Tropel sangriento: ¿Qué hacer con el Esmad?

Con toda razón la muerte de Luis Orlando Saiz ha prendido las alarmas sobre los extremos de violencia a los que se puede llegar en las protestas callejeras. El joven manifestante murió por la explosión de una granada lanzada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante el paro de camioneros en Duitama, Boyacá, el pasado 12 de julio. El Instituto de Medicina Legal confirmó que su deceso se produjo por trauma craneoencefálico causado por una granada de gas lacrimógeno, de las que usa este cuerpo policial.

Este no es el primer caso, y en los últimos meses los incidentes han ido en alza. Actualmente están en investigación la muerte de Willington Quibarecama, Gersain Cerón y Marco Aurelio Díaz, quienes participaban en la minga indígena del mes de mayo. En total, según cifras presentadas el año pasado por el representante a la Cámara Alirio Uribe, tomadas del Banco de Datos del Cinep, hasta 2014 se le atribuían al Esmad 137 personas heridas y 13 muertes. Los periodistas tampoco se escapan. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, entre 2004 y 2016 el Esmad había cometido 52 agresiones contra comunicadores mientras realizaban su trabajo, generalmente cubriendo las protestas.

Sin embargo, los más afectados por la violencia son los propios policías. Cinco agentes han muerto en refriegas con manifestantes, tres de ellos por armas de fuego. El último fue Hugo Efrén Pacheco que murió cuando un tiro atravesó su armadura y le dio directo en el pecho durante una toma de tierras de indígenas en el Cauca. Otros 854 han resultado lesionados, muchos de ellos de gravedad. Esta espiral de radicalidad parece ir creciendo a medida que la protesta social se hace más frecuente.

La izquierda pide que se desmonte este cuerpo por ser una herencia de la guerra. El representante a la Cámara por el Polo Democrático Alirio Uribe ha abanderado esta posición con el argumento de que aún existe el concepto de que la protesta social es subversiva. A su juicio, lo que se requiere es crear espacios de diálogo y concertación para que los conflictos no lleguen al extremo que han llegado. No obstante, el presidente Santos piensa diferente. En días recientes advirtió que en el posconflicto habrá más y no menos Esmad. “Se requieren personas de temple, personas fuertes, personas con nervios de acero, pero con el corazón ardiente por el amor a su institución y a su patria para cumplir bien ese indispensable deber de preservar el orden público en todas las zonas y territorios del país”, dijo.

Una historia de moretones

El Esmad nació en 1999 luego de las marchas cocaleras del sur del país. “En esa ocasión hubo muchos policías heridos porque no estaban preparados para una protesta de esa magnitud”. Fue entonces cuando se creó esta fuerza de contención, copiada del modelo de la gendarmería francesa. En realidad en todos los países del mundo existen, y en ninguna parte son agradables ni queridos. Se les ve no solo atajando protestas, sino en los estadios enfrentando a las barras bravas, en los conciertos y en eventos como desalojos. No en vano se han hecho virales varias fotos de ciudadanos inermes enfrentando a estos ‘robocops’.

En Colombia el Esmad no porta armas de fuego, sino un armamento considerado no letal: granadas y fusiles que disparan gases, sonidos ensordecedores y tanquetas que lanzan agua. Y ese es uno de los puntos en debate, porque las armas no letales ya han matado a varios manifestantes. De hecho, en el caso de Saiz, lo que está en discusión es si el policía disparó respetando los protocolos usados, y se produjo un accidente involuntario, o su acción fue deliberada.

El teniente coronel Gabriel Bonilla, director del Esmad, admite que en el caso de Duitama se está indagando con el proveedor de las granadas si hubo una falla en su funcionamiento. Ahora, estas armas también pueden causar daños muy graves a la salud: pérdida de ojos, de audición o lesiones severas en la piel.

El otro punto de debate es qué concepto de la protesta social tiene la Policía. A ese cuerpo pertenecen 3.600 uniformados, de los cuales 100 son mujeres. Se entrenan para resistir la presión y el estrés. Bonilla aclara que actualmente se está trabajando fuertemente en la capacitación en derechos humanos y sobre el derecho a la protesta social. “Entendemos el derecho legítimo a la protesta, pero todo derecho tiene límites cuando afecta otros derechos”, dice. A su juicio, el Esmad presume como pacífica toda movilización y solo actúa en caso de que haya riesgo inminente de desmanes.

Para Uribe, en cambio, la sola presencia del Esmad en una manifestación es provocadora. Al respecto Bonilla admite que el traje negro de escuderos genera resistencia y por eso en ocasiones, cuando hay marchas claramente pacíficas, el Esmad está en lugares invisibles, mientras la fuerza disponible de la Policía es quien aparece en el primer anillo.

La violencia de algunas protestas, como las universitarias, ha disminuido, posiblemente por efectos del proceso de paz. Pero otras han escalado su virulencia. Es el caso de los indígenas del sur del país, que pasaron de las piedras con caucheras y cerbatanas al uso de papas explosivas y pequeñas armas hechas con tubos rudimentarios y pólvora a las que les echan canicas que pueden ser mortales. O incluso han usado armas de fuego. Wilson Fernando Rojas es un miembro del Esmad que en 2014 fue asignado a la contención de una manifestación en San Agustín, Huila. Allí recibió un tiro que le entró por el ojo y se alojó en la base del cráneo. Perdió la visión por ese ojo, la movilidad de un lado del rostro y un oído. Sobrevivió de milagro.

La idea de que se deben tratar los conflictos sociales de manera concertada, la comparte todo el mundo, pero no siempre funciona. Prueba de ello fue el paro camionero que se prolongó por 46 días y a quien le puso más el pecho el Esmad que el propio gobierno.

Tanto en el gobierno como en los sectores políticos hay conciencia de que habrá un incremento de la protesta. Primero porque crece la confianza de los movimientos sociales en que podrán salir a la calle sin ser reprimidos; y segundo porque las expectativas de cambio social que trae el proceso de paz son mayores de lo que seguramente serán sus realizaciones, y esa frustración se tramitará en las calles. Por eso Alirio Uribe dice que esto amerita un cambio total en el enfoque policial, pensando más en la seguridad humana, y en un diálogo social y político con las comunidades. El coronel Bonilla asegura que la institución se viene preparando para ese cambio. “No vemos al manifestante como un enemigo, sino como una persona”, dice. Y agrega que junto al Ministerio del Interior, la ONU y diversas organizaciones vienen trabajando en un protocolo para el manejo de la protesta social, que involucra no solo a la Policía sino a las autoridades civiles.

En últimas hay dos desafíos por delante: convertir la protesta en un ejercicio ciudadano sin violencia, y hacer que fuerzas como el Esmad se sintonicen con los tiempos de una nueva seguridad con enfoque humano y no militar. Que la calle sea un espacio natural para la expresión política y no un problema de orden público.