| Foto: Fotomontaje SEMANA

POLÍTICA

Escándalos, acusaciones y escasas propuestas: el epílogo de una opaca campaña al Congreso

Los colombianos nuevamente tendrán que acudir a las urnas a encontrarse en el tarjetón con algunos candidatos cuestionados.

12 de marzo de 2022

Salvo contadas excepciones en las que afloró la creatividad y se pusieron sobre la mesa las propuestas, la campaña al Congreso que finaliza este domingo con las elecciones legislativas llega a su punto definitivo en medio de escándalos de corrupción, acusaciones entre los candidatos y escasas alternativas para los problemas que vive el país.

Prueba de ello es lo que ha ocurrido esta semana, en la que en menos de siete días tres candidatos al Congreso se han visto envueltos en escándalos de tipo penal.

Este viernes fue capturado el candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal Wilmer Yesid Guerrero Avendaño, tras transportar un gran cantidad de dinero que no pudo justificar y que podría ser un caso de lavado de activos.

El dirigente político fue detenido en un puesto de control ubicado por agentes del Segundo Distrito de la Policía en el barrio El Carretero, en la ciudad de Ocaña (Norte de Santander), transportando fajos de billetes en el interior de su camioneta que sumaban 200 millones de pesos. Tras ser consultado por las autoridades, Guerrero no supo explicar. El dinero quedó a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía para adelantar todo el proceso de verificación.

Este jueves la polémica tuvo como protagonista al representante a la Cámara por Cambio Radical Modesto Aguilera, sobre quien reposa una denuncia formal presentada ante la Corte Suprema de Justicia, el 22 de febrero de este año, por presunto abuso sexual.

La denuncia indica que el congresista, quien aspira a reelegirse en su curul, habría aprovechado la cercanía con la familia de la víctima para tratar de cometer el abuso.

Según la denuncia, el primo de Guisella la llevó a un apartamento para dejarla sola con Modesto y “al llegar ingresaron los tres hasta el apartaestudio o suite, este (el primo) les manifiesta que va a buscar al señor representante a la Cámara dejando a la víctima en compañía de su novia María Fernanda Jiménez. Transcurrido un tiempo, el primo de Guisella regresa junto con Modesto Aguilera y le dice (a su novia) que le acompañe a recibir el resto de personal que viene a la supuesta reunión”.

En otro aparte del documento judicial se puede leer que “después de pasar diez minutos, se le tira encima (Aguilera) y ella estaba sentada en el sofá de la sala distraída manipulando su teléfono móvil. Comienza a besarla y a tocarla, esta se defiende como puede y le exige respeto, quedando en shock (...); él se quita la camisa, saca su miembro viril y se masturba en frente de ella; ella le exige respeto, pero él continúa con los actos obscenos; la víctima no sabía cómo salir del lugar y le manifiesta que se sentía abusada, maltratada y humillada. Él seguía masturbándose”.

Al conocer estos señalamientos, Aguilera emitió un comunicado en el que aseguró que es “ajeno” a estas acusaciones y manifestó está sufriendo un “daño moral”.

Red de corrupción

La semana pasada el escándalo fue nuevamente de un congresista liberal, se trata del senador Mario Castaño a quien los investigadores señalan de ser la cabeza de una sofisticada red de corrupción.

Los investigadores, según reveló SEMANA en exclusiva, interceptaron las llamadas telefónicas de Castaño y sus presuntos cómplices, en las que se evidencia un interés indebido por todo tipo contratación con entidades locales, regionales y nacionales. Los hechos vendrían ocurriendo desde 2018. Según los cálculos preliminares, la banda habría desfalcado al Estado en por lo menos 60.000 millones de pesos, aunque se cree que la cifra podría ser mayor.

En una comunicación entre Castaño y Juan Carlos Martínez, a quien los investigadores señalan como su hombre de confianza, ambos se jactan delante de dos mujeres porque se apropiaron de la prórroga de un contrato de licores en el Chocó que, según confiesan, les dejaría utilidades anuales por 15.000 millones de pesos y durante 15 años.

Por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra Castaño.

De esta manera, se llega al epílogo de una campaña legislativa en la que nuevamente los colombianos irán a las urnas a encontrarse en el tarjetón con candidatos cuestionados.