Escándalo | Contralor de Villavicencio habría cobrado por archivar investigaciones fiscales

La corrupción sigue provocando escándalos en todo el país. En esta ocasión un hecho inescrupuloso en extremo se reveló en Villavicencio, capital del departamento del Meta. Los acontecimientos están siendo investigados por la Procuraduría General de la Nación por tratarse de irregularidades cometidas con dineros públicos.

Hasta donde se sabe, el contralor municipal de Villavicencio, Carlos Alberto López López, y el gerente de la Electrificadora del Meta, Eliecer Almeyda Gutiérrez, presuntamente cobraban a cambio de archivar investigaciones fiscales contra otros funcionarios.

Así las cosas, las oficinas seccionales del Ministerio Público en el territorio mencionado buscan determinar si los servidores se aprovecharon de sus puestos para pedir $ 100 millones al abogado y exgerente de la Empresa Industrial y Comercial de Villavicencio, Villavivienda (hoy denominada Piedemonte), David Enrique Rodríguez Casas, para que no se le requiriera por la supuesta compra irregular del edificio donde funciona la entidad.

De la misma forma, el organismo de control público aseguró que analizará el posible cobro de dinero que también se habría hecho a exalcaldes del municipio y otros exdirigentes de la compañía, siendo algunos de puestos conseguidos por elección popular.

“Las posibles irregularidades en las conductas de los funcionarios podrían constituir una falta disciplinaria, por lo que la Entidad solicitó la práctica de pruebas, y buscará determinar su ocurrencia para definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, indicó el ente investigador.

Fiscalía ocupa bienes de exfuncionarios públicos

La lucha incansable contra las actividades ilícitas que perjudican las finanzas públicas del país ha dado lugar a un importante avance en la desarticulación de redes corruptas.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional contra la Corrupción, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, bajo la Fiscalía General de la Nación, llevó a cabo una serie de operativos en 12 municipios de siete departamentos, donde fueron impuestas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posición sobre los diferentes activos.

Se trata de 69 inmuebles (entre rurales y urbanos), 12 vehículos y dos sociedades, ubicados en Sincelejo, Sucre; Arauca, Arauca; Puente Nacional, Santander; Villanueva y Riohacha, La Guajira; Galapa, Barranquilla, Soledad y Juan de Acosta, Atlántico; Dosquebradas, Risaralda, y Bogotá. El valor preliminar de los bienes afectados superaría los 36.620 millones de pesos.

Todo esto, bajo la estrategia conocida como ‘Argenta’, que busca debilitar las estructuras financieras de las organizaciones ilegales, afectando directamente su patrimonio malhabido. Las propiedades incautadas están vinculadas a exfuncionarios, presuntamente involucrados en actos de corrupción, que han causado un grave menoscabo a las arcas del Estado.

Uno de los hallazgos más significativos se dio en el departamento de Sucre, donde se identificaron propiedades relacionadas con los hermanos William David y Jorge Eliecer Mercado Chenique. Estos individuos, en calidad de directivos de una IPS local, habrían afectado el erario departamental en una suma considerable, sin mediación de contratos legales con la Secretaría de Salud de Sucre.

Además, en La Guajira, exfuncionarios de Corpoguajira y otros ciudadanos enfrentan medidas judiciales tras ocuparse propiedades que forman parte de su patrimonio. Estos individuos habrían incurrido en irregularidades que superan los 1.823 millones de pesos, involucrando la entrega de pagos por actividades y servicios que nunca fueron prestados.

El alcance de la operación se extendió a varios departamentos más. En Atlántico y Bogotá, se descubrieron sociedades fachada a través de las cuales se llevaron a cabo operaciones de ingreso irregular de calzado y textiles. En Arauca, Santander y Bogotá, exfuncionarios municipales habrían girado fondos de las regalías a cuentas personales. En Risaralda, se ocuparon bienes adquiridos con dineros producto del pago irregular de cesantías. Y finalmente, en Atlántico y Bolívar, se determinó la comisión de delitos de peculado por apropiación y falsedad en documentos públicos.