Un SOS por los niños

A diez minutos de Lorica, en Córdoba, está el corregimiento de San Sebastián, en el que se encuentra la Institución Educativa Rafael Núñez, o lo que queda de ella. Más de 700 niños reciben clases en condiciones precarias. No tienen agua ni luz, tampoco salones ni sillas adecuadas. En las improvisadas aulas de paredes de madera, en las que el calor es insoportable, los niños de primaria y secundaria han sufrido accidentes. Uno de ellos se partió un brazo, porque las tablas del piso se quebraron.

Antes el plantel tenía seis aulas de concreto, pero las intervinieron y reubicaron a los estudiantes en salones de madera para construir un nuevo colegio que valdría 4.200 millones de pesos. El sueño se convirtió en una pesadilla.

Este colegio de Lorica narra el retrato lamentable de lo que ocurre en el país. Los niños sufren las consecuencias de las obras inconclusas o inexistentes que los tienen condenados al hacinamiento. Todo comenzó en 2015, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos trazó un ambicioso plan: convertir a Colombia en el país más educado de América Latina. Para ello, apostó en grande por el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE), para aplicar la jornada única escolar. Ante el déficit de aulas, calculado en más de 51.000, decidieron hacer 30.600.

El Ministerio de Educación Nacional decidió administrar el PNIE por medio del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), una cuenta especial sin personería jurídica creada para administrar recursos. La idea era que los municipios o departamentos pusieran el 30 por ciento del costo de las obras y la Nación el 70 por ciento restante. Ese dinero quedaría disponible en el FFIE, que se encargaría de contratar las obras.

Dividieron el país en ocho grupos para hacer ocho millonarios contratos marco. Por ejemplo, al primer grupo le correspondían las obras de Antioquia, Caldas, Cauca y Chocó. Para realizarlas había un cupo disponible de 465.000 millones de pesos. Los municipios se postulaban con sus predios y si estos resultaban viables entraban en el plan.

En un inicio cinco proponentes recibieron la adjudicación de los contratos marco: Consorcio UT MEN 2016, con un cupo de 305.000 millones de pesos para dos grupos; Constructora Colpatria, con dos grupos por 760.000 millones de pesos; Consorcio Mota-Engil, con un cupo de 905.000 millones de pesos para dos grupos; Graña y Montero con 405.000 millones de pesos y el Consorcio Desarrollo Escolar con 420.000 millones. Sin embargo, en abril de 2018, Graña y Montero desistió de la obra y el FFIE cedió ese contrato a Mota Engil, que para su momento contaba con buenas calificaciones.

Pero las cosas no salieron como esperaban. A inicios de 2019, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría inició una pesquisa preliminar para determinar si había un desfalco a los dineros públicos y si el país se enfrentaba a un ‘carrusel de las escuelas’. Los investigadores concluyeron que de 3,5 billones de pesos que administra el fondo, 2 billones estaban en manos de tres contratistas. A corte de diciembre de 2018, el ente de control determinó que contratistas e interventores habían recibido pagos por 656.000 millones de pesos, y que 53.000 millones más sirvieron para pagar los gastos administrativos de la Unidad de Gestión del FFIE.

En un inicio ningún contratista sabía cuántos colegios debía hacer o intervenir, si eran 100 o 200 dependía de cuántos postularan en cada departamento. Pero sí debían responder por ellos y ejecutarlos en 36 meses, sin recibir anticipos. El contrato se pagaba por etapas, es decir, tras la entrega de los diseños les daban una parte y con la entrega de las instalaciones el resto. En todo el país se firmaron acuerdos para hacer 543 proyectos, pero hoy el retraso es evidente, en casi la mitad las obras no han comenzado.

En otros lugares, como en Lorica, van a media marcha. El colegio Rafael Nuñez era responsabilidad de la portuguesa Mota Engil, la empresa más nombrada en medio de los escándalos por los megacolegios. Desde hace seis meses la obra está paralizada, ni los estudiantes ni los profesores entienden qué ocurrió exactamente, ni quién les va a responder. Este año el FFIE decidió terminar el contrato por incumplimiento, así que el proyecto quedó paralizado con un 78 por ciento de ejecución. Las instalaciones existen, pero la red eléctrica y los baños no están terminados, por ejemplo. Un avance significativo pero insuficiente para los niños cordobeses que incluso han preferido abandonar el colegio a seguir estudiando en esas condiciones. La obra presentó serios retrasos, en parte porque la empresa aseguró que “identificaron problemas de seguridad que llevaron a parar los trabajos” en noviembre de 2018.

Las construcciones, se han convertido en elefantes blancos por los que nadie se quiere responsabilizar. El Gobierno de Iván Duque las ve como una herencia con la cual tienen que lidiar. “Aquí no vamos a permitir que más contratistas se vuelvan a burlar de los estudiantes de nuestro país. Vamos a buscar que el FFIE haga cumplir la ley, haga cumplir los contratos o los reasigne”, dijo el presidente Duque.

Con esta alerta, en septiembre del año pasado, renunció Juan Carlos Franco a la gerencia del FFIE y asumió Adriana González. En medio de la crisis por las obras que afectan a casi 500.000 niños en el país, el FFIE empezó a dar por terminados algunos contratos por incumplimiento y a ceder otros tantos. Todo se ha convertido en un verdadero revolcón: nuevamente están eligiendo a contratistas mediante una convocatoria abierta, pero esta vez no otorgarán megacontratos, sino que abrieron 17 grupos para buscar proponentes.

Están actuando y la ministra María Victoria Angulo dice que no han desembolsado un solo peso de las obras no entregadas a cabalidad. Pero iniciar nuevas contrataciones trae efectos colaterales, como sobrecostos y mayor tiempo de espera para los niños.

Antioquia es uno de los departamentos más afectados. Los proyectos que se construyen allí están en una lista de prioritarios, junto con los de Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó y Córdoba.

Sandra Isarre, veedora del Colegio José Miguel de la Calle en Envigado, asegura que el FFIE les dio un parte de tranquilidad al respecto porque contarían con un “fondo de contingencia”. Pero hay otro problema: no es posible ceder los contratos mientras los anteriores no hayan sido liquidados. En el caso de Mota Engil, la empresa solicitó un tribunal de arbitramento para terminar los contratos con el FFIE y la mediación de la Procuraduría para conciliar y entregar activos. En este colegio antioqueño no hay ladrillo sobre ladrillo. La vieja edificación quedó demolida, lo cual le corresponde al municipio, y los niños resultaron trasladados a otra sede. “Esto les ha causado hasta problemas psicológicos, los del otro colegio les hacen bullying porque se sienten invadidos. La calidad ha disminuido, las clases solían ser de 45 minutos y ahora son de media hora”, cuenta Sandra, madre de dos niñas.

En Antioquia hay 26 obras suspendidas y ocho sin comenzar. La situación es crítica y la discusión llegó al Congreso. El representante Julián Peinado (liberal) citó a un debate de control político a la ministra de Educación en septiembre. Allí encontró que las cifras del FFIE y los testimonios de la gente no concordaban, no había tantas obras en ejecución. “Este problema es una herencia del Gobierno Santos, pero la responsabilidad es del Estado. Queremos que nos respondan qué harán con los 443.000 niños damnificados”, aseguró el congresista.

La deserción escolar aumenta. Por ejemplo, en el Colegio Rufino Sur en Armenia han desertado al menos 100 estudiantes debido al hacinamiento. El porqué de los retrasos tiene múltiples respuestas. En algunos casos el terreno no era apto, la licencia de construcción tardó más de lo planeado o existe el colegio pero no está dotado, una responsabilidad del municipio, no del constructor de la obra. La discusión jurídica será larga. Sin embargo, en este caso debe primar la protección de los niños que merecen una educación de calidad.