Esta es la pareja que tiene en la cárcel al exgobernador Richard Aguilar

Se trata de la exsecretaria de Infraestructura Yaneth Toledo Bermúdez y su esposo, Lenin Darío Pardo, quien no estaba vinculado a la administración departamental, pero según los testimonios recaudados obedecía las ordenes del exgobernador Richard Aguilar, y era el encargado de manejar la contratación.

Toledo y Pardo formaban parte del círculo más íntimo del poder durante la gobernación de Aguilar en Norte de Santander, pero ante las irregularidades detectadas por la Fiscalía en contratos encabezados por esta pareja, decidieron aceptar cargos, colaborar con la justicia y firmar un principio de oportunidad que incluía destapar la corrupción con los contratos y ventilar la implicación de Aguilar en estos hechos.

La exsecretaria Yaneth Toledo Bermúdez está siendo procesada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir. A Pardo, su esposo, le imputaron los cargos de interés indebido en celebración de contratos, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y cohecho por dar y ofrecer. Ellos contaron cómo pidieron coimas de hasta $600 millones para obras de acueductos.

De acuerdo con el principio de oportunidad, Toledo y Pardo se comprometieron a revelar cómo Aguilar se interesó indebidamente en la celebración de varios contratos de obra del departamento en provecho propio y de contratistas con los que, siguiendo sus instrucciones, Lenin Darío Pardo Pulido y Julián Jaramillo, funcionario de la Gobernación, se habían reunido previamente y acordado los porcentajes que les corresponderían a cada uno de los involucrados, entre ellos el actual senador Richard Aguilar.

También denunciarán a Julián Libardo Jaramillo Díaz, funcionario de la Gobernación de Santander, sobre quien sostendrán que era el funcionario que, al parecer, manejaba toda la contratación de la Gobernación, siguiendo instrucciones de Aguilar.

Jaramillo Díaz, según la versión de los ahora delatores, acordaba y recibía de los contratistas los porcentajes que le correspondían a Aguilar.

Toledo y Pardo también señalaron al actual representante a la Cámara por Santander, Edwin Ballesteros Archila, del cual manifiestan los aspirantes que, como gerente de Esant, presuntamente se interesó de manera indebida en el contrato de construcción de los municipios de Landázuri y se apropió de recursos públicos.

Adicionalmente, el representante Ballesteros habría recibido de un contratista la suma de $600 millones para que le fueran entregados a Richard Aguilar con el fin de que le adjudicaran dos proyectos de obra de alcantarillado en los municipios de Barichara y Chipará, los cuales licitó a través de la sociedad Esant, de la cual era el gerente.