Nación
Escándalo MinTic: Estos son los nombres de los dos congresistas denunciados ante la Corte Suprema
Una red de veedurías pidió a la Sala de Instrucción investigar a dos senadores por el polémico contrato de más un billón de pesos, para llevar internet a zonas apartadas del país. SEMANA revela la denuncia completa de la Red de Veedurías Bien Común.
SEMANA conoció en primicia el documento completo con la denuncia que presentó la red de veedurías Bien Común en contra de dos congresistas por el escándalo de MinTic. Se trata de Armando Benedetti y Mauricio Gómez Amín. El ponente será el magistrado Misael Rodríguez.
“La Veeduría Ciudadana puso en conocimiento de la Ministra Karen Abudinem Abuchaibe presuntos hechos anómalos sobre la posible participación en investigaciones penales por presuntos hechos de corrupción de algunas firmas proponentes que participarían en la licitación pública, sin que el despacho hubiese siquiera intentado profundizar el tema y prestándose a adjudicar el proceso licitatorio en comento”, señala la denuncia.
Y agrega el documento: “A pesar de haberse puesto en conocimiento previo de presuntas irregularidades en todo el proceso licitatorio y la participación masiva de empresas con antecedentes penales por posible corrupción, se observa una posible omisión en siquiera indagar por las alertas ciudadanas que nacen precisamente para evitar detrimento patrimonial en un futuro. Al parecer, de acuerdo a los hechos presuntamente intermediaron, senadores de la República para evitar la caducidad del contrato 1043 de 2020, es decir, para proteger el patrimonio público que juraron blindar y proteger”.
La denuncia, dirigida al magistrado Misael Rodríguez, señala que: “No se está hablando de un proceso licitatorio de solo algunos millones de pesos sino de billones de Pesos. La jurisprudencia tiene definida la moralidad administrativa, principio de la función pública, como el derecho que tiene la comunidad a que el patrimonio público sea manejado de acuerdo con la legislación vigente, con la diligencia y cuidado propio de un buen funcionario”.
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Relata en el aparte de pruebas que “se adjudicó la Región B y se suscribió el Contrato Estatl de aportes 1043″ y que “por ello es impresentable que 8 polizas falsas, pasaran por encima de tantos funcionarios públicos”. El documento cita, por ejemplo:
1. La póliza “falsa de seriedad de la oferta sin número del banco ITAU”.
2. La Aclaración “falsa de la póliza falsa seriedad de la oferta sin número”.
3. Las 3 pólizas “falsas presentadas inicialmente al momento de legalizar el contrato”.
Las 3 pólizas falsas presentadas nuevamente el 30 de diciembre de 2020 al contratista Ses Colombia para que las aprobara identificadas, entre otras.
Entre los nombres que han salido a relucir en el escándalo aparece, por ejemplo, Emilio Tapia, el mismo que fue condenado por el carrusel de la contratación en la capital del país, brindó ese día con whisky junto a algunos de sus compinches. De nuevo lo había logrado. A un grupo de empresas que él había coordinado le acababan de adjudicar, en diciembre de 2020, un contrato por más de un billón de pesos para instalar más de 7.000 puntos digitales.
Así se lo contó a la Fiscalía Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, dueño de la firma Novotics y uno de los involucrados en el sonado escándalo que decidió colaborar con la justicia, y cuyo testimonio fue conocido en exclusiva por SEMANA. “Ese día estábamos en las oficinas de la 93 en Bogotá, estaban Emilio, la esposa, Robert Gómez, yo, la doctora María Mónica Pino, el doctor Lucas, había otro abogado, y ese día llegó el momento de abrir los sobres”, les confesó Cáceres a los investigadores, el pasado 3 de septiembre.
