Esta es la campaña de la Defensoría contra el reclutamiento forzado de menores tras aumento del 23%

La Procuraduría General de la Nación manifestó su preocupación ante la persistencia y el aumento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados y grupos delincuenciales en el país.

Según el ente de control, se presentó un aumento del 23 % en el número de los menores en programas de protección por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pasando de 180 niños y niñas desvinculados por grupos al margen de la ley en 2021, a 220 beneficiarios en materia de protección durante el 2022.

El Ministerio público alertó que “niñas, niños y adolescentes de pueblos étnicos también han sido afectados de manera desproporcionada por estos hechos, registrando, según el Registro Único de Víctimas en Colombia, 68 Indígenas y 28 Afrocolombianos entre 2021 y 2022, dando cuenta de la persistencia de la violencia en sus territorios y los impactos de este delito”.

Este panorama se agudiza frente a las 220 alertas tempranas que identifican amenazas de reclutamiento forzado emitidas por la Defensoría del Pueblo, siendo Antioquia, Chocó y Cauca los departamentos más afectados.

Por eso, la Defensoría del Pueblo ha intensificado su labor de divulgación y prevención en el departamento del Cauca, una zona del país que ha sido especialmente afectada por la violencia de grupos armados ilegales y la vulneración de los derechos humanos a niños, niñas y adolescentes (NNA) a través de su reclutamiento.

En este sentido, el vicedefensor, Luis Fajardo, la delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez, Vanessa Martínez, y funcionarios de la Defensoría Regional Cauca, han estado realizando diversas actividades de divulgación en Popayán y Santander de Quilichao para visibilizar y reiterar el mensaje de prevención como parte de su campaña para contrarrestar este flagelo. Para ello, adelantaron jornadas de divulgación en las emisoras de la Universidad del Cauca, Radio Súper y de la Policía del departamento.

Otra actividad importante realizada por la Defensoría fue la reunión con líderes, lideresas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de cooperación internacional e integrantes del Comité Departamental de Prevención de Reclutamiento. En estas reuniones se conocieron de primera mano la situación en el departamento, las dinámicas actuales y cuáles son las acciones que se deben emprender para prevenir esta grave vulneración de derechos humanos.

Además, se realizó un círculo de la palabra con niños, niñas y adolescentes, en donde expresaron su percepción acerca del reclutamiento. De igual manera, se reforzó la idea de la campaña ‘NO ES NO’, porque los niños y niñas no deben ir a la guerra.

La estrategia defensorial de prevención del reclutamiento forzado fue lanzada por el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, en 2021. Desde entonces, de acuerdo con la entidad, esta iniciativa ha servido para impulsar acciones de prevención, atención, promoción y divulgación, así como la implementación y creación de estrategias de incidencia ante instancias del Estado, con el propósito de visibilizar esta problemática para la adopción de acciones para la garantía y restitución de derechos.

Con las campañas, “se busca que la comunidad conozca que la Defensoría realiza también acompañamiento judicial, acciones encaminadas a brindar atención y orientación a niños, niñas y adolescentes y víctimas de reclutamiento forzado o en riesgo de estarlo y sus familias, y la activación del aparato jurisdiccional para la investigación, juzgamiento y sanción de casos de reclutamiento. Además, es una oportunidad para la promoción del conocimiento de los derechos humanos y cómo prevenir este delito en el territorio nacional”.

Por su parte, la regional Cauca recopiló información con otras entidades como Procuraduría, ICBF, fuerza pública, Fiscalía y Cruz Roja y el Comité de Prevención de Reclutamiento, y se identificaron 213 niños, niñas y adolescentes reclutados entre los años 2021 y 2022.

Además de estos 213 casos, la cifra por pertenencia étnica es de comunidades afros, seis; 111 indígenas; no étnico, 56, y no se pudo tener información completa de 40 niños.

“Es importante resaltar que la cifra mencionada no constituye la realidad de la situación, el subregistro del fenómeno es gigante y en parte, desde la Defensoría del Pueblo, hemos identificado que se debe a temor por denunciar, temor por represalias por parte de los grupos armados y amenazas a familias y comunidades”, señaló la entidad.