CORRUPCIÓN
Espías y traición en el comando de las Fuerzas Militares
Desvíos de gastos reservados, seguimientos irregulares, uso de información secreta con fines políticos y otras actividades poco claras rondan en el comando de las Fuerzas Militares.
La Fiscalía 11 de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la Nación dispuso, desde el 24 de junio de 2022, orden de archivo de las diligencias adelantadas en su momento respecto del General Martin de Jesús Nieto Nieto, citado en este artículo. De otra parte, La Procuraduría General de la Nación, mediante fallo del 4 de mayo de 2021, terminó el procedimiento disciplinario adelantado en contra del mencionado oficial mediante archivo definitivo del mismo. Por este motivo SEMANA precisa y actualiza la publicación.
El tema era un secreto a voces desde hace años en los pasillos del Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM). “Esta es la punta de la pirámide de la carrera militar y la cúspide de la estrategia de defensa nacional. Pero lamentablemente desde hace mucho tiempo algunos de los que llegan acá no son los mejores. En ciertos casos se trata de oficiales, suboficiales o civiles de los que sus propias fuerzas se quieren ‘desenhuesar’ por corrupción, ineficiencia, etcétera. Pero como cuentan con un padrino, no terminan por fuera, sino acomodados en el CGFM”, afirmó a SEMANA un alto oficial de la Armada que trabaja en esa alta dependencia.
Allá muchos comentan en voz baja pero con indignación lo que ocurre desde hace varios años. Aunque tienen pruebas de graves denuncias, pocos se atreven a poner la cara públicamente, y solo algunos las han hecho llegar a la Fiscalía, Procuraduría o Contraloría. La ley del miedo ronda por los pasillos y no es para menos. Todos temen represalias, que van desde traslados a zonas inhóspitas del país, apertura de investigaciones injustificadas basadas en anónimos hasta despidos fulminantes. A otros incluso los han amenazado de muerte. Se trata de un ambiente pesado que garantiza silencio e impunidad.
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La mayoría de los colombianos rara vez oyen hablar del CGFM, no tienen clara la función de esa estructura que dirige a las tres fuerzas y con frecuencia la confunden con el Ejército.
Por eso, muchos se despistaron cuando hace dos semanas el gobierno nacional anunció que el comandante de este último, general Alberto Mejía, reemplazaría al también general Juan Pablo Rodríguez al frente del CGFM. A raíz de esa decisión, ocho generales, la mayoría adscritos al mismo Comando General, renunciaron y filtraron a los medios que lo hacían por estar en desacuerdo con esa medida, lo cual generó una sensación de crisis. Sin embargo, sin dudarlo, el gobierno les aceptó inmediatamente la solicitud de baja, en gran medida porque a la Casa de Nariño también habían llegado algunas informaciones inquietantes del CGFM.
A pesar de la ley del silencio, desde hace algún tiempo al menos una decena de funcionarios del CGFM empezaron a contar y documentar lo que pasaba a SEMANA, otros medios y a los organismos de control. Uno de estos temas tenía que ver con el manejo poco claro de millones de pesos de las partidas destinadas a gastos reservados. Históricamente, no solo allí, sino en la mayoría de entidades que cuentan con este tipo de rubros, ese manejo ha sido objeto de cuestionamientos. La razón es que rara vez tienen una auditoría externa seria, con el argumento justamente de que son reservados y tienen que ver con temas de seguridad nacional. No obstante, en el caso de CGFM, SEMANA logró documentar y conseguir los testigos que demuestran lo contrario.
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En el CGFM conocieron uno de esos casos con la clave de “Gourmet”. Ese nombre designaba a una supuesta fuente presuntamente reclutada por uno de los oficiales más cercanos a la J-2 (Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Militar Conjunta del CGFM), que estuvo a cargo del general Martín Nieto, precisamente uno de los ocho que hace dos semanas pidió el retiro.
La supuesta fuente era un integrante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de servicio en Fuerte Tiuna, en Caracas, Venezuela. En teoría, el oficial del CGFM lo había reclutado y este se había comprometido a entregar información sobre un plan de los venezolanos llamado “Centauro Negro”, con datos claves sobre operaciones. A cambio, el venezolano recibiría 30 millones de pesos. En sus informes, el oficial del CGFM presentó fotos del supuesto informante y algunos datos de los planes estratégicos del país vecino. Sin embargo, al comparar lo que entregó se trataba de información conseguida por un hacker amigo suyo que se hizo pasar por el integrante de la GNB. Y la plata terminó consignada en cuentas de la familia del oficial colombiano, incluida la de su novia.
Cuando descubrió el entramado del oficial, un subalterno la puso en conocimiento de sus superiores, entre ellos Nieto, y posteriormente del general Mauricio Zúñiga, justo otro de los ocho que pidieron la baja hace pocos días. Este último también recibió en mayo de 2016 informes según los cuales ese mismo oficial de la ‘fuente chimba’ había montado una pirámide y estafado a varios de sus compañeros en el CGFM. Pero nada pasó. El denunciante terminó trasladado a las selvas del Guaviare y el denunciado siguió como si nada.
Así, inventando fuentes inexistentes, algunos oficiales consiguieron millonarios recursos.“Usted consigue a cualquiera que le ponga una huella y le firme los documentos como fuente. Eso sirve, en parte como soporte para las auditorías, y el tema queda legalizado”, explicó un suboficial a quienes sus superiores le pedían realizar esas actividades.
También estafaban al fisco por medio de contrataciones o servicios de mantenimiento. Una factura da cuenta de 6 reparaciones realizadas en un solo año en vehículos en perfecto estado por valor de 52 millones de pesos.
Los implicados usaron varios millones de pesos de esos rubros para pagar abogados defensores externos en procesos de los llamados falsos positivos. Uno de ellos era la esposa de un alto oficial del CGFM. En otros casos, utilizaban los dineros para gastos personales o viajes de altos oficiales.
Non sanctas
Y lo peor es que en algunos casos servían para realizar operaciones de recolección de información o inteligencia con fines particulares, lejos de los objetivos institucionales o en beneficio de las Fuerzas Militares o del Estado.
De ese modo, por ejemplo, efectuaron labores de inteligencia contra oficiales de varias fuerzas, lo que no tendría nada de extraño si se tratara de labores de contrainteligencia. “Les escarbaban todo. Les buscaban novias, mozas o lo que fuera para tener con que pisarles la cola en caso de algún problema o para tener herramientas para chantajearlos, a fin de que, por ejemplo, no investigaran equis cosa o apoyaran la adjudicación de un contrato, etcétera. Si no encontraban nada, filtraban anónimos. Un anónimo a veces es más efectivo que una bala”, explicó a SEMANA uno de los encargados de ese tipo de acciones non sanctas.
No menos inquietante es que usaron con fines políticos mucha de la información secreta y estratégica de los temas que se manejaban en el CGFM. Datos o informes terminaron en manos de miembros de la oposición del gobierno y, obviamente, eran objeto de manipulación. En septiembre del año pasado, Alejandro Ordóñez, en una entrevista con Claudia Gurisatti, afirmó que “acudieron a mi oficina dos agentes de inteligencia militar que me manifestaron esa agenda que había entre el gobierno y las Farc para sacar al procurador”. Aunque el hoy candidato presidencial afirmó que se trataba de miembros de inteligencia militar, SEMANA estableció que en realidad eran tres integrantes del CGFM que, en efecto, lo buscaron para entregar datos para perjudicar al gobierno.
Pero Ordóñez no ha sido el único a quien le han ido a entregar datos con fines electorales. Esta fuga de información con intenciones de influir en la campaña incluye temas extremadamente sensibles. Desde el CGFM llegó a una de estas campañas nada menos que un listado con los datos y fotos de una serie de agentes de inteligencia venezolanos presentes en territorio colombiano. Esa información, clasificada como ultrasecreta, que SEMANA tiene en su poder, había sido enviada a su vez al CGFM por una agencia de inteligencia que la compartió debido a su gravedad. Sin embargo, terminó en manos de políticos.
Como si esto no resultara preocupante, ese caos y falta de control también ha dado lugar a episodios que afectan la seguridad nacional. SEMANA estableció que, durante varios meses, un oficial del CGFM entregaba a los venezolanos a cambio de dinero los reportes diarios de todas las operaciones aéreas de las aeronaves de las Fuerzas Militares y la Policía. Lo cual, claramente, configuraría el grave delito de traición a la patria.
Esto es tan solo una parte de lo que sin duda es una caja de Pandora llena de ingratas sorpresas. Por todo esto, y mucho más, el gobierno debe tomar medidas contundentes en la dependencia que, se supone, es el corazón de la defensa nacional.
