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Esta es la historia secreta de cómo se cuadró la entrega de $92.000 millones a congresistas con la venia de los ministros de Hacienda y de Interior, según Olmedo López
La estrategia de corrupción se habría acordado desde septiembre, cuando el Ministerio de Hacienda avaló la disponibilidad presupuestal de 700.000 millones de pesos, que en la UNGRD se pueden mover fácilmente sin cumplir la ley de contratación pública.
El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que el gobierno parece haber cogido de caja menor para saquearla y con los recursos comprar las conciencias de los congresistas para que respaldaran al Ejecutivo, no pudo concretarse sin la inyección de capital y la venia del encargado de manejar el presupuesto: el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Las piezas cuadran a la perfección, más allá del escándalo de la compra de 40 carrotanques, por 46.000 millones, con sobrecostos y direccionado para que lo ganara un contratista, que fue la génesis de estos graves hechos, el asunto en realidad se generó en la misma Casa de Nariño a mediados de septiembre cuando el ministro Bonilla le da la orden verbal a Olmedo López.
Esta petición estuvo acompañada de una inyección de dinero por la gigantesca cifra de 700.000 millones de pesos, a través de la Resolución 2407 del 22 septiembre de 2023, apenas unos días después. (Ver imagen).
Olmedo López, contó en entrevista con SEMANA cómo le daban las órdenes, y fue claro al señalar que existía un “conclave” en el que altos funcionarios del gobierno dictaban las directrices. Y al parecer así fue. El 27 de noviembre se da el primer cónclave en la Casa de Nariño, el asunto es fácil de comprobar para las autoridades, pues las fotoceldas de telefonía celular ubican a López ese día en el Palacio Presidencial.
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López llegó a la Casa de Nariño sobre las 8 de la mañana, por citación del entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González. A la cita llega el ahora exministro de Interior, Luis Fernando Velasco, quien da las primeras puntadas contando cómo van las negociaciones con los congresistas y, sin tapujos, narra cómo está dando contratos a cambio de votos y explica el mecanismo que en adelante se convertiría en regla, por lo menos en lo que tiene que ver con la UNGRD.
Ya con la orden dada por parte de los ministros Bonilla y Velasco, supuestamente, empiezan a ejecutar el plan corrupto, con una necesidad apremiante de que los congresistas que forman parte de la Comisión de Crédito Público voten rápidamente, porque estaban en riesgo los créditos para la nación.
Por eso, el 14 de noviembre, el mismo ministro Bonilla empieza a buscar afanosamente a Olmedo López y a través del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla. Acuerdan una cita para el siguiente día en la mañana. Paralelo a esto, y ante la necesidad del voto de los congresistas, la secretaria de López le dice que lo está buscando el señor Jaime Ramírez Cobo, nada menos que el enlace del gobierno en el Congreso, mano derecha de ministro Velasco, con un recado claro: “hay que sacar esos contratos de forma urgente”.
El 15 de diciembre, tal como habían acordado, el exdirector de la UNGRD Olmedo López se reúne con el ministro Bonilla y con su asistente María Alejandra Benavides, quien desde entonces sería protagonista de esta red de corrupción que saqueó la entidad, porque el ministro empezaría a guardar prudente distancia.
Benavides explica cómo están repartiendo contratos por 92.000 millones de pesos en Carmen de Bolívar (Bolívar), Cotorra (Córdoba) y la zona del Río Bojaba, en Arauca.
Olmedo expresa su preocupación por cómo están llegando las órdenes a través del enlace Jaime Ramírez Cobo, con el reclamo de los créditos para la nación. El ministro pregunta que con qué congresistas se está tratando el tema y, en ese momento, la supuesta coordinadora y encargada de entregar los contratos era la representante Karen Astrith Manrique (Foto).
Sin embargo, en esa misma reunión se tomaron dos decisiones, el enlace con los congresistas de la Comisión de Crédito Público no sería más la representante Manrique, en adelante se entenderían con Wadith Manzur y entraría a entregar los contratos, el exsubdirector Sneyder Pinilla. Por otro lado, en representación del gobierno ya no estarían ni los ministros Bonilla y Velasco; ni el enlace, Jaime Ramírez Cobo; en adelante sería con la asistente María Alejandra Benavides.
Con los acuerdos cerrados y las órdenes dadas, los ministros se mantienen al margen para evitar problemas.
El tema avanzó y entre el 20 y 26 de diciembre, Sneyder Pinilla le notifica a su jefe Olmedo que la asistente María Alejandra Benavides ya había entregado nombres de funcionarios, alcaldes y contratistas para entregar las obras en los tres municipios.
El 6 de febrero de 2024 se da una nueva reunión entre Olmedo López y la representante Karen Astrith Manrique, en esta la congresista le da detalles de cómo va la repartija y quiénes son los involucrados.
Ahí es que surge la prueba reina, se trata de una libreta del mismo Olmedo López, de páginas amarillas y tamaño media carta, en la que, de puño y letra de Karen Astrith Manrique, hace la distribución con montos divididos en tres contratos por un monto de 91.000 millones de pesos.
Los apuntes dejan claro cómo esos 91.000 millones en contratos tenían que ser repartidos así: 11.700 millones en Carmen de Bolívar (Bolívar), 46.000 millones en Cotorra (Córdoba) y la zona del Río Bojaba, en Arauca, a donde fueron enviados 34.000 millones.
El último monto, los 34.000 millones, manejado directamente por la representante Manrique, que es de esa región. Es por eso, justamente, que Olmedo López concluye que llegó a las arcas del ELN. Hacía poco tiempo habían secuestrado al papá del futbolista Luis Díaz, el país reclamaba el fin de ese delito y la guerrilla, por su parte, pedía financiación para su organización criminal.
De puño y letra de la representante Manrique se pusieron los nombres de Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, Liliana Esther Bitar, quienes ahora estaban siendo coordinados por el también representante y presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, Wadith Manzur.
De todo esto hay chats, citas, registros de ingresos a las entidades, ubicación exacta de los protagonistas a través de las fotoceldas de los celulares, comunicaciones, obras asignadas y, sin duda, la prueba reina, el documento que hoy es un enigma en el que, de puño y letra, la representante de Arauca, puso la prueba de la repartija.