUS: Es muy fácil desde Bogotá decir que el proceso de paz va bien porque Duque no lo hizo trizas, o porque no llegó a derogarlo. Pero la realidad en los territorios es otra. La falta de capacidad del Estado para garantizar la seguridad en esas zonas y ofrecer bienes y servicios básicos en los municipios más afectados por la guerra ha generado incertidumbre y pérdida de confianza en el proceso.

SEMANA: Uno de los puntos en que usted más ha insistido es el de las restricciones fiscales a la implementación, ¿cómo explicar esta crítica?

J.G: Hacer realidad lo acordado nos costará 139,1 billones de pesos, para un período de 15 años. Para el presupuesto de 2020 el Gobierno ha propuesto destinar 9,8 billones. Sin embargo, al  revisar en detalle encontramos que al menos el 41% de los proyectos de paz incorporan programas de política social general, sin ninguna focalización territorial. Además, se reduce entre el 7 y el 19%  el presupuesto de las principales entidades encargadas de llevar a cabo la transformación de los territorios más afectados por la guerra. Pero quizás lo más grave es que no se desagrega en el presupuesto la financiación de los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para los 170 municipios más afectados por el conflicto. Si no destinamos 4,67 billones en 2020 para implementar estos planes, los riesgos de desestabilización de esos territorios van a ser muy altos.

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SEMANA: No todo puede ser negativo: ¿Qué temas favorables destaca de la gestión del gobierno frente a la paz?

J.G:  El avance en negociar dos créditos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por un total de USD 150 millones, para sacar adelante el catastro-multi propósito. Estaremos atentos desde el Congreso para garantizar que, como quedó plasmado en el Plan de Desarrollo, estos recursos se focalicen en primer lugar en los municipios PDET.

SEMANA: Varios analistas han dicho que este gobierno le apuesta más a un proceso de reinserción individual de los excombatientes, que a un proceso de reintegración colectiva, ¿lo ve así?

J.G: Este Gobierno ha insistido en la reintegración de “las bases”, dejando de lado a los comandantes que están cumpliendo con el Acuerdo y que son quienes tienen el liderazgo para garantizar que los demás no vuelvan a delinquir. La experiencia con la desmovilización paramilitar demostró que no tener un programa especial de reincorporación para los mandos medios estuvo altamente relacionada con el surgimiento de las Bacrim. Pero quizás lo más grave es que 83% de los excombatientes objeto del proceso de reincorporación siguen sin hacer parte de ningún proyecto productivo.

 SEMANA: En términos de verificación del acuerdo, ¿cuál es el panorama y el compromiso del gobierno?

J.G: En un ambiente de tanta polarización y desconfianza es preocupante que este Gobierno le haya restado prioridad al componente de verificación internacional. A la fecha no sabemos si éste continuará o no. Eso de la mano de la ausencia de  un componente de seguimiento sistemático, la falta de cifras públicas en muchos de los componentes, y los cambios en la metodología de las estadísticas del Gobierno, ha dificultado mucho la verificación de su cumplimiento.  Por eso es fundamental poner en marcha lo antes posible el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto.

SEMANA: Los organismos internacionales, y la ONU en particular, ha destacado el trabajo de la Consejería para la Estabilización de Emilio Archila. Teniendo en cuenta que el papel de Archila es clave, ¿cómo lo evalúan ustedes?

J.G: El Consejero Archila es una de las pocas personas dentro del Gobierno que tiene la camiseta del Acuerdo puesta. Pero superar un conflicto de más de 50 años requiere bastante más que un funcionario que quiere hacer la tarea. Sin voluntad política del Gobierno y su partido, y sin darle prioridad presupuestal, sus esfuerzos serán en vano.

SEMANA: ¿Cuáles son los puntos más débiles de esta implementación?

J.G: Mencionaría tres. En primer lugar es determinante garantizar la seguridad en los territorios más afectados por la guerra. Al comparar el último año del Gobierno Santos con el primer año del Gobierno Duque encontramos que hay un incremento de los homicidios en los municipios de un 1,5%. Sin una estrategia de seguridad territorial para cuidar a los habitantes del campo y administrar justicia local, va a ser imposible estabilizar estos territorios.

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Segundo, me preocupa mucho la falta de avance en la implementación del Fondo de Tierras. En el primer año del Gobierno Duque se han dotado y formalizado 73.465 hectáreas de pequeña y mediana propiedad. Esto representa tan solo el 8,7% de lo que deberíamos estar haciendo al año para poder cumplir con la meta establecida en el Acuerdo de Paz.  

Finalmente, me preocupa que estemos reparando menos víctimas. En Colombia hay 7.1 millones de víctimas que son sujeto de reparación. A la fecha hemos reparado a poco más del 12% del universo total. Al ritmo al que vamos nos toma más de 62 años terminar el proceso.  Sin embargo, durante el primer año del Gobierno Duque se llevaron a cabo 45.090 indemnizaciones, 56% menos víctimas al año que durante el cuatrienio anterior.

SEMANA: ¿Cuáles son los principales correctivos que debería tomar el gobierno en temas de paz?

J.G: Dejar de dar la batalla ideológica contra el acuerdo de paz y asumir que la mejor manera de enfrentar los problemas de seguridad y económicos que vive el país es volcándose sobre la transformación de la ruralidad.

El 50% de los procesos de paz del mundo fracasan durante los primeros 5 años. Solo si el Gobierno entiende la oportunidad que tenemos como país, y le da a la implementación del Acuerdo la prioridad que se merece, tendremos la posibilidad de evitar que el conflicto se repita.