¿Es viable la propuesta de Petro de crear una “JEP para narcotraficantes”?

El tema ha generado una dura discusión porque salió a la luz junto cuando aún no se ha despejado del todo el escándalo que se desató tras la visita del hermano de Petro a condenados por corrupción y parapolítica.

En la grabación revelada por Colombia Humana, Petro habla de buscar un “desmantelamiento pacífico del narcotráfico” e inmediatamente explica de qué se trata.

“Procesos jurídicos de sometimiento colectivo a la justicia, lo que implica beneficios jurídicos a cambio de no repetición de la actividad narcotraficante, eso puede usted llamarlo una JEP para el narcotráfico”, explicó el candidato del Pacto Histórico, en medio de la grabación de mediados de febrero de este año y que fue revivida en medio de la discusión sobre el llamado “perdón social”, con lo que se demostraría que, contrario a lo que se ha dicho desde su campaña, Petro contemplaría beneficios judiciales a personas señaladas de graves delitos.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que en Colombia, ya existe la Ley 1908 de 2018, conocida como ley de sometimiento a la justicia, que busca justamente que grupos armados organizados se puedan someter colectivamente a la justicia a cambio de beneficios penales.

La norma establece la posibilidad de reclusión en granjas agrícolas, que podrán ser de máxima, mediana o mínima seguridad, para que los condenados que se hayan acogido a esta norma paguen sus penas.

La ley es clara en que en ningún caso, la sujeción a la justicia impedirá la extradición de los miembros de los Grupos Armados Organizados. Las organizaciones que se acogan a esta norma deberán entregar una relación detallada de sus bienes, información que conduzca a relacionar a los menores que hagan parte de esa organización e identificar las víctimas que serán reconocidas junto con un plan para repararlas.

Reforma

Sin embargo, lo planteado por Petro, además de la posibilidad de “beneficios jurídicos”, habla de crear una nueva jurisdicción especial, lo que implicaría, en caso de ser similar a la JEP, que los narcotraficantes tendrían sus propios jueces y un sistema de juzgamiento especial.

Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de los excombatientes de las Farc, quienes son juzgados por la JEP, a pesar de que son acusados de graves delitos, aún no han perdido sus derechos políticos y algunos de los líderes pueden estar en el Congreso como parte del acuerdo de La Habana.

Para crear una nueva justicia para las organizaciones narcotraficantes, necesariamente hay que acudir a una reforma que debe hacer tránsito por el Congreso, una rama que estará muy dividida a partir del 20 de julio, cuando toman posesión los nuevos congresistas.

“Sin contar al Partido Liberal y Cambio Radical, las elecciones dejaron a los sectores de centroderecha con entre 43 y 45 curules en el Senado, conformadas por el Partido Conservador, el Centro Democrático y La U. Los sectores alternativos, integrados por la centroizquierda, suman entre 38 y 40 escaños. Es decir, es un escenario prácticamente de empate técnico.

En caso de que Petro llegue a la Presidencia, y con un escenario tan apretado en el Legislativo, resulta realmente muy complicado que le aprueben una reforma en este sentido, especialmente por la resistencia que genera en la ciudadanía hablar de beneficios jurídicos para narcotraficantes.

Adicionalmente, este texto tendrá que ser revisado por la Corte Constitucional, tribunal que tendrá que revisar, en primera instancia, que no haya una sustitución de la Constitución, que es la razón por la cual se han caído muchas normas en Colombia.

Hay que recordar que en el caso de la actual Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta fue creada en el marco del acuerdo de La Habana, texto que fue incorporado al llamado “bloque de constitucionalidad”, lo que fue avalada por la Corte.

El otro elemento que se debe tener en cuenta es el económico, un tribunal de este tipo requiere un presupuesto anual que el país tendrá que cuantificar a la hora de aprobar una propuesta de este tipo.