La millonaria demanda contra el Estado por carrobomba que asesinó a 22 cadetes

Enero históricamente es un mes sangriento en Colombia por cuenta de la crueldad de la guerrilla del ELN. Esta es la época del año en la que el grupo criminal perpetra los atentados de mayor impacto, en los que sin piedad arrebata decenas de vidas. Cuando apenas habían pasado 17 días del año 2019, un pelotón de 22 cadetes de la compañía Juan María Marcelino Gilibert de la Escuela General Santander, que se preparaban para ser oficiales de la Policía Nacional, fue sorprendido por una fuerte explosión y en cuestión de segundos un gigantesco hongo de fuego los consumió.

La camioneta Nissan Patrol que conducía José Aldemar Rojas Rodríguez, identificado como miembro del ELN, entró sin problema a las instalaciones de la escuela cargada con aproximadamente 80 kilos de pentolita, uno de los explosivos más potentes. Sin mayor reparo se inmoló dentro del centro educativo, chocando el vehículo contra un alojamiento femenino. Causó la muerte de una estudiante ecuatoriana que estaba cerca a la habitación y de 21 cadetes que iban caminando al servicio de guardia de honor. Alrededor de 90 personas más resultaron heridas.

Diego Pérez, padre del cadete muerto en el hecho Diego Alejandro Pérez, ha sentido estos tres años como una eternidad. Así como de largos se hicieron los 369 kilómetros de distancia que recorrió entre El Toro, Valle, y Bogotá el día que se enteró de lo sucedido en televisión. Las más de ocho horas de viaje en bus estuvieron acompañadas de la zozobra de no saber qué había pasado con su muchacho, como le decía de cariño. Y es que estaba desaparecido, no lo reportaban como muerto ni como herido.

Al llegar a la portería de la escuela, un abrazo del teniente Héctor Rojas le confirmaba su máximo temor. “Nuestro muchacho se ha ido, pero se ha ido haciendo lo que quería ser, un héroe”, recuerda Diego como si fuera ayer las palabras que aún abrigan su corazón.

El primer año de duelo visitó todos los días su tumba, época que describe como un martirio, hasta que entendió que allí solo reposa lo material, pero que el alma alegre y poeta del joven de 21 años lo acompaña desde el cielo. Convencerse de eso le dio tranquilidad. Le duele que Diego Alejandro dejara muchos sueños sin cumplir, entre ellos llegar a ser general de la República y no ver a su hermanita de cinco años crecer y apoyarla en sus proyectos, como lo prometió en el último diciembre que visitó su casa —un mes antes de morir—.

Diego encontró la manera de que sus hijos siempre estuvieran cerca, el dinero que le dieron del seguro de vida y la media pensión que recibe mensualmente tras la muerte del cadete los destinó a una cuenta de ahorros que solo utilizará el día que llegue la hora de pagar la universidad de la niña.

“Mi hijo dio su vida en la Policía y ellos le pagan medio sueldo, ni siquiera el 100 %, pero acá lo importante es que haya justicia”, dice frustrado porque siente que la justicia ha sido lenta en castigar el atroz hecho.

Asegura que el proceso está lleno de dilaciones y artimañas: “Si le duele una uña al abogado defensor, aplazan. ¿Dónde está la severidad que prometían?”, cuestiona el hombre que decidió dejar de viajar del Valle del Cauca a las audiencias realizadas durante los últimos años en Bogotá, porque argumenta que de once ciudades diferentes viajaban los padres con esfuerzo y esperanzados de tener respuestas, pero se devolvían frustrados por los aplazamientos.

Inicialmente, se capturaron cinco personas relacionadas al parecer con el ataque terrorista y un año y medio después, el 2 de julio de 2020, se realizaron ocho detenciones más, entre ellas las de Andrés Felipe Oviedo, alias Jesús; Carlos Marín, alias Marín; Angie Lorena Solano, alias Maco; Miguel Castillo, alias Toño; Anyi Daniela Martínez, alias Dani; Jessica Barrientos, alias Jéssica, así como Carlos y Luis Sebastián Mateus, alias Carlitos y Sebas.

Muchos de ellos, tres años después de lo sucedido, insisten en su inocencia y argumentan que las autoridades por el afán de dar resultados a la opinión pública cometieron falsos positivos.

Sin embargo, horas de video, seguimientos, interceptaciones y otro material han sido aportados a la investigación. Para adelantar un atentado de tal magnitud los criminales trabajaron desde tres frentes, según determinaron las autoridades. Un grupo se dedicó a la planeación y el desarrollo logístico, mientras otros formaron parte de la ejecución, y no menos importantes quienes estuvieron detrás del financiamiento. Por esta razón la Fiscalía incautó bienes que oscilan en 2.000 millones de pesos colombianos.

El presidente de la República, Iván Duque, dijo que este ataque terrorista fue planeado desde el comando central del ELN. Alias Barbas, uno de los detenidos, habría recibido directamente órdenes de Gustavo Giraldo o Pablito. Él, junto con otros seis miembros de la cúpula del ELN, desde agosto de 2021 (dos años y medio después del crimen) tiene una orden de circular roja por estos hechos. Desde ese entonces, los guerrilleros son buscados en 194 países, aún sin éxito.

En la Fiscalía se han desarrollado varias líneas investigativas divididas en las delegaciones contra la Criminalidad Organizada, la Seccional Bogotá y la de Finanzas Criminales. Se han imputado los delitos de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y rebelión agravada.

El ataque terrorista está priorizado por las autoridades, pero la demora de las condenas se da por la misma dinámica del sistema judicial del país, que para nadie es un secreto está colapsado. El 31 de enero y el 16 de marzo serán fechas claves dentro del proceso.

Un error que salió caro

¿Solo el ELN es responsable del atentado? El abogado Benjamín Herrera, quien representa a siete familias de las víctimas, en un proceso administrativo asegura que no. Los guerrilleros viven planeando macabros ataques, pero es responsabilidad del Estado frustrarlos, brindando seguridad, más en el alma mater de la formación de las nuevas generaciones de oficiales de la Policía Nacional.

El jurista no comprende que tuviera más seguridad un centro comercial que la Escuela. Entre la lista de errores absurdos que, según él, permitieron que el carrobomba ingresara está el hecho de que en la guardia ni siquiera se contaba con una barra de control del paso vehicular, no había en el punto un detector de antiexplosivo o un perro entrenado para tal fin. No había pinchallantas, ni nada que frenara la tragedia.

Por esa razón, en este caso que evidencia una clara violación a los derechos humanos, las familias de los cadetes consideran que requieren una indemnización; tal pretensión puede superar los 300 millones de pesos para familiares directos como padres, hermanos o hijos.

Si prospera la demanda, cada uno recibiría 300 salarios mínimos legales vigentes y los familiares indirectos como abuelos, tíos o primos que se consideren víctimas, porque quizás vivieron con los jóvenes, los ayudaron a criar o representaban algún apoyo para ellos, reclaman el 50 % de lo planteado inicialmente.

Una de las madres aclara que su principal interés no es el dinero, pero indica que el Estado tiene que reconocer que cometió un error que salió caro y que indirectamente permitió que le arrebataran a su hijo, el mismo que soñaba con servir al país y sacar adelante su familia. “Si me dicen que pierdo todo y tengo que quedar desnudo a cambio de que mi hijo recobre la vida, yo lo haría”, pero asegura el padre de Diego Alejandro Pérez ser consciente de que eso no pasará.

Él es uno de los padres que demanda a Colombia por no tener medidas de prevención y protección.

Este proceso, que lleva tres años, puede tardar muchos más en tener conclusiones, entre audiencias, alegatos y demás. El proceso administrativo puede tardar de 15 a 20 años. Quizás cuando Lupita, la hija que no alcanzó a conocer el cadete Felipe Manjarrez, sea toda una señorita.

En medio del dolor

Richard Benavides —policía ecuatoriano que se salvó de morir durante el atentado— se ha encargado en estos tres años de proteger a Lupe como si se tratara de su hija. Dos meses antes de que la niña naciera fue el atentado y Manjarrez, quien vivía ilusionado con cada ecografía y acariciando el vientre de Jennifer —su novia y compañera de escuela—, le dijo a Benavides que sería el padrino de la niña y que, si él llagaba a morir, tendría que cuidar a su pequeña.

Pasaron 24 horas de esa charla y el ELN agilizó la promesa. La niña ya corre, habla y ríe. Su madre ya es subteniente de la Policía y todos los compañeros de curso ven en la pequeña un trocito de Manjarrez y sus compañeros caídos.

22 héroes

En la Policía, los 22 son recordados con honores, ascendieron de manera simbólica al grado de subtenientes, hicieron un monumento en su nombre, el día 17 de cada mes oran por sus almas y por ley el 17 de enero es el día del estudiante policial en su memoria. Como decía el cadete Cristian Camilo Maquilón, una de las víctimas: “Los buenos jamás nos iremos”.