“Esclavitud moderna”: la propuesta en el Congreso para los contratistas de prestación de servicios

En Colombia, tan solo en el Estado, se calcula que hay unos 76.847 contratos de prestación de servicios, con corte a julio de 2019, según cifras recopiladas por la senadora Angélica Lozano y el representante a la Cámara por Bogotá Mauricio Toro, de la Alianza Verde.

La cifra puede ser mucho mayor si se tiene en cuenta que no todos los contratistas registran su hoja de vida en el Sigep.

“Los contratos de prestación de servicios en Colombia se han convertido en la manera de evadir el esquema de protección social de los trabajadores o en la forma de contratar sin unas garantías mínimas que atentan contra la dignidad humana”, señalan Lozano y Toro, quienes acaban de radicar un nuevo proyecto de ley para “establecer medidas que protejan y dignifiquen al contratista de prestación de servicios en el sector público”.

El proyecto de Ley 154 de 2020 también propone “desincentivar y eliminar el encubrimiento de las relaciones laborales bajo la modalidad de contratación de prestación de servicios y reforzar e incentivar la modernización de las plantas de personal del Estado”.

La iniciativa, en esencia, busca brindarles garantías mínimas a los contratistas. En primer lugar, se propone una cláusula penal en favor del contratista en caso de que se le incumpla su contrato. “Se apoya el concepto de estabilidad ocupacional reforzada, desarrollado por la Corte Constitucional; no se puede terminar un contrato a un contratista que se encuentre en situación de debilidad manifiesta por su estado de salud, por ejemplo”, señala el proyecto.

Así mismo, propone que “los contratistas de prestación de servicios tendrán derecho a que dentro de su contrato de prestación de servicios se pacten 12 días de disfrute de descanso, y garantiza sus derechos constitucionales de reunión y asociación sindical”.

La senadora Angélica Lozano y el representante Mauricio Toro también proponen que las entidades del Estado definan “topes máximos para la contratación por prestación de servicios, la cual debe guardar coherencia con su nómina de trabajadores so pena de sanciones”.

La idea es que las entidades del Estado reduzcan estas vinculaciones de personas a través de la modalidad de prestación de servicios.

En la argumentación del proyecto, los congresistas citan una investigación realizada por la Universidad de los Andes y publicada en noviembre del año pasado. Según las cifras, “en promedio, ser contratista disminuye 37 por ciento el salario bruto mensual devengado con respecto a tener un cargo de planta”.

Así mismo, revela unas cifras de la Organización Internacional del Trabajo. “Los datos de empleo de la última década reflejan el aumento en la proporción de personas contratadas por Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) por año de inserción al mercado laboral en el sector público. Mientras que dentro del grupo de quienes ingresaron al mercado laboral en 2007 solo el 20 por ciento se vinculó mediante un contrato OPS; en 2017 esa proporción se elevó al 70 por ciento”.