Esta es la prueba clave que vincula a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, con hechos de corrupción en UNGRD

Este martes, se reanudó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de la exconsejera presidencial, Sandra Ortiz, por su presunta participación en los hechos de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia reveló el interrogatorio rendido por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien señaló directamente a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y al senador Iván Name.

En la diligencia judicial se reveló, como prueba clave, la reunión que se adelantó el 21 de septiembre de 2023 en la Casa de Nariño, en la que se encontraron Sandra Ortiz y el director de la UNGRD, Olmedo López.

Según el mismo dicho de Olmedo López en su interrogatorio, en ese encuentro, que no duró mucho, se fijó el direccionamiento de los contratos de la UNGRD para favorecer al senador Iván Name.

De esta forma, se dio la instrucción precisa para desviar el “contrato del Atlántico” para el entonces presidente del Senado.

“Manifiesta que ella (en referencia a Sandra Ortiz) insistió en una adhesión presupuestal a un contrato desarrollado en el Atlántico que era de senador Name”, precisó la fiscal en su petición de medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz. Este contrato tenía un valor de 11 mil millones de pesos.

Teniendo en cuenta la declaración de Olmedo López se advierte que siguiendo instrucciones precisas de Carlos Ramón González se ordenó la entrega de 3.000 millones de pesos con destino al senador de la Alianza Verde.

“Era el equivalente a una contratación que inicialmente se había pedido por 60.000 millones de pesos para el senador Name que se cambiaban por 3.000 millones de pesos”, recalcó la fiscal.

En todo este capítulo, Sandra Ortiz fungió como una “intermediaria” para que el dinero llegara a manos del senador Name.

Este dinero, según reseñó varias veces la fiscal del caso, iba a ser utilizado para la campaña al Concejo de Bogotá para María Clara Name, hija del congresista. La presión -señaló- se debía a que los comicios que iban a celebrar en octubre de 2023.

En la solicitud de medida de aseguramiento se dejó muy en claro que Sandra Ortiz no tuvo conocimiento sobre el envío de los contratos al representante a la Cámara, Andrés Calle.

En su intervención, la fiscal puso de presente uno de los interrogatorios rendidos por el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla quien puso de presente las presiones que recibieron para conseguir los recursos con el fin de enviarle los 3 mil millones de pesos al senador Name.

Después de mucho analizarlo, se fijó que los recursos saldrían del contrato firmado en octubre de 2023 para la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a varias regiones del departamento de La Guajira.

El convenio tuvo un valor cercano a los 63 mil millones de pesos. Para confirmar esta versión se citó la declaración del contratista nariñense Luis Felipe López Rosero, quien fue el beneficiario del polémico contrato.

En la audiencia celebrada el pasado viernes, la Fiscalía General le imputó los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Tras la pregunta de la jueza de control de garantías, la exconsejera presidencial para las regiones se declaró inocente.