Esta es la desoladora radiografía de unas Fuerzas Militares cada vez más pobres en Colombia: los criminales, en cambio, son más ricos

Las Fuerzas Militares de Colombia están desmanteladas, pobres, sin los recursos necesarios para afrontar la guerra que están perdiendo en varias regiones del país contra unas terroristas y macabras disidencias de las Farc. El Gobierno del presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, las dejaron fortalecer y ahora dominan, someten a la población, asesinan a soldados, policías y civiles sin ningún reparo.

Mientras que los soldados ruegan por mejores equipos, armas y abastecimiento de comida en sitios recónditos donde se juegan la vida, los criminales al mando de alias Iván Mordisco se desplazan en camionetas de alta gama, tienen un arsenal de drones explosivos y poderosos fusiles Barrett, que cuestan 40 millones de pesos en el mercado negro y son capaces de impactar un helicóptero, como quedó demostrado en la toma violenta a Morales, Cauca, el pasado 20 de mayo.

SEMANA recogió múltiples testimonios de uniformados, desde soldados rasos hasta altos mandos, quienes aseguran que las Fuerzas Militares están en su peor momento. Las horas de vuelo se redujeron en un 50 por ciento, por tanto, no hay apoyo aéreo para abastecer a tropas ubicadas en lugares de difícil acceso. En el caso de Jamundí, sur del Valle, uno de los municipios sometidos por las disidencias, los pelotones deben ser retirados constantemente de la zona rural alta, pues no hay cómo llevarles alimento.

“Nos la pasamos de arriba para abajo, caminando como tontos. Caminamos en ascenso cinco días, llegamos hasta Ampudia o San Antonio, nos quedamos dos días y luego nos toca devolvernos otros cinco días de camino, porque se nos acaban las raciones y no hay ayuda helicoportada, tampoco autorización de combustible para otros vehículos. Nos quitaron todas las horas de vuelo, así es muy difícil combatir a las Farc, porque lo que estamos haciendo es insuficiente”, relató un mando medio de la Tercera División del Ejército Nacional. Otro de los militares consultados por este medio no ocultó su tristeza y con la voz entrecortada contó uno de los episodios recientes que más desmoralizó a la tropa.

“El domingo 16 de junio pedimos en horas de la mañana apoyo aéreo para abastecer de comida a la tropa que está en la zona rural alta de Jamundí, cerca a la región del Naya, casi a seis días caminando, y nos respondieron desde el comando central que no había autorización de combustible para el helicóptero. Pero ese mismo día, hacia las tres de la tarde, dos disidentes dispararon contra la camioneta blindada del papá de la vicepresidenta Francia Márquez en la zona plana e inmediatamente le enviaron dos helicópteros. No estamos en contra de eso, pero, si la vida de él vale, la de nosotros también. Estamos arriesgando todo por una guerra que pareciera que quieren perder. Tenemos familia que también nos espera”.

La situación financiera y de operatividad de las Fuerzas Militares se empezó a deteriorar tras la decisión del ministro de Defensa en septiembre de 2022 de ofrecer al Ministerio de Hacienda la devolución de 800.000 millones de pesos presupuestados para el funcionamiento y operación de la seguridad en Colombia en 2023.

A todo esto se suma la filtración de un documento la semana pasado en el que Departamento de Logística les advierte a las unidades estratégicas que, a causa de un bloqueo del Ministerio de Hacienda para el rubro de transportes para la compra de combustible, ese presupuesto se redujo en 14.000 millones de pesos para el segundo semestre de 2024.

“Teniendo en cuenta el bloqueo realizado por el Ministerio de Hacienda de la apropiación disponible de transportes donde fueron reducidos aproximadamente catorce mil millones de pesos m/cte. ($14.000.000.000) destinados a la compra de combustible para los vehículos del Ejército Nacional en el segundo semestre de 2024, el Departamento de Logística no realizará más apoyos de combustibles de las solicitudes que llegan por intermedio de mi general segundo comandante del Ejército”, señala el documento. Y la Circular 1673 agrega:

“De igual manera, no se realizarán redistribuciones de combustible entre vehículos de la misma unidad, esto con el fin de poder suplir las necesidades de combustible para las unidades hasta finalizar el mes de julio de 2024, a la espera que sea desbloqueado el presupuesto para garantizar el suministro de combustible para 2024”.

Aunque el Ministerio de Defensa desmintió dicha información señalando que “sobre el recorte destinado al combustible para el Ejército Nacional cabe aclarar que el Ministerio de Hacienda realiza bloqueos preventivos y transitorios.

Además, ningún recorte que se realice a la fuerza pública afectará el desarrollo de operaciones militares ni de Policía”, los militares en terreno refutaron al ministro: “Que venga a pasar una semana con nosotros para que vea cómo los recortes sí afectan las operaciones y nos ponen como carne de cañón”.

Aviones de combate

Los aviones de combate Kfir, que en otras épocas asestaron duros golpes a las células terroristas de las Farc, ELN y AUC, hoy solo son un recuerdo. Hace cuatro meses, SEMANA conoció en exclusiva que tres de estas aeronaves, usadas para proteger la soberanía nacional, ya fueron sacadas de circulación. Siete más estarían próximas a correr la misma suerte.

De la flota de 22 aeronaves Kfir que tiene la Fuerza Aeroespacial, 12 estarían aún con algunas probabilidades de seguir en servicio, asumiendo elevados costos para la nación, dados sus años de antigüedad y la dificultad para conseguir repuestos.

Frente a esto, SEMANA conoció que la partida de combustible está congelada desde hace cuatro años, y ahora, con el incremento de la gasolina, los vehículos de todas las Fuerzas tienen menos recorrido para patrullar.

Este declive comenzó en la presidencia de Juan Manuel Santos, señalan altos oficiales. Con la promesa de un futuro sin violencia, comenzó un proceso de desfinanciación militar, a tal punto que a los soldados regulares que están prestando su servicio militar les entregan una indumentaria reencauchada de uniformados que ya finalizaron su periodo. Varios soldados profesionales denunciaron que un gran número de fusiles presentan fallas y cuando van al armerillo del batallón no hay repuestos.

“La respuesta para eso es que debemos comprar de nuestro bolsillo lo que falte, y a todos nos toca, porque entonces quedamos en una encrucijada: ¿invertimos de nuestra plata o vamos a la guerra con armas que en cualquier momento nos dejan tirados? Es una decisión de vida o muerte”, manifestó un soldado de la Décima Segunda Brigada del Ejército.

Por su parte, un alto oficial operativo dijo que “el armamento del Ejército es un armamento que se volvió viejo. Un armamento con 15 y 20 años de antigüedad. Una unidad con soldados de 18 meses, que son los que prestan servicio militar, tienen fusiles como mínimo de 15 años, y eso tiene su vida útil. Y por más que los repotencien, esos son fusiles viejos. Lo único que están cambiando cada dos o tres años son las municiones. El resto del armamento es un armamento viejo, viejo, viejo”.

Y agregó que “las organizaciones al margen de la ley, sin miedo a decírselo, están mejor armadas que nosotros. Tienen armamento más moderno. Me decía un desmovilizado: ‘Mire, coronel, la única situación diferencial entre nosotros en este momento es que tenemos mejores fusiles que ustedes, mejores ametralladoras. El armamento de ustedes es viejo, los únicos que tienen algo medio nuevo son las fuerzas especiales’”.

La inteligencia también ha sido desmantelada y se ha mostrado incapaz de anticiparse, como en el pasado, para evitar los actos terroristas que se han visto, una y otra vez, como los atentados con carros y motos bomba en Cauca y Valle del Cauca.

Las fuerzas de la caridad

Las Fuerzas Militares no solo viven la humillación de ser sobrepasadas, derrotadas e incapaces de contener la furia criminal de las disidencias, que, en promedio, cada 15 horas realizan un hostigamiento con explosivos, disparos y drones bomba, sino que cargan con el peso de, en muchos casos, recurrir a la caridad para sostener la operación en campo.

Ante la negativa del Ministerio de Defensa y el Gobierno nacional de girar más recursos para mantener activas las tropas militares y los escuadrones especiales de la Policía, los altos mandos acuden constantemente a las autoridades locales (Alcaldías y Gobernaciones) para pedir presupuesto a través de la ley de seguridad ciudadana.

“El dinero que nos dan para operar no alcanza. Entonces, nosotros estamos en continua comunicación con alcaldes y gobernadores para que nos ayuden con donaciones de equipos, motocicletas y otros elementos que nos permitan realizar nuestro trabajo, que es proteger a los colombianos”, señaló un alto mando de la Policía en Antioquia. La situación de precariedad se traslada también a las fuerzas especiales.

SEMANA conoció que en Jamundí, municipio que este año ha registrado más de 16 atentados terroristas con un saldo de seis personas muertas, miembros de la Sijín tuvieron que pedir ayuda económica a empresarios de la región para comprar cables de internet y otros equipos menores. En total recaudaron 2.300.000 pesos en donaciones. Por su parte, la Sipol de ese mismo municipio vallecaucano tiene las dos motos asignadas con daños en su funcionamiento y el arreglo cuesta 1.200.000 pesos. Todo parece indicar que esta fuerza especial optará también por la caridad y donaciones para reparar lo dañado.

“Acá tenemos al frente Jaime Martínez, que controla todo el narcotráfico en el occidente del norte del Cauca y el sur del Valle, con rentas millonarias también por la minería ilegal, con fusiles AK-47, Barrett y ametralladoras nuevas. Ahora también tienen un ejército de drones, una inversión millonaria para matar todo un pelotón, y nosotros con problemas hasta para pedir municiones, cuando a diario nos dan bala y nos tiran explosivos. Es una confrontación desigual. Me duele lo que voy a decir, pero es la verdad: hoy las disidencias nos tienen sometidos”, dijo bajo anonimato un uniformado de la subestación de Policía de Robles, Jamundí, instalaciones que la semana pasada fueron atacadas en tres oportunidades.

La situación es tan crítica y bochornosa que, en varios municipios de Cauca, Valle, Putumayo, Caquetá y Nariño, entidades como la Defensa Civil tienen puestos físicos permanentes de recolección de alimentos donados para los soldados, pues en muchas ocasiones el abastecimiento no llega a tiempo y la tropa pasa hasta dos días sin provisiones.

Las millonarias disidencias

El periodo del cese al fuego planteado por el Gobierno de Gustavo Petro a las disidencias de las Farc en el marco de la paz total fue un espacio utilizado por los criminales para expandir sus rutas de narcotráfico y fortalecer sus estructuras.

De hecho, carnetizaron a la población civil, impusieron manuales de convivencia, multas, horarios de cierre y apertura del comercio, construyeron una carretera en medio de la selva en la región del Naya, tienen estaciones de gasolina en áreas rurales y construyeron un megacentro de entrenamiento en zona rural alta de Jamundí. Su actuar es descarado.

Presumen en redes sociales, como TikTok, los patrullajes en camionetas de alta gama y motocicletas de gran cilindraje en varios municipios del país. Pero lo que más inquieta a las autoridades es la nueva forma de confrontación con la utilización de drones y tecnología de última generación. En impactantes videos conocidos por SEMANA, aparecen guerrilleros armados patrullando con fusiles de asalto, increpando a la comunidad para sembrar el terror.

También se los ve deteniendo ciclistas, a quienes les exigen documentación al día. Este panorama desolador devuelve a Colombia al pasado, al mismo escenario de miedo, incertidumbre y dolor de hace tres décadas.

Varios líderes sociales de la región del Naya, que conecta la cordillera Occidental con el Pacífico por Jamundí, le contaron a SEMANA que, en el sector de La Playa, el frente Jaime Martínez construyó un megacentro de entrenamiento que alberga a cientos de jovencitos, la mayoría menores de edad, reclutados en diferentes partes del país.

“En ese sector finaliza la carretera que ellos construyeron en el Naya. Allí tienen un campo de entrenamiento grande, donde se escuchan constantemente detonaciones, y es porque allí entrenan a los muchachos en el manejo de drones explosivos. Nosotros le decimos la ‘universidad del crimen’, porque de allí salen graduados para hacer el mal”, manifestó uno de los líderes sociales de la zona. El experimento de los drones explosivos se lleva a cabo en el suroccidente del país, principalmente en Valle y Cauca. Seis soldados fueron heridos en el último mes con estos artefactos.

Se trata de equipos básicos, pequeños, de fácil acceso en el mercado tecnológico y, sobre todo, económicos frente a su capacidad de daño.

Fotografías en poder de las Fuerzas Militares muestran cómo las disidencias de las Farc adecúan objetos cilíndricos de color verde y negro con explosivos que mezclan con metralla: puntillas, tornillos, balines, tuercas, alambres y metal oxidado para causar mayor daño. Los cilindros son amarrados a un gancho metálico que es ajustado al dron. “Lo que hacen es que ellos mismos (las disidencias) modifican los drones, les instalan una especie de pinza y ahí meten las granadas.

Los elevan a una distancia imperceptible para el ojo humano y luego sueltan el artefacto. Es una forma de lucha para la cual aún no estamos preparados”, dijo a SEMANA uno de los militares que operan en Argelia.Todo esto forma parte del accionar de unas millonarias disidencias que pueden facturar hasta 29 millones de dólares al año, según denunció la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

“Es importante decir que la financiación de las disidencias no es solo la coca, sino también la minería ilegal. Tenemos 14 sitios de minería ilegal que nos dan 33.000 gramos mensuales de oro, 12 hectáreas que están deforestadas, 465 gramos de mercurio que afectan nuestros ríos y, lo más importante, se ganan 29 millones de dólares al año con la minería ilegal”, señaló.

El negocio, principalmente, es el narcotráfico. Los cultivos de coca en Jamundí quintuplican a los registrados hace una década, en la zona rural tienen laboratorios y las rutas para sacar el producto procesado hacia el Pacífico. Posteriormente, lo empacan en semisumergibles y lo envían rumbo a Centroamérica para que llegue a Estados Unidos y Europa.“

¿Qué ha pasado? Nosotros podemos trabajar día y noche, estamos trabajando de frente contra la criminalidad, pero no hay contundencia. El Gobierno nacional en algunas cosas nos ha apoyado, pero no hay contundencia en ese apoyo, solos no podemos. Tienen que aumentar el pie de fuerza, la logística, deben aumentar las horas de vuelo”, agregó la gobernadora.

Las Fuerzas Militares disminuidas a su mínima expresión de respuesta enfrentan a estas disidencias, que han amasado una enorme fortuna y ahora la utilizan para matar a los colombianos e imponer dictaduras a sangre y fuego. Los soldados, valientes, obedecen órdenes y siempre van al frente, mientras los muertos y el acorralamiento de la población civil parecen no tener mayor peso en las oficinas del Ministerio de Defensa y la Presidencia.