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El valor de los contratos en cuestión alcanzó los 120.000 millones de pesos, los cuales fueron entregados a los mismos constructores, y al parecer bajo las mismas condiciones de lo que se hizo en Armenia | Foto: Archivo particular

JUSTICIA

El tour de la corrupción: del eje cafetero a San Andrés

Con el mismo modus operandi y los mismos protagonistas del saqueo en Armenia, la Fiscalía desmanteló una presunta red de corrupción que se trasladó hasta la isla. Capturan al gobernador suspendido Ronald Housny Jaller y a miembros de su equipo.

8 de octubre de 2018

La misma red de corrupción que habría saqueado las finanzas de Armenia, se fue a probar suerte a la isla de San Andrés. Y lo que encontró después de atravesar el caribe fue un botín que llevan explotando por varios años. 

Así lo reveló la Fiscalía, al anunciar la captura de once personas, entre las que se incluye al suspendido gobernador del departamento, Ronald Housny Jaller. Deberán responder por los delitos de peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y concierto para delinquir. También, se compulsaron copias para investigar la presunta participación del representante a la Cámara Jack Housny Jaller, hermano del mandatario regional.

Este megaoperativo fue calcado del que se hizo hace seis meses en la capital del Quindío, donde cayeron el alcalde de la capital de Quindío, Carlos Mario Álvarez Morales; la exalcaldesa Luz Piedad Valencia Franco, su esposo, y una decena de funcionarios y contratistas que se habrían quedado con el 25 por ciento de la valorización de Armenia. Según el ente investigador, a través de dos jugosos contratos, la red delincuencial habría logrado dirigir la adjudicación a una UTL de la que hacían parte dos conocidos nombres del mundo empresarial.

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Según la Fiscalía, los contratos fueron adjudicados a la Unión Temporal Vías Armenia
-integrada por la constructora Diez Cardona, de Fernando León Diez Cardona; Furel S.A., cuyo representante es el antioqueño Hernán Moreno Pérez, y Construcciones Lezo S.A.S. Su valor alcanzó los 110.000 millones de pesos, de los cuales se habrían comprometido a entregar un 10 por ciento. La interventoría la hizo Ángel José Angarita Pareja, uno de los nombres que vuelve a recibir el llamado de la justicia. El ente investigador probará en juicio que estos contratos se dieron sin cumplir con requisitos como la entrega de los diseños y en otros casos sin haber hecho el recaudo de valorización. 

Los protagonistas del pasado se reencaucharon en el nuevo saqueo, esta vez, a una de las islas más apartadas de la geografía que se pelea cada punto en el presupuesto de la Nación. La Fiscalía encontró presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por alrededor de 120.000 millones de pesos, los cuales fueron entregados a los mismos constructores, y al parecer bajo las mismas condiciones. 

Según el ente de control, para quedarse con la construcción de colegios y parques en el departamento, supuestamente pagaron el 10 por ciento del valor de los contratos; la coima se habría desembolsado a los altos dignatarios del gobierno departamental. Del equipo de contratistas, los nombres que vuelven a la palestra son los de Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez Cardona y algunos de sus presuntos socios. 

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El dinero se habría pagado en las casas de los involucrados, oficinas y en vehículos oficiales. Los contratistas son señalados de haber entregado el valor pactado a intermediarios quienes serían los encargados de repartir las coimas a los mandatarios y algunos funcionarios, que presuntamente manipularon las licitaciones públicas y descartaron a otros oferentes con el pretexto de que no cumplían los requisitos de ley.

En este nuevo capítulo criminal, repite el empresario Hernán Moreno Pérez, dueño de Furel, compañía de ingeniería eléctrica, también impulsor de campañas políticas. La firma es una de las mayores contratistas de EPM y UNE y tiene prestación del servicio de energía eléctrica de San Andrés. Moreno Pérez tiene detención domiciliaria. 

Uno de los contratos que más indignación causa en la isla, es el relacionado a la construcción del Centro de Educación Media Diversificada (Cemed) Antonia Santos. El contrato fue suscrito el 23 de diciembre de 2014 por un valor de 50.000 millones de pesos y las obras deberían entregarse a la comunidad en diciembre de 2015. Hoy, después de cuatro años, la construcción no alcanza el 50 por ciento de su ejecución.

"Los testimonios, el material probatorio y la evidencia física en poder de la Fiscalía, darían cuenta de que para este proyecto de megacolegio el constructor, diseñador e interventor pertenecían a una misma firma, que era liderada por los señores Hernán Moreno Pérez y Fernando León Diez Cardona, como se presentó en el desfalco a los recursos de valorización en Armenia", dijo la Fiscalía.

"Para este proyecto de megacolegio el constructor, diseñador e interventor pertenecían a una misma firma, que era liderada por los señores Hernán Moreno Pérez y Fernando León Diez Cardona", Fiscalía

En la redada en San Andrés, la Fiscalía capturó al gobernador, a la exgobernadora Aury Guerrero Bowie; al secretario de Infraestructura, Alejandro Lozano Bowie; a la exsecretaria de Educación de San Andrés, Edelmira Archibold Hawkins; a la jefe de la Oficina Jurídica, Ain Zulema Conolly; a la secretaria de Planeación, Tatiana Pérez García, y a Elizabeth O‘Neill, supervisora de los contratos adjudicados irregularmente. También fueron detenidos los contratistas Mauricio José Rodríguez Cotua, Sergio Fabián Lever Whittaker, Luis Albeiro Urrego y Juan Diego Alvis Cotes.