Escándalo de MinTIC: embargos podrían llegar hasta el doble del anticipo entregado a Centros Poblados

La Contraloría General anda en busca de cada pieza necesaria para descifrar el entramado alrededor del contrato firmado entre la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), por un valor de 1,07 billones de pesos, para instalar centros digitales y conectar a más de 14.000 escuelas de zonas apartadas.

Sin embargo, entre los colombianos queda de nuevo la sensación de que las entidades de control llegan después, cuando ya el riesgo de que se pierda la plata pública es mayúsculo.

En este caso, el ente de control dice que había hecho alertas previas y, ahora, en el curso de las investigaciones que se adelantan, está verificando in situ cada peso invertido luego del desembolso por 70.000 millones de pesos, que ya el MinTIC le hizo al contratista. De igual manera, les siguen la pista a los recursos financieros con los que cuenta la UT, después de que se destapara que hasta las garantías bancarias presentadas para obtener la licitación eran falsas.

El contralor general, Felipe Córdoba Larrarte, presentó sus explicaciones en SEMANA.

SEMANA: Varias entidades de control están tras las pistas del escándalo alrededor de Centros Poblados. ¿Cuál es el resultado más contundente logrado hasta ahora por la Contraloría?

Felipe Córdoba: El 13 de agosto abrimos un proceso de responsabilidad fiscal por cuantía de 70.243 millones de pesos, ante evidencias de presuntas irregularidades en la planeación adelantada por FunTIC en el trámite de la licitación, así como en el manejo del anticipo y la ejecución del contrato con la UT Centros Poblados.

En el primer semestre de este año, les realizamos una auditoría financiera a esos contratos y se levantó un hallazgo administrativo al plan de anticipos. La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) produjo el semestre pasado una malla contractual con documentación clave y de relevancia para la actuación especial de fiscalización que, el 16 de junio, inició la delegada del sector de las TIC.

Los resultados nos dieron fundamento para declarar de impacto nacional estos hechos. De inmediato, la Unidad Anticorrupción de la Contraloría procedió no solo a abrir el proceso de responsabilidad fiscal, sino a ordenar embargos, citar versiones libres y practicar una amplia gama de pruebas. SEMANA: Centros Poblados ejecutó unos 225 contratos por billonarias sumas, que tendrían que ser revisados.

SEMANA: ¿Qué avance ha obtenido en ese frente?

F.C.: El proceso de responsabilidad fiscal detalla las alertas que la Contraloría General emitió con base en sus facultades de control preventivo. Las alertas fueron oportunamente dirigidas hacia integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados. Los detalles de la investigación gozan, por ahora, de reserva, pero, en su momento, el país los conocerá a fondo.

SEMANA: Todas o casi todas las empresas que se juntaron en esta UT tenían integrantes investigados por corrupción o ligados a un escándalo. ¿La Contraloría ya estaba alerta al destaparse el caso?

F.C.: Sí. Con nuestras herramientas de control preventivo y concomitante, emitimos las alertas sobre la empresa contratista. Si bien estas alertas no tienen un carácter vinculante, sí constituyen un instrumento de vital importancia, que en numerosos procesos de contratación pública han servido para prevenir enormes daños fiscales. Las razones que rodearon su desconocimiento podrían tener fuerte incidencia procesal.

SEMANA: ¿Cómo se explican tantas irregularidades, como el cambio a última hora de la oferta del consorcio ganador o la transformación del objeto social de una de las empresas de la UT para poder encajar, y que todo haya pasado de agache hasta ahora? ¿Quién debía hacer los controles iniciales?

F.C.: La Contraloría está evaluando la etapa precontractual y contractual, y no quisiera adelantar conceptos ni juicios de valor, porque, precisamente, para eso está en curso el proceso fiscal. La Unidad Anticorrupción está trabajando sin descanso para producir los resultados que reclaman legítimamente los colombianos.

SEMANA: ¿Cuántos y cuáles delitos podría haber hasta ahora en este caso, según lo recabado por las autoridades de control y vigilancia?

F.C.: En el proceso fiscal que estamos desarrollando veremos si encontramos conductas presuntamente penales o disciplinarias. Si es así, les daremos traslado a las autoridades competentes, que, para el caso, son la Fiscalía y la Procuraduría. Excúseme por no hacer juicios al respecto, porque, si algo tienen los investigados, son abogados que están pendientes de cada palabra que pronunciamos para recusarnos y dilatar los procesos. No quiero propiciar una situación de esa naturaleza.

SEMANA: Financieramente, ¿la UT tendría con qué responder a embargos de cuentas para el pago de los anticipos y sanciones? Hasta las garantías bancarias eran falsas...

F.C.: No estamos ahorrando esfuerzos para resguardar el recurso público. Uno de los mecanismos que ha empleado la entidad ha sido el de realizar embargos que, en monto, podrían llegar hasta por el doble del anticipo entregado a Centros Poblados. Por esa razón, se ha informado a la opinión pública que la Contraloría no solo tiene por objetivo resguardar con embargos los 70.000 millones que se entregaron como anticipo, sino que la norma permite embargos hasta los 140.000 millones de pesos. Los detalles de estas actuaciones forman parte de la reserva que tiene el proceso de responsabilidad fiscal que en la actualidad se adelanta en la entidad.

SEMANA: ¿Por qué las empresas a las que se les detecta riesgo de corrupción o, incluso, incurrieron en corrupción se vuelven a juntar con otros y vuelven a entrar en el escenario de la contratación? ¿Hay o habrá alguna norma que les aplique una sanción definitiva?

F.C.: La Contraloría es fuente de información, pero no puede coadministrar, sino alertar o advertir. Así lo estamos haciendo en todos los sectores que vigilamos y con la aplicación de la tecnología, con inteligencia artificial y analítica de datos. Generamos las alertas y las damos a conocer a las entidades involucradas.

SEMANA: ¿Qué se sabe del pago de la póliza (según la cláusula penal pecuniaria) por parte de Centros Poblados, con la cual le tendrían que pagar al Estado 39.015 millones de pesos?

F.C.: Todas esas cláusulas contractuales están siendo evaluadas en el proceso fiscal. Le repito que me gustaría contarle mucho más, pero corremos el riesgo de anticiparnos a las decisiones procesales con el costo que tendría en acciones contra nosotros por violar el debido proceso y la presunción de inocencia.

SEMANA: Frecuentemente, se introducen ajustes a la contratación en el país para evitar la corrupción, pero sigue sucediendo. ¿De qué otra manera se puede blindar la contratación para proteger los recursos públicos?

F.C.: Si las personas son corruptas, buscarán la forma de canalizar su condición. Nuestro trabajo diario consiste en evitar que encuentren la forma de hacerlo. Estamos conjugando en la práctica estos verbos: prevenir, advertir, descubrir y sancionar, según corresponda. Debemos ser efectivos y ejemplarizantes para que la certeza de la sanción disuada a potenciales corruptos. Hay que buscar formas creativas para combatirlos, y la tecnología nos está dando la posibilidad de anticiparnos en algunos casos y de reaccionar rápidamente en otros. No podemos bajar la guardia.

SEMANA: ¿Cuál es el balance de la Contraloría sobre recuperación de recursos públicos?

F.C.: Pese a que la actual crisis ocasionada por la pandemia podría haber afectado nuestro ejercicio de control y fiscalización, la Contraloría ha recuperado recursos que estaban perdidos o en riesgo por 22 billones de pesos. Gracias al ejercicio preventivo, ha evitado descalabros millonarios que en otros tiempos solo podríamos investigar después de su consumación.

El ejercicio preventivo, apoyado en el control social y esa batería tecnológica que es la Diari, nos permite vigilar las 24 horas proyectos sensibles, entre ellos, los 3.834 financiados por el Sistema General de Regalías.

Hemos hallado, simultáneamente, más de 1.700 elefantes blancos, cuyo valor es próximo a 22 billones de pesos, y hemos conseguido que las entidades públicas reporten cerca de 1.500 obras inconclusas, que representan más de 9 billones. Con ese volumen de recursos que surge de allí, en total 12 billones de pesos, podríamos disponer hoy de 30 hospitales de primer nivel o financiar programas de vivienda de interés social. No le hemos dado tregua a la corrupción y, en algunos casos, nos hemos podido anticipar a ella.