Los escándalos de los ‘hombres bomba’ del Ejército Nacional

El viernes primero de mayo el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, junto a la cúpula militar, anunció en una rueda de prensa que 11 oficiales habían sido retirados por cuenta de las investigaciones producto de las revelaciones de SEMANA. El funcionario no reveló en ese momento los nombres.

Vea el video de la portada de SEMANA

El número de oficiales destituidos sin duda es significativo, pero saber quiénes son no es un asunto menor. La razón es simple: mientras eso no ocurra no habrá claridad total que permita establecer que los que acaban de ser apartados de las filas en efecto son los mismos que estuvieron involucrados en los casos de seguimientos, interceptaciones y perfilamientos de decenas de personas revelados por SEMANA. 

Durante los últimos 10 años ha existido un grupo de 12 militares, entre oficiales y suboficiales, que ha estado metido en los más grandes escándalos que han terminado sacudiendo al Ejército Nacional. No son los únicos pero son los encargados de realizar estos trabajos poco transparentes para los superiores de turno. “Ellos son lo que en el Ejército llamamos ‘hombres bomba’. Gente que por lo que hizo, por lo que saben y por lo que podrían revelar se volvieron imposibles de tocar, porque de hacerlo estallarían y las consecuencias para la institución serían desastrosas”, dijo a SEMANA un general de la cúpula militar.

Esto que crudamente describe el general terminó por convertir a los integrantes de ese grupo en una especie de intocables que estaban por encima de la ley. El problema es que, justamente por las acciones de ese reducido grupo de militares, el Ejército ha soportado varios graves escándalos. Todos han estado involucrados, directa o indirectamente, en operaciones cuestionables. Cuando estás quedan al descubierto y estalla el escándalo, siempre ocurre lo mismo: los integrantes son trasladados a puestos administrativos por sus jefes mientras la marea del escándalo baja y meses después regresan para comenzar un nuevo encargo. Estos son cinco de los escándalos, y las investigaciones reveladas por SEMANA en su momento, en los que este grupo de los llamados hombres bomba ha participado.

1-Febrero 2014- La sala gris

  
Sede del CIME del Ejército.

Cuando se suponía que el capítulo de las chuzadas ilegales era un tema superado, revive con fuerza el fantasma de las interceptaciones ilegales en el país. Y esta vez no sólo por cuenta de la existencia de una oficina fachada que estaría interceptando a los negociadores del gobierno en La Habana, entre otros. 

Hace casi cinco meses, el pasado primero de agosto, ocurrió un hecho extremadamente inusual que hasta el momento se ha manejado con bastante sigilo. Por orden de la Fiscalía, una de las salas de interceptaciones del Ejército, conocida con el nombre de ‘sala gris‘, fue cerrada, sus equipos desmontados y trasladados a las instalaciones del búnker. La razón de esa decisión tendría que ver con el hecho de que en ese lugar, entre otros, se habrían efectuado escuchas ilegales a gran variedad de personas, entre las que habría civiles, miembros de la fuerza pública, incluidos oficiales de alto rango del propio Ejército y otras fuerzas.

Durante varios años y hasta hace cinco meses la ‘sala gris‘ funcionó en las instalaciones de la central de Inteligencia y Contrainteligencia Militar ubicada en el norte de Bogotá, conocida como CIME. La ‘sala gris‘ forma parte del llamado sistema Esperanza, que es el sistema matriz de interceptaciones legales de la Fiscalía General de la Nación (FGN), el cual entró en funcionamiento a mediados de los años 90 bajo el auspicio y el financiamiento de los gobiernos estadounidense y británico. El sistema, bajo administración y control de la FGN, cuenta con 18 salas en total, la mayoría en las instalaciones del búnker.

Otras como la ‘sala gris‘ del Ejército están por fuera. Como el Ejército no tiene funciones de Policía Judicial para realizar una interceptación, deben contar con la presencia y la supervisión de funcionarios del CTI y fiscales para garantizar la legalidad de las interceptaciones.

En el pasado la ‘sala gris‘ del Ejército ha sido fundamental en algunos de los más contundentes golpes de la fuerza pública contra el terrorismo. Allí se realizaron parte de las interceptaciones que resultaron claves en operaciones que terminaron en éxitos militares contra peces gordos de la subversión como ‘Alfonso Cano‘ y el ‘Mono Jojoy‘. Esa sala también jugó un importante papel dentro de acciones de contrainteligencia que permitieron, por ejemplo, detectar un grupo de militares activos y retirados que trabajaban para el extraditado jefe del cartel del norte del Valle, Diego León Montoya, alias ‘Don Diego‘.

En la sala gris se realizaron parte de las interceptaciones que resultaron claves en operaciones que terminaron en éxitos militares contra peces gordos de la subversión como Alfonso Cano.

Más recientemente también la sala tuvo gran protagonismo en las investigaciones contra algunos militares que participaron en los llamados falsos positivos. Su trascendencia en algunos temas de inteligencia y contrainteligencia del Ejército no tiene discusión. Justamente por estas razones el cierre y el desmonte intempestivo de la ‘sala gris‘ es una señal de que algo estaba ocurriendo allí.

“Usted no desmonta algo tan importante para el Ejército y el Estado a menos que sea por algo grave. En el pasado hubo problemas y aun así siguió funcionando (ver Los antecedentes oscuros de la sala gris). Sólo ahora la desmontan. La ‘sala‘ no sólo es gris. La puerta de entrada a un mundo negro, muy complejo que va más allá y que es mejor no averiguar (ver ¿Alguien espió a los negociadores de La Habana?). Es como el cuento de la morcilla: a todos les gusta pero nadie quiere saber cómo se hace. En este caso es qué es lo que hacen”, dijo a SEMANA un oficial de inteligencia militar.

“En teoría están todos los seguros posibles para que no se metan goles. Cuando se va a ingresar un número por parte de ellos (los militares) se piden todos los soportes necesarios y hasta se les hace poner firma y huella a los responsables antes de pasar esa orden de interceptación para ser autorizada por el fiscal correspondiente y con el aval de un juez", explicó a Semana.com uno de los funcionarios de CTI que trabajó en esa sala.

Adicionalmente, "cuando la línea ya es autorizada y desde el búnker se permite que la señal pueda ser escuchada en la ‘sala‘ nosotros tratamos de escuchar lo que oye el analista para verificar que la voz y lo que se conversa corresponda a lo que se autorizó y al caso que se está investigando. El sistema como tal tiene todos los seguros posibles. Pero su debilidad son las personas, pues como cualquier cosa que cuente con participación de humanos, eso hace posible que alguien se tuerza y meta un gol”, contó el funcionario.

 “Ante las versiones que empezamos a tener sobre irregularidades optamos por cortar por lo sano y desmontar y trasladar la ‘sala gris‘ de inteligencia militar y traerla al búnker, en donde hay posibilidades de tener mayores controles”, explicó en su momento el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre a SEMANA, y afirmó que esa misma decisión se adoptó con otras salas, incluidas dos que estaban funcionando en la sede del desaparecido DAS. Curiosamente esa entidad que todos daban por liquidada aún tiene a 300 funcionarios y sigue relativamente viva.

 La decisión del fiscal general, Eduardo Montealegre, fue valiente y no tiene antecedentes. SEMANA estableció con diversas fuentes militares que la determinación generó controversias y reclamos no sólo por parte de los propios uniformados, sino incluso de altos funcionarios del Gobierno, como el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quienes respetaron pero no compartieron la determinación. No pocos militares consultados por este portal manifestaron su inconformismo con la medida, a la vez que algunos de ellos señalaron que, como consecuencia del desmonte de la ‘sala gris‘, algunas operaciones que estaban en curso podrían verse afectadas.

 A pesar de esos escándalos del pasado que poco atención pública tuvieron en su momento, la ‘sala gris‘ siguió funcionando durante años sin mayor problema hasta hace pocos meses. ¿Qué fue lo que pasó entonces para tomar la decisión de cerrarla?

 La sombra de la CIA

 Localizado sobre la calle 100 con carrera octava, en el norte de Bogotá, está un complejo en el que sobresale un edificio en ladrillo. Es la CIME. Allí operó la ‘sala gris‘. Desde cuando empezó a funcionar esa sala contó con un padrino bastante relevante: la CIA. “Ellos (la CIA) suministraban apoyo económico y técnico para que la sala pudiera funcionar. Todo, absolutamente todo lo que aquí ocurre es de conocimiento de ellos. Ellos saben qué, a quién y por qué se intercepta en la sala. En términos prácticos, ellos eran los verdaderos jefes de esta sala”, contó a SEMANA uno de los militares que allí trabajaron.

 Dicha información fue ratificada por varios de los analistas de la ‘sala‘ y funcionarios de la embajada estadounidense. En documentos oficiales en poder de este portal la relación de la CIA con la ‘sala gris‘ está documentada no con la sigla oficial de esa agencia, sino bajo la denominación ORA, que es la sigla de Office of Regional Affairs. En teoría, la presencia de la CIA que no es algo nuevo ni sorprendente, se supone que está encaminada dentro del marco de la cooperación en la lucha contra el terrorismo, especialmente contra las FARC. El asunto no deja de ser polémico si se considera que tenía acceso a información sobre las 440 líneas que tenía capacidad de interceptar esa sala.

 “En teoría son los analistas del CTI los que por ley deberían estar oyendo las líneas como parte de los controles para garantizar la legalidad del monitoreo. El problema con la ‘sala gris‘ es que había militares también que hacían eso. Eso en teoría no es permitido y era imposible saber qué oían. Se supone que gente ajena a la ‘sala‘ no debe ingresar, pero eso también pasaba. Ellos sí podían estar ahí todo el tiempo, pues estaba dentro de una instalación militar y ellos tenían gente todo el tiempo. Nosotros, aunque tratamos, no podíamos estar ahí metidos 24 horas. Ellos sí. Nosotros tratamos de evitar que nos metieran goles, pero pudo pasar. El sistema (Esperanza) no puede evitar un corrupto”, ratificó a SEMANA otro funcionario del CTI. Y efectivamente los "goles” ocurrieron.

 De las 440 líneas que tenía autorizadas la sala en octubre del año pasado se detectó que más de 100 no tenían los soportes adecuados. Esto quiere decir en términos simples que no cumplieron los protocolos de legalidad. O sea serían chuzadas ilegales. “Si es juiciosa la investigación ahí van a terminar encontrando de todo. Van a aparecer políticos de izquierda, ONG consideradas sospechosas de estar con la guerrilla, entre otros”, dijo uno de los militares que trabajó allí.

 Finalmente, el 1 de agosto del 2013, de un momento a otro y sin dar mayor dilación al asunto, la ‘sala gris‘ fue trasladada al búnker. En ese entonces no se había logrado determinar con claridad quiénes en la línea de mando del Ejército pudieron haber estado al tanto de las irregularidades de la ‘sala‘. Lo cierto del caso es que tan solo una semana después, el 8 de agosto, el presidente Santos anunció el cambio de toda la cúpula de las Fuerzas Militares, Ejército y Policía, incluido el general Sergio Mantilla.

 El anuncio causó sorpresa, pues en teoría esos cambios se producirían unos meses más tarde, y dio para todo tipo de especulaciones en su momento. No es claro si lo que pasó en la ‘sala gris‘ pudo influir en la decisión del jefe de Estado. En este momento lo único cierto es que el fantasma de las chuzadas quedó rondando y tiene inquietos a no pocos militares.

2-Marzo 2014-¿Alguien espió a los negociadores de La Habana?

  
En 2014, Semana reveló chuzadas a Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo y Alejandro Éder en el marco del proceso de paz. 

 Se trata de un local relativamente pequeño, cerca al centro comercial Galerías, en el occidente de Bogotá. Ya no tiene en el exterior el letrero que lo identificaba y que estaba sobre las dos ventanas con vidrios que no dejan ver su interior. En una pequeña terraza, bajo una carpa negra, hay ocho mesas y 24 sillas. En el interior hay siete mesas más y se observa una escalera curva que lleva a un segundo piso en donde hay un salón con un televisor gigante y módulos para computadores.

En el sitio se venden almuerzos ejecutivos. Los lunes hay sopa de plátano y carne con pasta. El modesto lugar tiene una página de internet donde ofrecen cursos de creación de web, seguridad informática, publicaciones sobre cómo espiar WhatsApp, cómo crear y detectar ataques web, entre muchos otros. 

Algo que llama poderosamente la atención es que pese a ser un lugar aparentemente común, cuenta con dos guardias privados de vigilancia, uno de los cuales no pierde de vista a los clientes extraños que intentan moverse por el lugar. Incluso en el sitio hay trabajadores, como las cocineras y las meseras, que son ajenos a lo que realmente ocurría allí.

A pesar de la exótica combinación entre almorzadero y centro de enseñanza de informática, allí se esconde un secreto: tras la fachada hay una central de interceptaciones del Ejército Nacional. Según una exhaustiva investigación de SEMANA, desde allí se habrían monitoreado comunicaciones privadas, entre otros, de algunos de los integrantes del equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz que se realiza en La Habana.

En su puesta en marcha no se dejó nada al azar. La fachada del lugar cuenta incluso con un certificado de la Cámara de Comercio para el “expendio de comidas preparadas y venta de bebidas alcohólicas para consumo dentro del establecimiento”. Y en los documentos aparece que fue creada con un capital de 1.113.400 pesos. El registro fue aprobado el 12 de septiembre del 2012.

Curiosamente, el país fue sorprendido por el anuncio de que el gobierno Santos estaba realizando diálogos con las FARC antes de una declaración oficial del Jefe del Estado. El 4 de septiembre en una alocución Santos confirmó al país la existencia de los diálogos y ratificó que se iniciarían formalmente el 18 de octubre. Justo un mes antes la fachada del Ejército ya estaba en funcionamiento.

Durante 15 meses Semana.com investigó el asunto y el resultado abre serios interrogantes. Por tratarse de un tema tan sensible, en este tiempo fueron consultadas más de 25 fuentes que incluyeron agencias de inteligencia estadounidense, altos mandos del Ejército colombiano, militares de inteligencia y contrainteligencia y altos funcionarios del Estado, entre otros.

El resultado de esas pesquisas, que incluyen documentos y fotografías, es un complejo entramado que pone en evidencia una serie de interceptaciones ilegales por parte de sectores del Ejército Nacional del cual haría parte esta fachada y una sala de interceptaciones en una instalación militar ‘La sala gris‘. 

 ‘Andrómeda‘ y La Habana

Semana.com se abstiene de revelar el nombre comercial bajo el cual opera la fachada por razones de seguridad con los vecinos del lugar. El nombre clave otorgado por los militares a esa fachada era ‘Andrómeda‘. El sitio estuvo a cargo de un capitán, cuyo nombre este portal se reserva. El oficial pertenece al batallón de Inteligencia Técnica del Ejército número 1 (Bitec-1).

Estas unidades están en diferentes zonas del país y orgánicamente hacen parte de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (CITEC), que a su vez es una de las columnas vertebrales de la dirección de inteligencia militar (DINTE). “Son los mejores que existen en el país y su especialidad es todo lo que tiene que ver con comunicaciones e informática”, afirmó un coronel del arma de inteligencia al referirse a la CITEC.

 La capacidad técnica de la CITEC y sus unidades es sobresaliente. Gran parte de la operación Jaque se gestó y se efectúo allí, pues mediante la infiltración y la suplantación a las comunicaciones de la guerrilla se logró engañar al Mono Jojoy y a las FARC, lo que terminó con la liberación de Íngrid Betancourt y una decena más de secuestrados.

Todas las agencias de inteligencia en el exterior y en Colombia han usado y usan fachadas para sus labores encubiertas. Las de los BITEC, en teoría, están encaminadas supuestamente para actividades contra el terrorismo y especialmente contra las FARC. Parte de la labor del Bitec-1 consistía en un trabajo sobre redes urbanas y colaboradores de la guerrilla.

“Eso era una parte del trabajo que se hacía. Pero era para justificar la existencia misma de la fachada”, explica uno de los que allí trabajaban. El asunto no es muy diferente a algunas de las antiguas fachadas que tuvo el desaparecido DAS, que, en teoría, eran para combatir el terrorismo islámico y otras amenazas externas, pero que terminaron en labores de espionaje a políticos, activistas y magistrados.

La fachada ‘Andrómeda‘ contaba con dos tipos de personas que allí trabajaban. Unos, militares activos, y los otros, hackers civiles. “Algunos de esos muchachos fueron reclutados en los ‘Campus Parties‘, que son esas ferias de tecnología que se hacen anualmente. Otros son hackers conocidos que han ayudado en el pasado”, contó a Semana.com uno de ellos.

La idea de contratar civiles tiene como fin poder eventualmente negar cualquier vínculo con la institución. Las misiones que se les asignan están bajo el principio de compartimentación. “A uno se le ordena hackear X cuenta de correo. A otro, conseguir las conversaciones de X o Y PIN de BlackBerry y a otro, bajar las conversaciones de WhatsApp. Ellos sólo tienen un pedazo de la película. Pero toda la información llega a los jefes, que son los que reciben la información completa”, confirmó a Semana.com uno de los trabajadores de ‘Andrómeda‘. “Tener un sitio donde se ofrezcan y realicen actividades relacionadas con hackeo e informática obviamente era una fachada perfecta”, argumentó la fuente.

Los hackers civiles son una parte de ‘Andrómeda‘. Allí también trabajaban miembros activos del Bitec-1. Joany, Manuel, Samir, Diomedes, Yessid, Daniel, Néstor y Andrés son algunos de ellos, cuyas identidades reales conoce Semana.com. La mayoría de ellos acuden al sitio y simulan trabajar también en el lugar. En varias oportunidades Semana.com fue testigo de la llegada al lugar del capitán del Bitec-1, jefe de la fachada, a bordo de un pequeño Daihatsu azul de cuatro puertas.

“Lo que allí se hacía era muy sencillo. Allá no se podía hacer control de voces, pero sí se podía hacer control de datos, que esencialmente son correos, pines, etc. Los blancos eran personas relacionadas con las ONG: Piedad, Cepeda, los de siempre. Pero también, y principalmente, algunos de los plenipotenciarios y asistentes”, contó otro de ellos. “‘Andrómeda‘, obviamente, tenía que ver con el inicio de los diálogos. ¿Usted cree que las fechas entre la entrada en operación de ‘Andrómeda‘ y lo de La Habana son coincidencias?”, dijo Juan Pablo, seudónimo usado por un sargento primero del Ejército cuyo nombre real este medio protege, que también hizo parte de la fachada. Esa información fue corroborada por otras dos personas que allí también estaban.

“Jaramillo (Sergio Jaramillo), Éder (Alejandro Éder) o De la Calle (Humberto de la Calle) fueron algunos de los que me acuerdo. La idea era tratar de conseguir la mayor cantidad de datos sobre lo que se hablaba y cómo iban. Alguna de la información recolectada no resultaba del todo relevante, pues era claro que lo importante no lo movían por mail o PIN porque igual ellos saben que allá los cubanos pueden coger esos datos si se mandan desde la isla”, contó la fuente a Semana.com.

La mayoría de los involucrados en la fachada entrevistados bajo la condición de mantener su anonimato coincidieron en afirmar que desconocen cuál era el destinatario final de toda la información recolectada. Lo único que saben es que los datos eran suministrados al capitán, quien a su vez debía entregarlos a su comandante de BITEC. De ahí para arriba es incierto quién dio la orden y quién recibió el material. Según las fuentes, en el Alto Gobierno no tenían idea de lo que estaba ocurriendo con esta fachada.

Octubre rojo

Durante más de un año ‘Andrómeda‘ funcionó con normalidad. Sin embargo, a finales de octubre del 2013 varios incidentes alteraron la tranquilidad. El 30 de ese mes el capitán jefe de ‘Andrómeda‘ envió a Samir, uno de sus hombres, a una reunión de coordinación sobre otros temas con integrantes de la Central de Inteligencia Militar (CIME).

“Mi capitán estaba muy preocupado porque de la CIME nos dijeron que había que sacar a todo mundo porque todo estaba muy caliente”, dijo uno de los hombres que estuvieron en la reunión. Para ese momento en la sala de interceptaciones en la CIME había sido cerrada por irregularidades y se adelantaban pesquisas para saber si allí habían ocurrido interceptaciones ilegales ‘La sala gris‘. 

 “Después de eso mi capitán le contó a Manuel que el costeño había visto carros raros por los lados de ‘Andrómeda‘. Antes de la 1 de la tarde de ese 30 de octubre mi capitán le ordenó a Manuel sacar todo lo que había de ciberguerra y le dijo que él ya había sacado lo de él. También le ordenó al costeño comenzar a hacer un borrado seguro de todo lo que teníamos. Maicol y Yesica estaban ahí. Creíamos que de pronto la Fiscalía nos iba a allanar”, contó a Semana.com el militar.

 Un día antes de esa orden las alarmas sobre la seguridad de la fachada se habían encendido por otro incidente. “Néstor, que era parte nuestra en ‘Andrómeda‘, estaba haciendo un curso básico y estaba uniformado. Por mala suerte un ingeniero que era proveedor de Andrómeda estaba ahí ese día con mi general Salgado para otras cosas. Pero vio a Néstor y lo saludó. Quedó quemado, contó. La orden fue informar a los superiores y realizar un “borrado seguro” de todo lo que había en ‘Andrómeda‘.

 Es posible que en un allanamiento este martes las autoridades no encuentren mayor cosa en ‘Andrómeda‘. Eso ocurrió con algunos equipos del DAS cuando el escándalo de las chuzadas a los que les cambiaron los discos duros y les borraron la información antes de que llegaran los miembros del CTI y la Fiscalía. “Nosotros no somos tan pendejos como los del DAS, que los pillaron con todo por escrito”, dijo uno de ellos. Por esos días desmontaron el letrero de la fachada que ahora sólo se ve cuando se ingresa al lugar.

 Será tarea de la justicia averiguar para quién y por qué funcionó ‘Andrómeda‘ y si se trata de ruedas sueltas en el Ejército. “Cuando todo esto se sepa van a pasar dos cosas. Lo primero es que lo van a negar, como pasó con el DAS al comienzo. Y la segunda es que, a diferencia del DAS, que con el tiempo se supo lo que pasó, esto es el Ejército y el rasero es muy distinto. Si esta es la hora en que no han dicho quién le dio las coordenadas al presidente Uribe, imagínese si existe alguna posibilidad de saber quién ordenó y recibió todo lo de ‘Andrómeda‘”, concluye uno de los militares consultados por Semana.com.

3-Noviembre de 2017- Espías y traición en el comando de las Fuerzas Militares

El tema era un secreto a voces desde hace años en los pasillos del Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM). “Esta es la punta de la pirámide de la carrera militar y la cúspide de la estrategia de defensa nacional. Pero lamentablemente desde hace mucho tiempo algunos de los que llegan acá no son los mejores. En ciertos casos se trata de oficiales, suboficiales o civiles de los que sus propias fuerzas se quieren ‘desenhuesar’ por corrupción, ineficiencia, etcétera. Pero como cuentan con un padrino, no terminan por fuera, sino acomodados en el CGFM”, afirmó a SEMANA un alto oficial de la Armada que trabaja en esa alta dependencia.

Allá muchos comentan en voz baja pero con indignación lo que ocurre desde hace varios años. Aunque tienen pruebas de graves denuncias, pocos se atreven a poner la cara públicamente, y solo algunos las han hecho llegar a la Fiscalía, Procuraduría o Contraloría. La ley del miedo ronda por los pasillos y no es para menos. Todos temen represalias, que van desde traslados a zonas inhóspitas del país, apertura de investigaciones injustificadas basadas en anónimos hasta despidos fulminantes. A otros incluso los han amenazado de muerte. Se trata de un ambiente pesado que garantiza silencio e impunidad.

La mayoría de los colombianos rara vez oyen hablar del CGFM, no tienen clara la función de esa estructura que dirige a las tres fuerzas y con frecuencia la confunden con el Ejército.

Por eso, muchos se despistaron cuando hace dos semanas el gobierno nacional anunció que el comandante de este último, general Alberto Mejía, reemplazaría al también general Juan Pablo Rodríguez al frente del CGFM. A raíz de esa decisión, ocho generales, la mayoría adscritos al mismo Comando General, renunciaron y filtraron a los medios que lo hacían por estar en desacuerdo con esa medida, lo cual generó una sensación de crisis. Sin embargo, sin dudarlo, el gobierno les aceptó inmediatamente la solicitud de baja, en gran medida porque a la Casa de Nariño también habían llegado algunas informaciones inquietantes del CGFM.

A pesar de la ley del silencio, desde hace algún tiempo al menos una decena de funcionarios del CGFM empezaron a contar y documentar lo que pasaba a SEMANA, otros medios y a los organismos de control. Uno de estos temas tenía que ver con el manejo poco claro de millones de pesos de las partidas destinadas a gastos reservados. Históricamente, no solo allí, sino en la mayoría de entidades que cuentan con este tipo de rubros, ese manejo ha sido objeto de cuestionamientos. La razón es que rara vez tienen una auditoría externa seria, con el argumento justamente de que son reservados y tienen que ver con temas de seguridad nacional. No obstante, en el caso de CGFM, SEMANA logró documentar y conseguir los testigos que demuestran lo contrario.

 En el CGFM conocieron uno de esos casos con la clave de “Gourmet”. Ese nombre designaba a una supuesta fuente presuntamente reclutada por uno de los oficiales más cercanos a la J-2 (Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Militar Conjunta del CGFM), que estuvo a cargo del general Martín Nieto, precisamente uno de los ocho que hace dos semanas pidió el retiro.

 La supuesta fuente era un integrante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de servicio en Fuerte Tiuna, en Caracas, Venezuela. En teoría, el oficial del CGFM lo había reclutado y este se había comprometido a entregar información sobre un plan de los venezolanos llamado “Centauro Negro”, con datos claves sobre operaciones. A cambio, el venezolano recibiría 30 millones de pesos. En sus informes, el oficial del CGFM presentó fotos del supuesto informante y algunos datos de los planes estratégicos del país vecino. Sin embargo, al comparar lo que entregó se trataba de información conseguida por un hacker amigo suyo que se hizo pasar por el integrante de la GNB. Y la plata terminó consignada en cuentas de la familia del oficial colombiano, incluida la de su novia.

 Cuando descubrió el entramado del oficial, un subalterno la puso en conocimiento de sus superiores, entre ellos Nieto, y posteriormente del general Mauricio Zúñiga, justo otro de los ocho que pidieron la baja hace pocos días. Este último también recibió en mayo de 2016 informes según los cuales ese mismo oficial de la ‘fuente chimba’ había montado una pirámide y estafado a varios de sus compañeros en el CGFM. Pero nada pasó. El denunciante terminó trasladado a las selvas del Guaviare y el denunciado siguió como si nada.

 Así, inventando fuentes inexistentes, algunos oficiales consiguieron millonarios recursos.“Usted consigue a cualquiera que le ponga una huella y le firme los documentos como fuente. Eso sirve, en parte como soporte para las auditorías, y el tema queda legalizado”, explicó un suboficial a quienes sus superiores le pedían realizar esas actividades.

 También estafaban al fisco por medio de contrataciones o servicios de mantenimiento. Una factura da cuenta de 6 reparaciones realizadas en un solo año en vehículos en perfecto estado por valor de 52 millones de pesos.

 Los implicados usaron varios millones de pesos de esos rubros para pagar abogados defensores externos en procesos de los llamados falsos positivos. Uno de ellos era la esposa de un alto oficial del CGFM. En otros casos, utilizaban los dineros para gastos personales o viajes de altos oficiales.

 Non sanctas

 Y lo peor es que en algunos casos servían para realizar operaciones de recolección de información o inteligencia con fines particulares, lejos de los objetivos institucionales o en beneficio de las Fuerzas Militares o del Estado.

 De ese modo, por ejemplo, efectuaron labores de inteligencia contra oficiales de varias fuerzas, lo que no tendría nada de extraño si se tratara de labores de contrainteligencia. “Les escarbaban todo. Les buscaban novias, mozas o lo que fuera para tener con que pisarles la cola en caso de algún problema o para tener herramientas para chantajearlos, a fin de que, por ejemplo, no investigaran equis cosa o apoyaran la adjudicación de un contrato, etcétera. Si no encontraban nada, filtraban anónimos. Un anónimo a veces es más efectivo que una bala”, explicó a SEMANA uno de los encargados de ese tipo de acciones non sanctas. 

 No menos inquietante es que usaron con fines políticos mucha de la información secreta y estratégica de los temas que se manejaban en el CGFM. Datos o informes terminaron en manos de miembros de la oposición del gobierno y, obviamente, eran objeto de manipulación. En septiembre del año pasado, Alejandro Ordóñez, en una entrevista con Claudia Gurisatti, afirmó que “acudieron a mi oficina dos agentes de inteligencia militar que me manifestaron esa agenda que había entre el gobierno y las Farc para sacar al procurador”. Aunque el hoy candidato presidencial afirmó que se trataba de miembros de inteligencia militar, SEMANA estableció que en realidad eran tres integrantes del CGFM que, en efecto, lo buscaron para entregar datos para perjudicar al gobierno.

 Pero Ordóñez no ha sido el único a quien le han ido a entregar datos con fines electorales. Esta fuga de información con intenciones de influir en la campaña incluye temas extremadamente sensibles. Desde el CGFM llegó a una de estas campañas nada menos que un listado con los datos y fotos de una serie de agentes de inteligencia venezolanos presentes en territorio colombiano. Esa información, clasificada como ultrasecreta, que SEMANA tiene en su poder, había sido enviada a su vez al CGFM por una agencia de inteligencia que la compartió debido a su gravedad. Sin embargo, terminó en manos de políticos.

 Como si esto no resultara preocupante, ese caos y falta de control también ha dado lugar a episodios que afectan la seguridad nacional. SEMANA estableció que, durante varios meses, un oficial del CGFM entregaba a los venezolanos a cambio de dinero los reportes diarios de todas las operaciones aéreas de las aeronaves de las Fuerzas Militares y la Policía. Lo cual, claramente, configuraría el grave delito de traición a la patria.

 Esto es tan solo una parte de lo que sin duda es una caja de Pandora llena de ingratas sorpresas. Por todo esto, y mucho más, el gobierno debe tomar medidas contundentes en la dependencia que, se supone, es el corazón de la defensa nacional.

 4-abril 2018-dineros camuflados

  

Todos conocían el sitio con el nombre clave de La Finca. Se trataba de un pequeño apartamento en las inmediaciones de la Universidad Militar en el norte de Bogotá. Los vecinos veían entrar al lugar con frecuencia a varias personas relativamente jóvenes con sus morrales al hombro. Varios de ellos podían pasar por estudiantes y jamás despertaron sospecha alguna.

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 Los habitantes de ese edificio desconocían quiénes eran realmente esos muchachos y qué hacían en ese lugar. Se trataba de agentes de una compañía de la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta (Rimec) adscrita al Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM).

Vea el video de la denuncia de Semana sobre corrupción en el Ejército

 La compañía, conocida con el nombre clave de Huila, era una unidad especializada en labores de ciberdefensa y ciberataques. La Finca no era la única fachada que usaban para sus reuniones y labores propias de su trabajo. Para alternarla también acudían a una casa en el municipio de Chía, de propiedad de un coronel que se las alquilaba. No eran los únicos. Otras tres compañías operaban, principalmente, desde la capital, conocidas con los nombres claves de Neiva, Espinal y Villavicencio, cada una con blancos y objetivos diferentes.

 Estas unidades, principalmente Huila, serían a protagonistas y la punta del iceberg de una serie de graves problemas de corrupción presentados entre 2013 y finales de 2017 en el CGFM, el pico de la pirámide de la defensa nacional donde se trazan las directrices de las tres Fuerzas Militares (FF. MM.): Ejército, Armada y Fuerza Aérea. El asunto comprometería desde suboficiales hasta varios generales, incluido un excomandante general de las FF. MM.

 El tema apareció por primera vez ante la opinión pública en diciembre del año pasado, cuando SEMANA publicó una investigación titulada ‘Dinero, espías y traición’, que revelaba algunos detalles de cómo millones de pesos terminaron en los bolsillos de oficiales, incluso generales, y otros tantos resultaron destinados irregularmente para adquirir equipos de monitoreo, por medio de los cuales obtenían información con diferentes objetivos. Tras esa publicación, los implicados desmontaron La Finca y las otras fachadas y gran parte de lo que allí ocurría sencillamente desapareció. “Después de ese artículo tocó esconder equipos, tratar de legalizar y organizar cuentas, y borrar y guardar en lugares seguros algunas cosas de las que hacíamos”, contó a esta revista uno de los integrantes de Huila.

 Pero si bien muchos secretos se perdieron durante los siguientes meses, SEMANA pudo unir algunas de las piezas de ese rompecabezas. Al efecto, entrevistó a más de 10 militares pertenecientes al CGFM y a esas compañías de la Rimec. Desde el año pasado, entes de control como la Contraloría –y particularmente la Procuraduría– enviaron investigadores a recolectar pruebas y testimonios,. A finales de febrero pasado, la Inspección del CGFM y los hombres del Batallón de Contrainteligencia del Ejército terminaron un informe en el que muestran graves hallazgos y está en poder de las entidades de control.

 Adicionalmente, SEMANA tuvo acceso a más de 14 horas de videos, en las que varios militares cuentan con lujo de detalles cómo desviaron millones de pesos de operaciones y cómo adquirieron equipos de monitoreo y escaneo de redes para la defensa nacional, que en algunos casos terminaron utilizados con otros fines. Gran parte de lo que contiene ese material tiene que ver con la seguridad nacional por lo que esta revista se abstiene de revelar esos detalles.

  La caja de ahorro general

  “Huila era una compañía de alto nivel, avalada y que le respondía a mi general Nieto. Allá fue enviada gente como el sargento Henao, un hombre de total confianza y la mano derecha de mi general Rodríguez y venía del comando de ciberdefensa del CGFM. Era considerada el máximo nivel de la inteligencia estratégica”, contó un oficial superior, cuyo rango y nombre SEMANA se abstiene de revelar por razones de seguridad nacional.

 Los generales que menciona serían Martín Nieto, quien hasta diciembre pasado ocupó el cargo de J-2 (Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Militar Conjunta del CGFM). El otro sería Juan Pablo Rodríguez Barragán, quien se retiró en noviembre de 2016 después de cuatro años como comandante de las FF. MM. y fue nombrado embajador de Colombia en Corea del Sur. 

 “Esas cuatro compañías (Huila, Villavicencio, Neiva y Espinal) recibían recursos para sus operaciones por parte del Comando Conjunto de Inteligencia (Cconi) y de la Rimec. Cada mes a cada comandante de compañía le giraban un cheque con sumas mensuales con promedio de 120 millones de pesos. De esa plata tomaban una parte para sus labores, pero tenían que devolver en la mayoría de los casos entre el 50 y 80 por ciento para lo que se llamaba el ahorro”, explicó el oficial.

  Eso que el militar llama “el ahorro” se convirtió en una especie de caja menor en la que esos miles de millones de pesos terminaban utilizados para fines personales de generales y algunos oficiales. “Por ejemplo, nosotros teníamos que sacar 10 millones de pesos al mes que nos pedían supuestamente como apoyo para la escolta de mi general Rodríguez”, contó el uniformado. “También tocaba sacar de ahí 3.000 dólares de apoyo para los viajes de mi general Nieto cuando estuvo como enlace durante los diálogos de La Habana, aunque se supone que eso lo cubría lo que se llamaba Fondo Paz”, afirmó.

 “Los cálculos eran más o menos así. Huila debía devolver 120 millones;Villavicencio, 150; Espinal, 40; y Neiva, entre 40 y 50 millones de pesos cada mes”, narró un suboficial que hizo parte de una de esas compañías (ver videos en Semana.com).

 Entre 2015 y 2016 este hombre realizó varios informes dirigidos a los altos mandos del CGFM, al Ministerio de Defensa, entre otros, en los que contaba estas y muchas otras irregularidades. Hizo lo mismo ante la Fiscalía. Pero nada pasó. “Me gané mil problemas por denunciar la corrupción. Un general y un coronel me cogieron y me dijeron ‘quédese quieto con eso y hagamos de tripas corazón’. Un mayor me puteó y fueron varias las amenazas”, afirmó. Por sus denuncias finalmente terminó despedido del Ejército.

 No fue un caso aislado. De hecho, por lo menos 12 uniformados terminaron destituidos o trasladados a zonas inhóspitas después de denunciar ante sus superiores o el Ministerio de Defensa sobre las irregularidades.

 Todos los testimonios conocidos por SEMANA, y otros que están en poder de la Procuraduría, narran el modus operandi de cómo se nutría esa caja de ahorro. El método era sencillo y muy eficaz: inventaban fuentes.

 Uno de los casos más recordados es el del capitán Harold Parra, quien, según declararon al menos 10 fuentes, fue ayudante y hombre de confianza del general Nieto. “Él era agente de control. Pero llegaba con unas historias asombrosas de cómo supuestamente reclutaba fuentes. Una vez dijo que cuando viajaba en un bus, conoció a la hija de un militar venezolano y la reclutó. Al poco tiempo, empezó a presentar unos documentos con supuesta información que le entregaban del otro lado de la frontera. Había que girarle entre 10 y 15 millones para pagar esa supuesta fuente. Con el tiempo se comprobó que la fuente no existía y que presentaba solo documentos que un ‘hacker’ amigo suyo conseguía en internet”, contó uno de los compañeros de Parra.

 Ese mismo oficial se vio involucrado en otro escándalo porque en pleno CGFM montó una especie de pirámide, por medio de la cual tuvo serios problemas con muchos de sus compañeros y algunos civiles. El hombre amenazó a varios de ellos cuando le reclamaron por su dinero. “Haga lo que quiera, denúncieme, pero tenga claro que yo me la llevo. Y dígale a los generales, no me importa, ellos saben lo que hago”, se oye decirle a una teniente (escuche audio en Semana.com). A pesar de tener varias denuncias en la Fiscalía, sus padrinos en la institución lo mantuvieron a salvo durante casi dos años hasta que finalmente a mediados de 2017 fue retirado del Ejército debido al escándalo desatado.

 “Lo mismo pasó con el mayor Silva. Él era protegido de mi general Nieto y Rodríguez. Hacía cosas que ni el 007, y acá le creían. Supuestamente, tenía reclutadas 50 fuentes a las que había que pagarles. Al realizar una verificación solo dos eran reales, las demás solo existían en el papel para legalizar la plata”, declaró uno de los integrantes de la compañía Huila.

 Esta era una práctica generalizada en casi todas las compañías. Las recientes investigaciones encontraron informes firmados por fuentes que se hacían pasar por supuestos miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas. Al realizar los cotejos, encontraron que los nombres y las firmas efectivamente correspondían a ciudadanos de ese país a quienes en la frontera les hacían firmar y poner su huella en documentos en blanco. Les pagaban 20.000 pesos por eso.

 Presentaban esas hojas posteriormente al CGFM como supuestos informes de inteligencia basados en ‘fuentes’, a las que se les debía pagar hasta 200 millones de pesos por los datos conseguidos, los cuales, una vez más, provenían de una búsqueda en internet. Una vez desembolsado el dinero, los uniformados repartían el botín, incluidos varios altos oficiales.

  “Eso era un verdadero robo de plata. Para poder legalizar todo había que conseguir muchos colaboradores, que esencialmente eran firmones. Muchos eran amigos de la misma gente de las compañías y a ellos se les daba el 5 por ciento de la plata por la que firmaban. Gracias a esto esas unidades terminaron siendo llamadas adentro como ‘compañía payaso’, porque era una payasada lo que se hacía”, afirma uno de los oficiales al mando de esas compañías.

 Los cálculos preliminares señalan que con estas prácticas mensualmente lograban recaudar hasta 500 millones de pesos, lo que arroja más de 5.000 millones por año. Esas actividades irregulares se presentaron durante al menos los últimos 4 años, lo que terminaría en la asombrosa cifra de 20.000 millones de pesos desviados en ese lapso aproximadamente. ¿A dónde iba el dinero?

 Las Vegas y las piñas mágicas

 Aunque las cuatro compañías debían cumplir su cuota mensual, la realidad es que muy pocos de sus integrantes sabían con exactitud en qué usaban sus superiores esos miles de millones de pesos. Gran parte de ese dinero terminó en los bolsillos y cuentas de varios de ellos. “Si mi general tenía una invitación al exterior, la cual incluía todo pago (pasajes, comida, hotel y viáticos), igualmente solicitaba 30, 40 o 50 millones como ‘viáticos’. Obviamente, esa plata no volvía y se legalizaba con cualquier factura”, contó a SEMANA una capitán que estuvo en el comando de las FF. MM. hasta noviembre. “Eso se hacía para cuando pasara la Contraloría y las auditorías y todo pareciera en regla”.

 De esos rubros también salía dinero para pagar abogados que defendieran a militares involucrados en ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos. Otros adquirieron propiedades dentro y fuera del país a nombre de familiares  o terceros. Sin embargo, parte de ese dinero del ‘ahorro’ tuvo otros fines.

 En la última semana de julio de 2017, los entonces altos mandos del CGFM autorizaron a tres integrantes de la compañía Huila para viajar a Las Vegas, Estados Unidos. Para esa fecha en ese lugar se realizaba un evento llamado el Defcon, conocido como la mayor reunión de hackers y expertos en informática del mundo.

 “Mi general Rodríguez, mi general Nieto nos autorizaron el viaje. Para pagarlo la plata salió de tres pines de aproximadamente 20 millones de pesos cada uno”, declaró uno de los integrantes que viajó. El pin al que se refiere es la sigla de pago a informantes. Es decir, el dinero salió de un rubro para ese fin y no para el viaje.

 “El sargento Henao iba con nosotros y él tenía que mantener enterado de todo a mi general Rodríguez. Mi general quería estar dateado de todas las personas, dentro y fuera de las Fuerzas, y de todo en general”, afirma otro de los que estuvo en la Ciudad del Pecado.

 Durante los siete días en Las Vegas asistieron a varias conferencias, pero el fin principal del viaje era adquirir equipos para aumentar las capacidades técnicas que tenían como compañía cibernética. De ese modo, adquirieron un programa que ellos denominaron de duplicidad de identidad. Se trata de una especie de troyano que les permite controlar y tener acceso remoto a cualquier computador de una persona considerada objetivo. También compraron una especie de USB que al insertarla en un computador evade los controles de seguridad del mismo y lo infecta para obtener su control total. La información de todo lo que teclee el usuario llega al computador de ellos o a servidores en la nube generalmente situados en países de Europa del Este.

  Pero sobre todo, adquirieron varios aparatos conocidos como Wifi Pineaple a los que ellos llaman la piña. “Antes de ese viaje mi general Rodríguez estaba emberracado y preocupado por unos tuits que había puesto José Miguel Vivanco de Human Rights Watch (HRW) hablando de los generales, falsos positivos y la CPI. Cuando pasó eso, él tuvo al sargento Henao, que era de su confianza, mirando qué podía hacer con el tema de Vivanco, cómo contrarrestar y atacar”, contó uno de los integrantes de Huila. En efecto, el 9  de julio de 2017 el director de HRW para las Américas publicó varios trinos en los que afirmaba que Rodríguez y otros generales estaban “bajo el radar de la Corte Penal Internacional”.

  La piña básicamente es un aparato de varias capacidades y alcance. Quien la opera puede engañar a los usuarios de una red wifi y hacerles creer que se conectan a las redes de sus casas u oficinas, cuando en verdad lo hacen con otro dispositivo que tiene el mismo nombre de las redes suplantadas y que supervisa, intercepta e incluso modifica el tráfico entrante y saliente. Incluyendo sistemas de mensajería como WhatsApp entre otros (ver recuadro). “Todo lo que se mueva por el espectro y por internet es escaneable. Si usted está en una oficina, en un hotel o en su casa, con la piña yo puedo conseguir toda la información que quiera mientras esté conectado a la red de wifi”, explicó a SEMANA un ingeniero de sistemas que trabaja en las Fuerzas Militares y utiliza estos aparatos.

  “Cada una de esas piñas, una grande y dos pequeñas, costaron entre 50 y 100 dólares, pero se facturaron por 20 millones de pesos”, afirmó otro de los integrantes de Huila. Cuando regresaron de Las Vegas, contrataron a dos ingenieros de Medellín para que viajaran los sábados a Bogotá a enseñarles a los de la compañía cómo usar efectivamente las piñas. Por cada viaje les pagaban 2 millones de pesos que salían del ‘ahorro’, contó.

  En las primeras declaraciones durante la investigación, casi todos los integrantes de Huila y las otras compañías afirmaron que nunca utilizaron las piñas para realizar ‘trabajos’ dentro del país o contra personajes de la vida nacional. Sin embargo, extraoficialmente algunos de ellos han aceptado que esa herramienta informática sí pudo ser utilizada para monitorear a altos oficiales de diferentes Fuerzas, miembros del propio gobierno y algunos políticos. “No era algo institucional ni estaba dentro de nuestra misión. Fue algo personal que pudo ocurrir para entregar datos a campañas, mandos y personas particulares”, afirmó a SEMANA uno de los integrantes de esas compañías.

 “Quieren perjudicar mi buen nombre y el del Comando General. Yo no tenía contacto con nadie de esas compañías de la Rimec en el tiempo que estuve y creo que ningún comandante general tiene contacto directo con fuentes o con los suboficiales que manejan las fuentes. En cuanto a legalizaciones de platas, yo nunca, jamás di una orden ilegal al respecto. Si algo pasó es porque están utilizando mi nombre y hay personas que quieren dañar mi nombre. Además, yo no era ordenador del gasto. Nunca tuve conocimiento de que pasaran platas a las escoltas ni nada de eso”, afirmó desde Corea del Sur el general Rodríguez notoriamente alterado

 “Sobre el sargento Henao él era experto en informática y trabajaba ahí con nosotros sobre las hipótesis que hacen parte de la reserva nacional, informaciones que le daba al ministro de la Defensa. Yo hablaba con el sargento cuando necesitaba profundizar sobre ciertos temas porque él era quien manejaba esos temas profundos. Él hablaba conmigo y con el general Nieto cosas netamente del servicio y cosas de inteligencia que no podía hablar con los demás suboficiales”, agregó Rodríguez a SEMANA.

 “Es una investigación basada en una hipótesis peligrosa, según la cual hay una gran organización de inteligencia dedicada a hacerles inteligencia a fiscales, generales y políticos. Y eso es falso”, dijo a SEMANA el general Martín Nieto.

 “Hay misiones y órdenes de trabajo y todo tiene trazabilidad que es verificado por las visitas de la Inspección General y la Contraloría. Pudo haber pasado algo a nivel operacional, pero nosotros estábamos en el nivel táctico y estratégico”, afirmó Nieto.“Como enviado del gobierno estuve más de 200 días en La Habana. Es posible que hayan usado mi nombre para eso, pero no es la primera vez que me pasa, incluso con otras cosas”, dijo Nieto al respecto.

 El caso es delicado y extremadamente grave. Lo cierto del tema es que tras la primera denuncia hace cuatro meses de SEMANA y las posteriores investigaciones, este andamiaje quedó al descubierto. Una parte de ese arsenal de pruebas, testimonios y evidencias está en poder de la Procuraduría que, consciente de la dimensión del problema, ha sido muy diligente y tiene identificadas al menos a 18 personas relacionadas con estos hechos.  Tras varios meses de investigación, el Ministerio Público ha recolectado importantes evidencias que le permitirán anunciar las primeras decisiones sobre este caso en los próximos días. Sin duda alguna, el tema dará mucho de qué hablar.