De ‘fast track’ a operación tortuga en el Congreso

El miércoles de la semana pasada, cuando el tema de Odebrecht salpicó la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos, en los pasillos del Congreso se respiró incertidumbre. No fue suficiente la temprana declaración de los ministros y consejeros que insistían en que la campaña presidencial solo recibió dineros provenientes de anticipos y reembolsos estatales, para evitar que en los corrillos parlamentarios ese fuera el único tema. La desconcentración de los congresistas llegó a tal nivel que incluso puso en riesgo el quorum en las sesiones. En la Comisión Primera del Senado, el número de congresistas necesarios para debatir el proyecto que blinda al proceso de paz se completó justo antes de que la sesión se levantara por falta de asistencia.

Aunque nadie sabe con certeza qué sucedió con Obredecht y la campaña presidencial, es previsible que el desconcierto que ha causado este escándalo en el mundo político se mantenga por un tiempo y tenga implicaciones sobre la gobernabilidad. Como quedó demostrado la semana pasada, uno de sus primeros efectos puede ser golpear el liderazgo que hasta ahora ha tenido el gobierno en el Congreso. Hace más de un año que en la discusión de temas centrales y relacionados con la paz, los quorum no estaban en riesgo. Pero esta vez fue más que difícil mantenerlos.

Por si fuera poco, a la confusión se sumó que un día antes aparecieron dos encuestas en las que el presidente Santos registraba los niveles más bajos de popularidad de sus dos mandatos. Una de Datexco, en la que la imagen presidencial bajó al 24 por ciento –12 puntos menos que en diciembre–, y otra de Gallup, en la que el 66 por ciento de los colombianos rechazan su gestión.

Si bien algunos de los voceros de la Unidad Nacional en el Congreso salieron a defender al presidente, el escándalo generó desánimo incluso entre los partidos que han sido más leales a su mandato: el Liberal y el de La U. “En ambas bancadas se sabe que es un momento crítico para el gobierno. Es fundamental que el presidente vuelva a representar la unidad. Este es un golpe a su liderazgo”, dijo a SEMANA un senador de La U, el partido de Santos.

El desánimo parlamentario podría afectar la velocidad del trámite legislativo especial, fast track, acogido para hacer efectivos los acuerdos de paz. Se trata de más de 50 proyectos de ley que buscan poner en marcha los compromisos entre el gobierno y las Farc, de los cuales se han presentado ocho desde diciembre y apenas uno, la Ley de Amnistía, ha sido aprobado. Otros fundamentales también han perdido ritmo. Al que permite la participación de Voces de Paz, el movimiento que ambienta la llegada política de las Farc, le falta un debate. Y la justicia especial para la paz se encuentra enredada por el intento de armonizar lo acordado en La Habana con las observaciones que al respecto ha hecho el fiscal general.

De seguir la anterior tendencia, el fast track tendría que prorrogarse por seis meses más, lo cual tampoco sería conveniente. Está demostrado que a medida que se acercan los momentos electorales, los parlamentarios pierden ritmo y constancia. Y con una campaña electoral anticipada, es previsible que en la segunda mitad de 2017 quienes aspiren a volver al Congreso estén más dedicados a su propio proselitismo que a presentarse a las sesiones.

El otro partido de la Unidad Nacional, Cambio Radical, se mostró solidario con el mandatario. Su máximo líder, Germán Vargas, se unió al respaldo que el gabinete le dio a Santos. Sin embargo, ese entusiasmo no se sintió en su bancada. El mismo día que saltó el escándalo, el representante Rodrigo Lara aseguró que al fiscal no le tiembla la mano y pidió ir a fondo en las investigaciones. “Odebrecht sobornó a altos dignatarios y se infiltró en campañas políticas, por eso considero que las investigaciones deben llegar hasta las últimas consecuencias. El país debe conocer toda la verdad sobre este capítulo repugnante de la más alta y grosera corrupción”, dijo.

Las declaraciones de Lara hacen parte de una apuesta generalizada de los políticos por hablar contra la corrupción. Desde que comenzó a salir a la luz pública que Odebrecht pagó un asesor para la campaña de Óscar Iván Zuluaga, parlamentarios y dirigentes partidistas comenzaron a pronunciar duros discursos contra los sobornos, las intermediaciones, las malas prácticas y los abusos de poder en beneficio propio. Hernán Andrade, presidente de los conservadores, Jorge Enrique Robledo, del Polo, y Viviane Morales, del Partido Liberal, exigieron prontitud en las investigaciones. La excandidata Marta Lucía Ramírez emitió un comunicado de prensa para asegurar que las cuentas de su campaña están disponibles para la opinión pública. Y el expresidente Andrés Pastrana y la excandidata Marta Lucía Ramírez fueron más allá y consideraron la posibilidad de que el presidente renuncie.

“El discurso de la lucha contra la corrupción es trillado, sale a la luz pública siempre que hay un escándalo, y aunque como bandera electoral no es eficiente genera mucha visibilidad mediática”, asegura el estratega de comunicaciones Ángel Beccassino. Con él coinciden otros expertos para quienes, además, la velocidad con que hoy en día la gente consume la información implica que rápidamente, y por cuenta de un escándalo, la opinión pública y la política pueden cambiar rápidamente su agenda. Y en esta coyuntura, la sombra que dejó Odebrecht sobre las campañas que llegaron a la segunda vuelta presidencial implicó este cambio: mientras hasta el año pasado las mayorías políticas insistían en que el conflicto armado era el problema histórico más grave del país, ahora los discursos hacen énfasis en que la prioridad debe ser luchar contra la corrupción.

Pero el consenso en ese rechazo no garantiza la armonía política. “Con las banderas anticorrupción, todo el mundo se echa el agua sucia”, insiste Beccassino. Y así quedó en evidencia en los últimos días, cuando por cuenta del escándalo aumentaron los ataques cruzados entre partidos, congresistas y candidatos.

En términos formales, la gobernabilidad se define como la existencia de niveles mínimos de cooperación entre actores públicos y sociales, para sacar adelante temas estratégicos. Al salpicar la campaña del presidente Santos, el escándalo de Odebrecht generó niveles máximos de estrés en el mundo político. El reto ahora es canalizar este estrés hacia la acción y no hacia la parálisis.